César A. Ipenza Peralta / Programa de Ciudadanía y Asuntos Socioambientales

 

El 10 de enero el congresista nacionalista Tomas Zamudio Briceño presentó el proyecto de ley 1856/2012-CR, denominado “Ley que amplía el plazo para la presentación de la Declaración de Compromisos a que hace referencia el artículo 5° del Decreto Legislativo 1105 que establece disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal”.

Mediante esta iniciativa, se pretende seguir amparando a quienes desarrollan esta actividad de manera ilegal, tal como se señala en misma exposición de motivos: “Ya que estarán protegidos y no desamparados ante cualquier eventualidad que los expone la ilegalidad y la no formalización”.

De prosperar dicho proyecto de ley, el Estado lamentablemente deberá continuar hasta el infinito prorrogando las fechas, sin iniciar un verdadero proceso de formalización.

Esta sería la tercera vez que se amplía los plazos para presentar la declaración de compromiso: la primera fue el plazo que otorgó el Decreto Legislativo 1105, que venció el lunes 18 de junio del 2012. La segunda ampliación fue la otorgada por la ley 29910, por sesenta (60) días más, y cuyo plazo venció el 3 de diciembre del 2012.

Esta última norma fue presentada también por el mismo congresista Zamudio a través del proyecto de ley 1281/2011-CR: “Ley que amplía el plazo para la presentación de la declaración de compromisos a que se hace referencia el artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1105 Decreto Legislativo que establece disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal”.

La actual propuesta del congresista Zamudio, que consta de un solo artículo, pretende ampliar a noventa (90) días hábiles el plazo para la presentación de declaraciones de compromiso, permitiendo y suspendiendo en la práctica el siguiente paso que debiera seguir el proceso de formalización, que es la evaluación de las casi 100 mil declaraciones de compromiso presentadas hasta la fecha de vencimiento del último plazo.

En concreto el proyecto de ley 1856/2012-CR permitiría:

a) Seguir dilatando los procesos de evaluación de compromisos existentes. Las direcciones regionales deben centrarse en evaluar las declaraciones de compromiso y cancelar cuando no correspondan a las zonas permitidas o no cumplan con los requisitos de la formalización. Recordemos que las labores del congreso empiezan en marzo y más tres meses, se extendería hasta junio la recepción de nuevas declaraciones de compromiso.
b) Impediría que se inicien acciones de interdicción a quienes ya habían sido declarados como ilegales, porque estos podrían volver a presentar declaraciones de compromiso a través de diversas argucias y vacíos de algunas normas y ampararse en procesos de formalización.

Es importante señalar que la aprobación de esta medida iría contra el proceso de formalización ya iniciado por el gobierno nacional y el ejecutivo; la labor congresal debería prioritariamente centrarse en fiscalizar y verificar que los diversos niveles de gobierno empiecen a cumplir con el marco normativo actual y exigir el avance efectivo en los diversos procesos de formalización en todas las regiones del país.

Finalmente, medidas como esta -si bien podrían tener una buena intención- no necesariamente es entendida por los ilegales, quienes buscan aprovecharse de cualquier oportunidad para continuar destruyendo nuestro patrimonio natural y continuar en la ilegalidad, amparados en procesos poco efectivos de formalización. Una pregunta final que debiera ser respondida es: ¿Qué garantiza que vencido el plazo, no tengamos una nueva iniciativa presentada por el Congreso o este mismo congresista?

Comisión de Energía y Minas debe observar la propuesta

Ante esta situación, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) remitió una carta a la Comisión de Energía y Minas, advirtiendo dicha situación a fin de que evalúes las implicancias de dicha iniciativa.

Ver carta aquí.

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Foto: Thomas Müller / Archivo SPDA