La Corte Suprema de Justicia aprobó el “Plan de Gestión Ambiental del Poder Judicial” para los años 2017-2021. La medida fue tomada en el marco de la reforma y modernización del Poder Judicial, que busca incluir transversalmente la dimensión ambiental en su política institucional.

El “Plan de Gestión Ambiental del Poder Judicial” presenta la visión de la institución en materia ambiental al 2021 y permitirá establecer, planificar y ejecutar la política ambiental de la institución. El documento empezó a ser elaborado en enero del 2016 a través de la Comisión de Gestión Ambiental (CGA) presidida por el juez supremo Duberlí Rodríguez Tineo, actual presidente del Poder Judicial.

El “Plan de Gestión Ambiental del Poder Judicial” se basa en 2 componentes: gestionar eficiente y sosteniblemente los recursos usados en el circuito de los procesos judiciales y cumplir con el mandato constitucional de impartir justicia ambiental.

Ambos aspectos fueron identificados en función de las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional; los objetivos, prioridades, metas y acciones estratégicas, planteadas por el Ceplan para alcanzar la plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas en el Plan Bicentenario 2021; el Plan Nacional de Acción Ambiental 2011-2021, el Plan de Desarrollo Institucional del Poder Judicial 2009-2018, las conclusiones y recomendaciones formuladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Uso responsable de recursos

El primer objetivo del “Plan de Gestión Ambiental del Poder Judicial” es “ejercer la función jurisdiccional y la gestión administrativa mediante el uso responsable de los recursos”. Se busca fortalecer la gestión en el área administrativa y jurisdiccional en el uso sostenible de los recursos en la cadena del servicio de justicia.

También se busca lograr la ecoeficiencia en las instituciones públicas a través de ejercer una menor presión ambiental en el desarrollo de sus actividades. Esto incluye ahorro en el uso de recursos, reducción en el consumo de servicios básicos, una mejor gestión de residuos públicos y promoción de compras públicas sostenibles (cuyo flujo de dinero representa alrededor del 26% del PBI nacional).

Mejor justicia ambiental

El segundo objetivo del “Plan de Gestión Ambiental del Poder Judicial” es “mejorar el acceso y la aplicación especializada y eficiente de la justicia ambiental en las 33 Cortes Superiores del país”, que se alinea al eje estratégico que establece “lograr mejor cobertura de la tutela jurisdiccional efectiva y creación de órganos jurisdiccionales especializados en materia ambiental”.

Con esto se busca brindar al ciudadano un servicio “predictible, eficiente, eficaz, oportuno, inclusivo y con carácter universal en los procesos ambientales”, eliminando la inseguridad jurídica y generando confianza en la ciudadanía para que tenga certeza del resultado final de su caso. Una metea es disminuir la emisión de sentencias ambientales discordantes y contradictorias frente a situaciones similares.

Plan busca mejorar el acceso de los ciudadanos a la justicia

Jean Pierre Araujo, abogado del Programa Forestal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), señaló que el plan aprobado identifica las prioridades de gestión ambiental del Poder Judicial para el mediano plazo en los ámbitos normativo, institucional y de ecoeficiencia. “Del lado institucional se muestran compromisos y metas, como la incorporación de la especialización ambiental, la creación de jurisprudencia ambiental, la uniformización y difusión de los criterios judiciales ambientales, entre otros. Todas estas metas tienen por objetivo mejorar el acceso a la justicia de los ciudadanos a nivel nacional”, indicó.

Referido a cómo van a repercutir estas decisiones en los ciudadanos, Araujo sostuvo: “Los compromisos asumidos por el Poder Judicial generarán mejores condiciones para que los ciudadanos exijan ante los tribunales su derecho de vivir en un ambiente sano y equilibrado, con jueces especializados en la materia ambiental, con capacidad de adoptar medidas apropiadas para salvaguardar la integridad y la salud de las personas, los recursos naturales y el ambiente”.

El abogado de la SPDA destacó que en el plan se haya planteado contar con un sistema de transparencia y monitoreo del acceso a la justicia ambiental para acompañar y evaluar el impacto de los cambios a ser implementados. “Ello denota el compromiso institucional de implementar una reforma integral, en tanto asumirán la labor constante de retroalimentar sus reformas e involucrarse en un proceso de mejora continua”, concluyó.

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