Foto: Walter H. Wust

• Gremios pesqueros piden incluir formalmente en la pesca artesanal de merluza a embarcaciones que usen métodos sostenibles y que se evite la autorización de la pesca de arrastre por ser altamente dañina con el ecosistema.

Representantes de gremios de pesca artesanal de merluza en Talara (Piura) enviaron una carta al ministro de la Producción, Jorge Prado Palomino, expresando su preocupación y alertando sobre la posibilidad de la inclusión de 20 embarcaciones de pesca de arrastre dentro de la norma que vienen elaborando para formalizar a los pescadores artesanales (ROP de merluza).

La pesca con redes de arrastre está prohibida por ley en las primeras 5 millas costeras, ya que esta es zona reservada exclusivamente para la pesca artesanal. Además, se caracteriza por ser destructiva con el ecosistema marino, por lo que se advierte que no se debería permitir el incremento del esfuerzo pesquero de estas embarcaciones en el mar.

Como se recuerda, desde hace más de dos décadas, los pescadores artesanales de merluza vienen pidiendo ser incluidos dentro del ROP de merluza para ser actores formales en esta pesquería. El 31 de marzo, Produce extendió la pesca exploratoria de este recurso, lo cual les permitirá seguir pescando sin ser ilegales durante tres meses más.

“Invocamos a no llegar a este extremo y que en breve plazo podamos obtener nuestros permisos de pesca (…) asimismo, que no se permita ingresar a las flotas de arrastre que perjudican nuestras 5 millas y nuestro único mercado”, se lee en la carta de organizaciones de Talara, Cabo Blanco, El Ñuro, Órganos y Máncora.

Sin embargo, aún queda pendiente que se cumpla el compromiso del ministro de incluirlos en el ROP. De confirmarse la inclusión de embarcaciones de pesca de arrastre, se estaría atentado no solo contra el ecosistema, sino también contra la integridad y sustento económico de más de 3 mil personas.

Dato:

• Según la Ley General de Pesca, la pesca de arrastre y otras artes que afectan el fondo marino pueden llevar a la imposición de sanciones administrativas (multas) y penales (pena privativa de la libertad de hasta 5 años)

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