Escribe María Angélica Rondón / Programa de Política y Gestión Ambiental de la SPDA

En los últimos 25 años, Perú ha perdido el 22% de su superficie glaciar, lo que viene generando el desabastecimiento paulatino de agua en toda su costa. Asimismo, existe un aumento catastrófico en la intensidad de los deslizamientos de tierras en la sierra y ceja de selva peruana. Más aún, se vienen produciendo el incremento de sequías en el sur del país, como Arequipa, Moquegua, Tacna y Ayacucho, produciendo nefastas consecuencias de pérdidas humanas y perjudicando, principalmente, la producción agrícola y ganadera. En efecto, luego de Honduras y Bangladesh, el nuestro es el tercer país más vulnerable a los efectos del cambio climático.

En este escenario, el gobierno peruano ha venido implementando una serie de políticas nacionales, como la Estrategia Nacional del Cambio Climático, con la finalidad de reducir nuestras emisiones de CO2 y, de esa manera, ayudar a garantizar la supervivencia de todos los seres vivos. Asimismo, se ha elaborado el Plan de Acción de Adaptación y Mitigación frente al Cambio Climático, el cual tiene como una de sus metas la integración de las medidas de mitigación y adaptación en los procesos de toma de decisiones, impulsando la transversalización del cambio climático en políticas de inversión pública.

Particularmente el “Programa Nacional de conservación de Bosques para la mitigación del Cambio Climático”, aprobado el 15 de julio del 2010 por el Ministerio del Ambiente, tiene como objetivo conservar 54 millones de hectáreas de bosques tropicales y generar ingresos a favor de la población más vulnerable, en situación de pobreza, riesgo y exclusión del país.

Sin embargo, la Política Energética Nacional del Perú 2010-2040, aprobada el 24 de noviembre del 2010 por el Ministerio de Energía y Minas, ha establecido dentro de sus lineamientos priorizar la utilización de energía hidráulica para generar electricidad, buscando fortalecer el aprovechamiento del referido recurso. En ese mismo sentido, mediante el acuerdo de integración energético firmado entre los gobiernos de Perú y Brasil: “Acuerdo para el suministro de electricidad al Perú y exportación de excedentes al Brasil”, se viene promoviendo la construcción de cinco centrales hidroeléctricas en la Amazonía. Según el informe elaborado por el ingeniero José Serra (“Inambari: La urgencia de una discusión seria y racional. Pro y contras de un proyecto hidroeléctrico”), el establecimiento de dichas centrales implica deforestar poco más de 291.778 ha de bosques en conservación, emitiendo grandes cantidades de CO2 en la atmósfera, teniendo un área de influencia de casi 3 millones de ha., perdiendo invaluables servicios ambientales y biodiversidad.

Más aún, aquello comprende alterar los flujos de nutrientes en el río aguas abajo; interrumpir las migraciones de peces para la reproducción; y destruir la fauna acuática, intensificando la situación de vulnerabilidad de la población y ecosistemas de la zona e indirectamente de todo el territorio peruano, generando pérdidas invaluables en términos de mitigación y adaptación frente al cambio climático.

Así, queda claro que dicha política y acuerdo sectorial no son compatibles con las iniciativas y esfuerzos desarrollados en materia de cambio climático. Por ello, es evidente que, entre los diversos sectores de la administración no existe una articulación integral que busque implementar una visión estratégica común para combatir el cambio climático.

Es más, el 18 de febrero se creó la Comisión Multisectorial de Facilitación de las Inversiones Energéticas, que tendrá entre sus funciones elaborar propuestas normativas y técnicas que permitan mejorar el ambiente de los proyectos energéticos. La pregunta es: ¿dichos proyectos normativos incluirán las valoraciones de cambio climático que se vienen desarrollando a nivel nacional?

En este contexto, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), con el apoyo de The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, viene desarrollando el proyecto “El clima cambia, cambia tú también: Preparando y anticipando los impactos del cambio climático a través de adecuados lineamientos en el enfoque de la política y análisis legal”.

El propósito de este proyecto es analizar las políticas públicas que se adoptan para enfrentar al cambio climático, así como establecer cuáles son las políticas públicas de los diferentes sectores y niveles de gobierno que afectan e impactan negativamente los esfuerzos nacionales para desarrollar o implementar programas, planes y medidas diseñadas para combatir el cambio climático. Esto con el objetivo principal de brindar herramientas que permitan alinear los objetivos de las políticas nacionales y sectoriales.

Tengamos en cuenta que no basta con buenas intenciones. Es necesario dirigir las políticas sobre el tema hacia un solo sentido, considerando que las consecuencias de este fenómeno climático impactarán en todo el planeta y, sobre todo, a los países que no han tomado las debidas precauciones.

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Foto: Thomas Müller / Archivo SPDA