Foto: Diego Pérez / SPDA
- Diversos especialistas han aclarado los verdaderos beneficios del Acuerdo de Escazú pero, pese a ello, los detractores de este tratado siguen utilizando la supuesta pérdida de la soberanía nacional como principal argumento.
- Frente a ello, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) elaboró un documento que explica, de manera clara y sencilla, por qué este acuerdo ambiental y de derechos humanos no compromete la soberanía nacional.
En respuesta al clima de desinformación generado por los opositores al Acuerdo de Escazú, que sigue dividiendo y polarizando a la opinión pública respecto a la supuesta pérdida de soberanía de los países que ratifican dicho tratado, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) elaboró un documento que explica, de manera clara y sencilla, los motivos por los cuales este tratado ambiental y de derechos humanos no compromete la soberanía nacional.
Como se recuerda, el Acuerdo de Escazú en un tratado que busca fortalecer el ejercicio de los derechos de transparencia, participación ciudadana y justicia ambiental, así como la protección de los defensores ambientales. El Perú suscribió dicho acuerdo en el 2018, y se necesita que el Congreso de la República ratifique esta adhesión, pero hasta ahora esto no sucede debido a que los detractores de este tratado, dentro del Legislativo, decidieron archivar esta propuesta usando argumentos sin sustento.
“La implementación e interpretación del Acuerdo de Escazú se guía por dos principios claves específicos y claros, recogidos en el propio texto del tratado, que garantizan la soberanía de los Estados: el principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales; y el principio de igualdad soberana de los Estados. Es decir, la soberanía sobre la gestión del territorio, la administración del Estado sobre los recursos naturales y la soberanía sobre nuestro marco jurídico no será afectada”, sostiene la SPDA.
Carol Mora, directora de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA, sostiene que “el acuerdo incluye, de manera expresa, que las medidas de garantía respecto de cada derecho se realizan según su marco de legislación nacional; es decir, se respetan los estándares nacionales adoptados”.
“La supuesta pérdida de soberanía que ocasionaría la ratificación del Acuerdo de Escazú es un argumento injustificado, frágil e inconsistente”, agrega la abogada de la SPDA.
Foto: Jaime Tranca / SPDA
El Acuerdo Escazú y sus beneficios
En su presentación de ayer en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, el canciller César Landa, quien ya mostró su apoyo a este tratado internacional, señaló que ratificar el Acuerdo de Escazú traería múltiples beneficios para el pueblo peruano.
«Ser estado parte sería una señal del compromiso del Perú por hacer respetar y garantizar los derechos de acceso a información, participación y justicia, en particular a la protección de los defensores de derechos humanos en materia ambiental -que algunos han sido asesinados-, así como reforzar la implementación de nuestras políticas públicas orientadas a prevención de conflictos y la defensa del medio ambiente. Podría permitir, asimismo, a acceder a oportunidades de cooperación, concertación política y fortalecimiento de capacidades con otros Estados, al tiempo de contribuir a generar estándares regionales comunes», dijo Landa.
La urgencia de ratificar el Acuerdo de Escazú
Desde el inicio de la pandemia, 14 defensores ambientales fueron asesinados. Una de las principales causas fue la explotación forestal ilegal, así como el narcotráfico y la minería ilegal, actividades ilícitas que ponen en riesgo a los protegen sus territorios.
Frente a ello, diversos especialistas consideran que el Acuerdo de Escazú es una herramienta necesaria para promover y garantizar el acceso a la justicia en asuntos ambientales a favor de las poblaciones indígenas, pues denunciar su vulnerabilidad se ha convertido en una acción de alto riesgo. La ratificación de este acuerdo obligaría al Estado a proteger a los defensores ambientales expuestos a la violencia de las actividades ilegales del país.
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