El 2015 concluyó con una importante noticia ambiental: se firmó en París un nuevo acuerdo global para contener el cambio climático. Ahora, cada país –ente ellos el Perú– debe poner lo mejor de sí para cumplir con este Acuerdo.

Si bien nuestro país no es un gran emisor de gases de efecto invernadero (GEI), se comprometió a reducir hasta en un 31% sus emisiones para el 2030, para ello tendría que combatir problemas de la Amazonía como la deforestación y el cambio de uso de suelo, principales factores de degradación ambiental en el Perú y la mayor contribución de nuestro país al calentamiento global.

De acuerdo a la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático elaborada por el Ministerio del Ambiente, el 35% de nuestras emisiones de GEI están asociadas a la deforestación.

Sin embargo, también señala que solo el 3% de la deforestación ocurrida en el período 2000-2013 se dio en Áreas Naturales Protegidas. Es decir, estas áreas permiten controlar y evitar el avance de la deforestación en la Amazonía, y reducir la emisión de carbono como resultado de actividades económicas alternativas y sostenibles.

“En este escenario resulta indispensable generar mecanismos que permitan gestionar y aprovechar las áreas naturales protegidas de la mejor manera. Este esfuerzo debe involucrar al Estado principalmente, pero también a las empresas privadas, a la sociedad civil y a la cooperación internacional”, señaló Pedro Solano, director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.

ASEGURANDO EL FUTURO

Solano resaltó la reciente aprobación de la iniciativa “Asegurando el Futuro de las Áreas Naturales Protegidas del Perú. Parques Nacionales: Patrimonio del Perú”, que nació de la alianza entre distintas organizaciones de la sociedad civil, la cooperación internacional y el gobierno para recaudar los fondos necesarios que permitan garantizar la conservación de la diversidad biológica, el fortalecimiento institucional, la inclusión social de las poblaciones y la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sinanpe) en el largo plazo. Se espera que una primera etapa recaude US$ 150 millones provenientes de cooperación extranjera y donantes.

La iniciativa busca realizar una recaudación extraordinaria para que las ANP sean gestionadas de manera eficiente y en un plazo no mayor a veinte años tengan sostenibilidad financiera asegurada. Esto se logrará, a través del turismo, pago por servicios ambientales y otros mecanismos. En una primera etapa se espera que esta iniciativa recaude un monto aproximado de US$ 150 millones proveniente de la cooperación y donantes.

“Esperamos que esta iniciativa sea adecuadamente difundida entre las empresas privadas, ya que incluye implementación de incentivos que permitan orientar cada vez mayores recursos privados hacia la conservación. Es una iniciativa muy interesante y un modelo de gestión que ya se viene aplicando en Brasil y Costa Rica”, recalcó Solano.

ANP EN EL PERÚ

El 57,3% del territorio nacional tiene cobertura boscosa. Son 73,6 millones de hectáreas de las cuales el 94% (69,3 millones de hectáreas) se encuentran en la selva.
Las regiones del Perú con mayor porcentaje de su territorio bajo alguna categoría de ANP son Madre de Dios (45%), Tumbes (33%) y Pasco (27%). Las que tienen menor porcentaje son Apurímac y Ayacucho, con 0.2% cada una, y Moquegua, con 0.7%.

La mayor extensión de ANP se encuentran en las regiones de Loreto (6,7 millones de hectáreas), Madre de Dios (3,8 millones de hectáreas) y Ucayali, 2,2 millones de hectáreas). La menor extensión se ubica en Moquegua, Ayacucho y Apurímac, con 11196, 8784 y 4254 hectáreas, respectivamente.