Escribe Marc Dourojeanni / Ingeniero agrónomo, ingeniero forestal, doctor en ciencias y profesor emérito de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, Lima. Ha dedicado la mayor parte de su vida a temas relativos a la Amazonía en Perú y Brasil y a otros bosques tropicales en tres continentes

En esta nota se trata de esclarecer si existe algo así como una política ambiental definida y siendo aplicada en el Perú y, asimismo, qué puede esperarse que ocurra al respecto, con especial referencia a la Amazonía, durante el gobierno que asumirá el poder en julio de este año.

Quizá se deba comenzar por recordar algunas de las definiciones del término política. De sus diversas acepciones se reproducen tres: “arte de bien gobernar los pueblos”, “sistema de reglas referentes a la dirección de los asuntos del Estado” y “conjunto de objetivos que conforman determinados programas de acción gubernamental”. De todas ellas, pero especialmente de la tercera, se desprende que una política debe tener una expresión conocida y reconocida por los gobernantes y por los gobernados.  En términos actuales esa expresión debería ser un texto en papel o en medio electrónico, es decir un patrón sobre el cual se puede contrastar los hechos y saber si hay desviaciones o si simplemente hay incumplimiento. En principio una política del Estado debería depender del Congreso y no del gobierno de turno y, por lo tanto, debería ser durable, inclusive más que las leyes que deberían ser una de sus expresiones. Pero eso raramente es el caso y ciertamente no lo es en el Perú. A falta de políticas de Estado las leyes las suplen pero lo hacen en forma muy limitada. De otra parte, existe una amplia faja gris entre la política y los denominados planes de gobierno. En teoría, el plan de gobierno debería ser una expresión de la política. Por eso, ambas se confunden con frecuencia.

¿Política ambiental peruana?

En términos formales el Perú dispone de una Política Nacional del Ambiente. Esta contiene parte de lo que se espera de un documento como ese pero excluye hacer propósitos claros sobre los temas ambientales más complejos e importantes como los que podrían afectar a temas de energía, minería y agricultura o a las grandes infraestructuras públicas. Se trata, esencialmente, de una declaración de buenas intenciones cuidadosamente elaborada para no asumir compromisos. Su preparación demandó “coordinación” con otros sectores y son estos, especialmente, los que se encargaron de que sea inocua y de que, a pesar de su carácter teóricamente “nacional”, sea apenas una “política ambiental del Ministerio del Ambiente”. Aun así esa política sin dientes entra diariamente en contradicción con las políticas de otros sectores, resultando manoseada y pisoteada por los intereses representados por sectores más poderosos que, dicho sea de paso, también pasan por encima o al lado de la profusa pero ineficaz legislación ambiental. Así siendo puede concluirse que, en realidad, el Perú así como el actual gobierno no tienen política ambiental. Los asuntos ambientales del país se resuelven al vaivén de los intereses del momento o de “quien puede más”.Como bien se sabe, tampoco existe una política amazónica peruana.  Este último hecho fue ampliamente demostrado[1] e, inclusive, plena y públicamente reconocido por varias autoridades del propio gobierno.

Los artículos recientes de Ramiro Escobar, en este mismo medio (OecoAmazonia.com), son profusos en ejemplos que revelan las consecuencias de la inexistencia de una política ambiental o, en otros casos, el incumplimiento de la que existe. Pero pueden añadirse docenas más ocurridos desde la publicación de la Política Nacional del Ambiente inclusive una muy reciente. En efecto, la aprobación a pedido del Sector Agricultura del Reglamento Interno Sectorial sobre Seguridad de la Biotecnología del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) no solamente viola la mencionada Política sino que pasa por encima de las limitaciones legales impuestas por la Ley de Prevención de Riesgos Derivados del Uso de la Biotecnología y de su reglamento. En verdad,  la falta de una verdadera política ambiental se revela aún más claramente a través de las contradicciones entre el combate a la minería informal que promueve el Ministerio del Ambiente, que ya costó vidas y el favorecimiento de esta actividad por el Ministerio de Energía y Minas, que antes era abierto y que continúa mal disimulado. También en el caso de los ambiciosos programas para evitar la deforestación del Ministerio del Ambiente que son puestos en jaque por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que, sin ninguna consideración seria, promueve la construcción de carreteras nuevas por todas la selvas aún preservadas del país y; asimismo, por el Ministerio de Agricultura que promueve la expansión de cultivos para biocombustibles y la explotación de los bosques. En verdad, el gobierno que creó un Ministerio del Ambiente atendiendo principalmente al clamor externo, ya que al interno raramente le hace caso, lo hizo como parte de una política que no es ambiental. En efecto, la creación del Ministerio y la aprobación de muchas medidas ambientales respondieron casi exclusivamente a las necesidades de la política económica y de ninguna manera a la procura de un consenso para el desarrollo sostenible. Por eso no otorgó a ese nuevo ministerio o al área ambiental del Estado las herramientas legales y el apoyo político o financiero que necesita y, cuando inadvertidamente le dio prerrogativas que resultaron “estorbos” a sus propósitos, trató de retirarlas prestamente, como cuando quiso eliminar el requisito de las evaluaciones de impacto ambiental para la concesión definitiva de grandes obras públicas, en especial hidroeléctricas, lo que consiguió parcialmente.

¿Qué va a encontrar el próximo gobierno?

Debe reconocerse que durante el gobierno actual, además de la creación y estructuración del Ministerio del Ambiente que de por si es un logro considerable, se produjeron otras realizaciones que no por incompletas o imperfectas dejan de ser importantes. Merecen destaque el intento de fortalecer la evaluación y fiscalización ambiental; el establecimiento de varias áreas protegidas nuevas, en especial la que abarca las islas y puntas del litoral; la creación del servicio nacional de áreas protegidas, lo que sin duda ha mejorado la gestión de las mismas; la batalla inédita por la racionalización de la minería de oro ilegal, inclusive con intervención de la fuerza armada; el compromiso oficial de preservar 54 millones de hectáreas de bosques hasta 2021 y la obtención de promesas firmes de financiamiento internacional para la conservación de bosques;  el fomento de la conservación de bosques por medio de las comunidades indígenas y la formación de guardabosques indígenas; etc.  Aparte de la dura pero inacabada lucha para formalizar la explotación minera ilegal en la Amazonía, el gobierno actual protagonizó otro hecho inédito a nivel de la región defendiendo efectivamente, inclusive a costa de vidas humanas, la integridad de un área protegida de gran valor tanto por su patrimonio cultural como natural que había sido invadida. Lamentablemente, todo indica que esos logros y otros son los frutos de la personalidad y del compromiso con el tema del Ministro, el Dr. Antonio Brack cuya vida ha sido dedicada a eso, y que no son, como antes explicado, consecuencias de una política del gobierno.

Así es que el próximo gobierno recibirá un país en el que no ha habido ni hay verdaderamente una política ambiental y en el que la legislación peca, como es común en América del Sur, de “perfecta” y “avanzada” pero que es tan teórica  o utópica que casi no se aplica.  Tampoco recibirá, a pesar de los esfuerzos de Brack y de su equipo, un sector público ambiental fuerte y consolidado.  La notoria falta de presupuesto y de personal del Ministerio del Ambiente para cumplir mínimamente sus responsabilidades se agrava en los niveles regional y municipal. Es igualmente lamentable la ausencia de un consejo nacional ambiental y de sus réplicas regionales y municipales, con representatividad social y poder decisorio para legitimar y consensuar las decisiones más difíciles. También está pendiente de solución una serie de asuntos trascendentes. De estos el más importante es el de la capacidad que actualmente poseen los sectores públicos que por la naturaleza de sus responsabilidades ocasionan los mayores impactos al ambiente (energía, minería, agricultura, transportes) para auto-otorgarse licenciamiento ambiental prácticamente sin intervención del Ministerio del Ambiente, provocando inúmeras contradicciones del estilo “romper con el codo lo que se hizo con la mano”.  El nuevo gobierno heredará la situación insensata de ser responsable de la conservación de los bosques naturales y de la diversidad biológica a pesar de que estos dependen administrativamente del Ministerio de Agricultura que solo se interesa por aumentar la producción. Lo mismo ocurre con el tan amenazado recurso pesquero que depende nada menos que de un Ministerio de la Producción.  Estos esquemas nacionales se reproducen al nivel regional y municipal. Además, los gobernantes peruanos de cualquier nivel continúan creyendo que cuidar del ambiente del Perú es cosa que debe resolverse con donaciones de países desarrollados y siguen culpando a estos por los propios descuidos.

La situación nacional, en términos de impactos al ambiente, no ha mejorado. La deforestación y la degradación de bosques no solo no han disminuido sino que han aumentado sustantivamente, impulsadas por el boom de obras viales en la Amazonia y, asimismo, por las concesiones forestales que mal disimulan una explotación ilegal que sigue en aumento. La exploración y la explotación de hidrocarburos cubren prácticamente toda la Amazonia, multiplicando los conflictos con las poblaciones indígenas y con aumento proporcional de infraestructuras que también fomentan la deforestación. El gobierno actual ha abierto la región amazónica a la construcción de enormes obras hidráulicas sin mayor preocupación por los temas ambientales y, como dicho, continúa estimulando allí la minería, incluso la ilegal. El uso de transgénicos, en forma legal e ilegal, amenaza directamente la ventaja peruana de disponer de una enorme y única, o sea valiosa biodiversidad de interés agrícola.  En buena cuenta, exceptuando el Ministerio del Ambiente y los ambientalistas nadie está tomando realmente en serio que frenar la deforestación y la degradación del bosque es la mejor oportunidad del Perú para mitigar los impactos del cambio climático que están derritiendo rápidamente los nevados andinos.  Los demás parecen convencidos que para lograr eso y hasta para hacer suculentos negocios basados en el mercado de carbono basta con hacer documentos. De otra parte, los problemas del ambiente urbano son mucho más agudos que antes y la falta de agua potable, de tratamiento de aguas servidas, disposición de residuos sólidos, en general, de contaminación de agua y aire ha aumentado considerablemente con el rápido crecimiento de las ciudades. Es decir que los problemas ambientales del Perú constituyen un enorme pasivo que a pocos parece preocupar pero que, día a día, pesa más sobre los hombros de la economía nacional que crece bien pero que como enorme castillo sobre la arena va a caer en cualquier momento.

¿Qué puede esperarse de Humala y de Fujimori?

Un poco antes de realizarse la primera ronda de las elecciones generales de este ano, el autor de esta nota fue convidado por la sociedad civil a ser comentarista en el “Foro Público Hablan los Candidatos: ¿Qué hacer con las industrias extractivas?” que se realizó en Lima y donde fueron convidados los cinco candidatos presidenciales principales: Castañeda, Fujimori, Humala, Kuczynki y Toledo. Obvio es decir que ninguno de ellos se dignó aparecer. Cuatro de ellos fueron representados por miembros muy destacados de sus equipos de plan de gobierno, entre ellos dos que ya fueron ministros de estado. Por mucho, las dos mejores presentaciones, es decir las más directas, claras y fundamentadas correspondieron precisamente a esos dos personajes, que representaron a los candidatos Toledo y Castañeda. El representante del equipo de Kuczynski, obviamente una persona competente pero sin conocimiento del asunto, no ofreció ninguna luz acerca de cómo su gobierno abordaría el tema ambiental. El cuarto, el representante por Humala, un periodista y chamán amazónico, bien conocido por su larga lucha a favor de esa región y asimismo un socialista asumido, hizo una aplaudida exposición filosófica pero no dijo nada concreto sobre lo que puede esperarse del gobierno de su partido. Quién ni siquiera se hizo representar en el evento fue Keiko Fujimori.

La conclusión que el autor sacó de ese evento es que, exclusivamente en base a lo presentado, podría haberse esperado progreso en la cuestión ambiental con gestiones de Toledo y Castañeda, en ese orden. Aun siendo así, las propuestas de estos no abordaron la mayoría de los asuntos antes mencionados ni explicaron cómo se lograría realizar lo ofrecido. Ya las exposiciones de los otros dos candidatos no permitieron llegar a ninguna conclusión sobre lo que sus partidos pretenden hacer en materia ambiental. En realidad, como dicho, ninguno de ellos siquiera abordó el tema. De otra parte, no fue posible determinar hasta qué punto las propuestas escuchadas de cada uno de los cuatro eran, realmente, el punto de vista de los candidatos presidenciales o de sus partidos o si eran esencialmente las ideas de los propios ponentes, tres de los cuales son muy conocidos por su ambientalismo activo. En ese periodo algunos de los candidatos, entre ellos Fujimori, también firmaron un Pacto Ambiental preparado por la sociedad civil. De cualquier modo, los diversos análisis de los especialistas demuestran que, en realidad, ninguno de los cinco candidatos ni tampoco los dos que sobrevivieron de la primera vuelta tenía o tiene, en sus planes de gobierno o en sus discursos, propuestas claras para abordar el tema ambiental o la problemática amazónica.

Humala, que lleva la delantera en las encuestas, ahora deja entender que su gobierno estaría inspirado en el de Ignacio “Lula” da Silva, del Brasil. Esto revela una nueva estrategia electoral que, si es mantenida, entraría en abierta contradicción con gran parte de sus enunciados nacionalistas y socialistas que se parecen mucho más a lo que Chávez hace en Venezuela que a lo que Lula hizo o a lo que Dilma Rouseff  está haciendo en el Brasil. En efecto, Lula mantuvo una política económica abiertamente “neoliberal” y favoreció muchísimo al sector privado y Dilma que continúa la misma política, acaba de anunciar la intervención privada hasta en los aeropuertos, un reducto del estatismo. Si bien no hay duda que los gobiernos petistas de Lula y Dilma no hicieron o no hacen un mal gobierno en términos económicos y sociales, no puede decirse lo mismo de su record ambiental que bajo muchos parámetros ha sido deficiente, excesivamente declarativo y dejando de lado problemas de fondo que se agravaron mucho. Sacrificaron la naturaleza precisamente para favorecer directa o indirectamente los grandes intereses privados o el de las empresas públicas. Si Humala en lugar de copiar el gobierno de Lula opta por seguir el modelo de Chávez la situación puede ser aún peor. El record ambiental reciente de Venezuela, que ya fue pionero del ambientalismo suramericano, es actualmente deprimente.

En lo ambiental, las propuestas escritas de Humala son confusas y obviamente no contienen ninguna información concreta, por ejemplo, sobre los temas antes mencionados. Recordando que grande parte de los problemas ambientales previsibles en la Amazonia peruana derivan de intereses e inversiones públicas y privadas brasileñas, como en el caso de las enormes centrales hidroeléctricas, de las carreteras, ferrovías e hidrovías interoceánicas y de muchas de las actividades de exploración y explotación de petróleo, es realmente importante conocer cuál será su política al respecto, además de “respetar estrictamente la legislación ambiental” que, como bien se sabe, es inocua. También va a ser muy interesante ver como los teóricos del partido “humalista” consiguen conciliar su nacionalismo asumido y su lucha antiimperialista declarada con las vehemencias neo-imperialistas del poderoso vecino que, según algunos de ellos, sería “el modelo”.

El caso de Keiko Fujimori es igualmente de difícil diagnóstico. Si el gobierno de su padre, Alberto Fujimori, puede dar luces sobre lo que puede esperarse de su eventual gobierno, preciso es reconocer que en términos ambientales el padre demostró cierto interés personal por el tema y que bajo su mandato se hizo algunas cosas importantes. Asuntos como manejo de cuencas, reforestación y establecimiento de áreas protegidas fueron privilegiados aunque con resultados muy poco convincentes. Pero Keiko no es Alberto y dada su notoria inacción como congresista es imposible saber si su corazón o su mente tienen algún “lado verde”. Sus poquísimas manifestaciones públicas sobre temas ambientales o amazónicos fueron muy generales o fútiles y no permiten presuponer nada. Su plan de gobierno escrito es un poco más claro que el de Humala y dice casi todo lo que es políticamente correcto pero no toca ningún asunto específico, como sería una reforma del sistema de licenciamiento ambiental, la cuestión de la gestión de los bosques naturales y de la pesca o la creación de un mecanismo de participación para resolver conflictos socioambientales. En verdad, con menos confusión que en el caso de Humala, el plan de Fujimori es más de lo mismo, o sea declaraciones vagas sin compromisos. De otra parte, con relación a la Amazonía, no puede ser olvidado que fue durante el gobierno de Alberto Fujimori que se dieron los primeros pasos concretos para la construcción de la carretera Interoceánica Sur y, desde ya, sin dar la menor atención a sus riesgos sociales y ambientales. El “fujimorismo”, sea lo que eso sea, no se proclama socialista o anti-imperialista, augurando pocas diferencias en la forma en que el actual gobierno negocia con el Brasil.

Humala o Fujimori son, pues, grandes incógnitas en términos ambientales. La base política de Humala, que es mayormente de la izquierda, permite prever un rol mayor de las principales agrupaciones indígenas de la Amazonía que en teoría se oponen a la explotación de recursos naturales por empresas extranjeras y que dicen defender el bosque. Las declaraciones de miembros del “humalismo” permiten prever la revisión de contratos con grandes empresas internacionales, el aumento de sus contribuciones al fisco y algún nivel de estatización. Eso provocará, como lo teme gran parte del electorado, un receso o un retroceso de la inversión privada nacional e internacional y eso, eventualmente, podría ser una buena noticia para la Amazonía. Quizá daría a esa región el tiempo que necesita para planear su futuro sobre bases razonables.

Para terminar, es bueno recordar que los candidatos dicen una cosa y que cuando son gobernantes hacen otra, a veces exactamente inversa. Por lo tanto, lo único seguro es que nadie sabe qué pasará, sea quien sea quien gane las elecciones. Lo cierto es que la primera tarea que le tocará al equipo gobernante favorecido por el pueblo será, precisamente, preparar una verdadera política ambiental consistente con su plan de gobierno. Luego, obviamente, deberá cumplirla.

(publicado en versión electrónica en O Eco)

———————

Foto: Thomas Müller / SPDA