Foto: Jhonny Salazar / Actualidad Ambiental

• Organizaciones de sociedad civil denunciaron que los Proyectos de Ley 196/2021-CR y 463/2021-CR, reunidos en un predictamen presentado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, retrasaría la lucha contra este delito que atenta contra nuestra biodiversidad.  

A través de un pronunciamiento, diversas organizaciones de la sociedad civil afirman que el predictamen de los proyectos de ley 196/2021-CR y 463/2021-CR, presentado la semana pasada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, debilitaría la lucha contra los delitos de depredación y tráfico ilegal de las especies de flora y fauna silvestre (terrestre y acuática) en el Perú, un tipo de comercio ilícito considerado como una actividad de crimen organizado a nivel mundial, según la Oficina de Naciones Unidas Contra el Crimen y Drogas (UNOCD).

En el pronunciamiento público, las organizaciones expresan ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos su preocupación, debido a que en su sesión del 3 de noviembre último se han desvirtuado los alcances de los proyectos de ley 196/2021-CR y 463/2021-CR, al plantear la modificación al Capítulo II, sobre los Delitos contra los Recursos Naturales del Código Penal, lo que debilitaría la acciones de investigación, juzgamiento y sanción respecto a las acciones ejercidas por los operadores de justicia.

La propuesta de dicha comisión consiste en reagrupar los delitos de tráfico ilegal de flora y fauna silvestre, tráfico ilegal de especies acuáticas de la flora y fauna silvestre, depredación de flora y fauna silvestre y tráfico ilegal de recursos genéticos (artículos 308, 308-A, 308-C y 308-D, respectivamente), en un solo artículo en el Código Penal, lo que podría representar el archivamiento de casos en proceso de investigación y que, a su vez, pondría en riesgo aplicar sanciones a conductas ilegales en un futuro.

Al usar los proyectos mencionados, que tienen como propósito incluir esos delitos a la Ley Contra el Crimen Organizado, la propuesta apunta a fusionar estos cuatro delitos en un solo tipo penal, lo que evidencia un desconocimiento tanto del tratamiento como del momento del delito y tecnicidad de estos, los cuales abarcan objetivos de protección y problemáticas distintas.

Con esta propuesta también se evidencia un distanciamiento del actual marco legal y del debido tratamiento de recursos de nuestra biodiversidad en cuanto a especies de flora y fauna silvestre terrestre, acuática y los recursos genéticos que tienen normas específicas diferentes, y que están bajo competencias de autoridades diferentes, de tal modo que proponer que estos delitos se traten en un único artículo del Código Penal, complicaría su aplicación por parte de los operadores de justicia al generar contradicciones, vacíos legales y, en muchos casos, impunidad.

[Ver además ► Avanza proyecto de ley que categoriza al tráfico de fauna silvestre como crimen organizado]

Por ello, expresan las organizaciones, genera sorpresa que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos no haya tomado en cuenta opiniones técnicas de las instituciones competentes e ignorado el pronunciamiento de instituciones como la Unidad Funcional de Delitos Ambientales (UNIDA) y de la Procuraduría del Ministerio del Ambiente.

El tema de la inclusión de delitos contra la flora y fauna en la Ley de Crimen Organizado ya consideraba opiniones de sectores de la sociedad civil. Incluso, en marzo de este año, más de 40 organizaciones exhortaron al Congreso a que se apruebe la propuesta, la cual sería afectada si el actual parlamento toma en cuenta la inclusión de temas distintos en el predictamen.

Para Luis Zari, del Programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), debe tenerse en cuenta que la no categorización como crimen organizado de los delitos de tráfico de vida silvestre, dificultará la intervención de órganos especializados para la persecución de este delito.

“Por ejemplo, la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) de la Policía Nacional, la cual actúa bajo el marco de los delitos incluidos en la Ley contra el Crimen Organizado, no tendría esta herramienta para la investigación de los delitos”, agrega el especialista.