- Rocilda Nunta, del pueblo shipibo-konibo, liderará este viceministerio encargado de las políticas públicas de inclusión de los pueblos indígenas y la población afroperuana.
La lideresa shipiba Rocilda Nunta Guimares fue designada en el cargo de viceministra de Interculturalidad el pasado 6 de noviembre. Esta noticia es trascendental para los pueblos indígenas porque, por primera vez, una lideresa amazónica asume un cargo de este tipo en el Ministerio de Cultura (Mincul) del país.
La nueva viceministra es originaria del pueblo shipibo-konibo y vivió hasta su adolescencia en la comunidad indígena Nuevo San Rafael, en Masisea (Ucayali). La hoy funcionaria del Mincul dejó su comunidad para mudarse al distrito de Yarinacocha, en donde estudió para ser docente bilingüe. Tiene diplomados en Derecho y Gestión Territorial, y la experiencia de más de doce años de lucha por los derechos de las comunidades, y en especial de las mujeres indígenas.
Hasta antes de ser llamada a ocupar el cargo de viceministra, Rocilda Nunta se desempeñaba como coordinadora del Programa Mujer Indígena de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la principal organización indígena del país. Desde este espacio impulsaba el reconocimiento de los derechos de las mujeres indígenas, y promovía la inclusión de estas en el movimiento indígena y la agenda nacional.
Una designación histórica y esperanzadora
Con la pandemia se agudizaron las brechas y desigualdad que enfrentan históricamente los pueblos indígenas. En lo que va del año se registraron cuatro asesinatos de defensores indígenas. A ello se suma la situación crítica de los pocos centros de salud con los que cuentan las comunidades nativas en la Amazonía, la brecha de titulación de comunidades, entre otras problemáticas que colocan a los pueblos indígenas en mayor vulnerabilidad.
Frente a este escenario, el nombramiento de una lideresa indígena en un viceministerio clave en la atención de estas brechas resulta esperanzadora. «Las mujeres indígenas esperemos que pueda hacer más en defensa de los pueblos indígenas», comenta Zoila Merino, lideresa indígena de la Organización Regional de los Pueblos del Oriente (Orpio) a Actualidad Ambiental.
«La designación de la viceministra Rocilda es sumamente simbólica y reivindicativa para todas las personas que defendemos la democracia, puesto que es la primera persona en este cargo que afirma su identidad indígena y es especialmente reivindicativa para todas las mujeres ya que nosotras debemos enfrentar muchísimas barreras, prejuicios, estereotipos y otras formas de violencia cuando buscamos que el Estado nos garantice derechos tan básicos como la integridad, el acceso a la educación, información, participación política –todas estas barreras se incrementan cuando hablamos de las mujeres indígenas–. Sin embargo, nuestra actual viceministra es una líder amazónica y lo ha alcanzado, por ello, verla en el cargo es alentador», afirma Valeska Ruiz, del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
Foto: Diego Pérez / SPDA
Las urgentes demandas indígenas
Pese a representar parte importante de la población nacional (5 984 708 personas, según el Censo Nacional del 2017, se identifican como indígenas en Perú), estos ciudadanos viven en situaciones más precarias que el resto de los peruanos.
Solo 4 de cada 10 comunidades nativas cuenta con un centro de salud en su comunidad, y si tienen postas, estas están desabastecidas o sin el personal médico necesario. Asimismo, hasta la fecha sigue sin conocerse el verdadero impacto de la pandemia en los pueblos indígenas porque la variable étnica nunca se incorporó en los registros nacionales y la vacunación continúa atrasada.
En este sentido, la salud intercultural es una de las principales demandas de las organizaciones que representan a los pueblos indígenas. A la par, piden la atención de la “educación intercultural bilingüe y la defensa de los hermanos indígenas que están siendo asesinados por madereros ilegales, por narcotraficantes, por traficantes de tierras y otros ilegales”, según refirió Jorge Pérez, presidente de Aidesep, en una entrevista con Actualidad Ambiental.
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