La Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial presidida por el Dr. Duberlí Rodríguez designó el 25 de junio al Dr. Daniel O. Huamán Castellares como secretario técnico, mediante la Resolución Administrativa Nº 355-2019-P-PJ.

Huamán Castellares es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con una segunda especialidad en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales. Asimismo, es graduado como Máster en Derecho Penal Ambiental en la Universidad de Friburgo de Alemania.

Realizó estancias de investigación en Alemania, Bogotá y Suiza. Actualmente, es becario del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD, por sus siglas en alemán) para realizar un doctorado en la Universidad de Friburgo – Alemania. Y como parte de su experiencia profesional formó parte de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República y la Fiscalía de la Nación donde lideró el Programa de Diagnóstico y Mejoramiento de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental. Ha sido consultor de la Cooperación Internacional Alemana (GIZ, por sus siglas en alemán) y parte de su equipo de expertos en el Proyecto de Consolidación de la Reforma Procesal.

La comisión es responsable de elaborar el Plan de Gestión Ambiental (PGA), herramienta técnica a través de la cual se formula la política en materia ambiental, así como establecer las estrategias para su implementación. Para ello, se han priorizado dos aspectos: desarrollar el uso adecuado y eficiente de los recursos materiales empleados por el Poder Judicial y lograr una mejor cobertura de los órganos jurisdiccionales especializados en material ambiental.

DATOS:

• En enero del 2016 el Poder Judicial aprobó la implementación de un Plan de Gestión Ambiental, así como la conformación de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental.
• El 30 de octubre del 2017, el Poder Judicial suscribió un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la SPDA, entre cuyos objetivos se encuentra establecer mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional entre ambas partes, que les permitan aunar esfuerzos y recursos disponibles para desarrollar actividades de capacitación en materia ambiental dirigida a los magistrados, personal jurisdiccional, administrativo del Poder Judicial y sociedad civil.

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