• Hoy, después de casi una década, se conocerá la sentencia contra implicados en la muerte de cuatro líderes indígenas de la comunidad Alto Tamaya-Saweto.
• Antes de ser asesinados, Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo eran reconocidos por su lucha contra taladores ilegales.

Por Jaime Tranca / jtranca@spda.org.pe

 

Hoy, 11 de abril, el Juzgado Penal Colegiado de Ucayali hará pública la sentencia del caso de los cuatros líderes ashéninkas asesinados en setiembre de 2014. Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo, líderes de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, fueron interceptados y atacados con armas de fuego mientras se dirigían a pie hacia una reunión con sus similares de Brasil.

Antes de ser asesinados, las cuatro víctimas -especialmente Edwin Chota- eran reconocidos por enfrentarse a taladores ilegales y denunciarlos ante las autoridades. El crimen llamó la atención nacional e internacional no solo por las características del asesinato (fueron atacados con escopetas y mutilados) sino también porque develaba la desprotección en que viven los pueblos indígenas, así como otros defensores del ambiente, frente a las actividades ilegales en sus territorios.

“Esta muerte no es fácil, para mí es una tristeza, pero no me siento vencida, quiero lograr [justicia] porque toda la vida no va a tenernos así, humillados, los taladores”, con estas palabras, Ergilia Rengifo, viuda de Jorge Ríos, expresó su deseo de que la sentencia sea a favor de los deudos de las víctimas que han esperado casi una década para este momento. Si bien en febrero de 2023 el Poder Judicial emitió una primera sentencia, esta fue anulada en agosto del mismo año debido a presuntas irregularidades en el proceso.

En noviembre del mismo año se reinició el juicio oral del caso y tras seis meses de audiencias, las poblaciones indígenas esperan una decisión “que haga historia” para reivindicar a los afectados. En la vigilia que se realizó ayer en Pucallpa, Jamer López, presidente de la Organización Regional Aidesep-Ucayali (ORAU), señaló que “llegar hasta acá no es fácil. […] El día de mañana para nosotros es algo histórico. Han pasado diez años, ¿dónde está esa justicia? El mensaje es claro, exigimos a la justicia peruana que haga historia el día de mañana”.

En conversación con Actualidad Ambiental, Yusen Caraza, abogado de los familiares de las víctimas, indicó que esperan una sentencia condenatoria para los implicados Josimar y Segundo Atachi, José Carlos Estrada, Hugo Soria y Eurico Mape.

“Esperamos una sentencia condenatoria a la totalidad de los acusados. El Ministerio Público ha solicitado 35 años de pena privativa, y la parte civil un pago de reparación de 250 mil soles por cada uno de los agraviados, por cada líder indígena que asesinado”, explicó el abogado.

Caraza también resaltó que estos últimos seis meses han tenido diversas dificultades para participar en el proceso judicial debido a que las audiencias fueron programadas cada dos días y a las 6:30 p. m. Esto complicó la presencia de las viudas y de los testigos en las audiencias, quienes viven en la comunidad Alto Tamaya-Saweto, a cuatro días de Pucallpa.

Sin embargo, el abogado destacó que, en comparación al primer juicio oral, esta vez sí se pudo incorporar la declaración de un testigo protegido, lo cual es un “valor agregado”.

Por su parte, Mariano Castro, director de Unidos por los Bosques de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, indicó que “una sentencia condenatoria sería una respuesta contra la impunidad, una respuesta muy concreta que dirá que no quedan impunes los asesinatos a líderes indígenas que luchan por lograr un entorno que garantice su bienestar porque los ecosistemas forestales, el ambiente donde están, son los medios de vida de las comunidades. En consecuencia, los taladores ilegales, que en este caso han sido acusados como responsables del asesinato, tendrán el mensaje de que sus actos ilegales serán repelidos y no serán impunes”.

[Revisa nuestro especial sobre defensores del ambiente y el territorio en este especial]

Cabe destacar que, en la vigilia de ayer, estuvo presente Jane Anttila, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Al dirigirse a las viudas y a los líderes indígenas, Anttila manifestó que también espera una sentencia justa y que continuarán acompañando a las víctimas en este proceso.

“Ojalá mañana lleguemos a una sentencia justa. Siempre se dice que una justicia que tarda demasiado casi no es justicia porque tardó tanto que tuvieron que caminar con todo el dolor y sin ver el día cuando llega. Nosotros seguiremos caminando con ustedes, estamos muy conscientes de que siguen enfrentando muchos riesgos, amenazas. Estamos con ustedes y estamos también tratando de caminar con las autoridades para que ellos también puedan estar más fuertes, dándoles la protección que les corresponde. Les doy mi palabra de que todo el camino estaremos hoy y mañana si es que hace falta”, expresó la representante de Naciones Unidas.

¿Por qué este caso es emblemático?

Rocío Trujillo, asesora legal de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), resaltó que el caso Saweto es importante no solo porque busca otorgar la justicia que tanto han esperado los familiares de las víctimas, sino también porque “va a permitir visibilizar cuál será el camino de los más de 30 defensores asesinados, cómo va a ser este proceso penal”. La abogada se refiere a los 33 líderes indígenas asesinados en la última década, según el registro de Aidesep.

Según Trujillo, este caso también debe servir para que la justicia peruana realice cambios estructurales porque “no podemos permitir que sigan habiendo denuncias penales que se demoran más de una década. Eso también es permitir que continúen los asesinatos contra líderes indígenas”.

Para Mariano Castro, el caso Saweto es un referente no solo para demostrar que la justicia en estos casos es posible, sino también “para que el Estado mejore significativamente las políticas y los mecanismos para garantizar un entorno seguro y propicio para el ejercicio de defensa de derechos, tan amenazado hoy en día por el crimen organizado y las actividades ilícitas que ponen en riesgo a los medios de vida de la población amazónica y a su desarrollo”.

Yusen Caraza consideró que este caso ha marcado un hito, porque desde el 2014 hasta la actualidad se han realizado cambios en la legislación para mejorar la protección de personas defensoras de derechos humanos, se han instalado mesas regionales, se han elaborado protocolos, se ha creado el Mecanismo Intersectorial del Ministerio de Justicia, entre otras medidas.

“Este caso ha servido para iniciar la protección debida de los defensores ambientales. Ya vamos más de 33 defensores asesinados y el Estado hasta la fecha no ha podido controlar esto. Se trata de silenciar a los defensores del medioambiente, del bosque. Es importante tener justicia, sino ¿cuál sería es el mensaje que estamos dando a los que actualmente protegen el bosque, a los que actualmente hacen esas denuncias ambientales?”, agregó el abogado de los familiares de las víctimas.