Doe Run Perú (DRP) exigió al Estado que asuma el costo de la demanda interpuesta en la Corte de Missouri (EE.UU.) por los afectados de la contaminación en La Oroya contra Renco (principal accionista de DRP). Dicho pedido lo hizo a través de su plan de reestructuración presentado el último fin de semana ante la Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi.

Según informó Perú21, el plan de reestructuración exige que el Gobierno pague indemnizaciones por más 800 millones de dólares como condición para cumplir su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

En caso de que el Gobierno acepte acepta esta condición, agrega el diario, Renco estaría dispuesto a dar los 65 millones de dólares que faltan para financiar la construcción de la planta de ácido sulfúrico, uno de los compromisos incumplidos por DRP, a pesar de las ampliaciones que le otorgó el Congreso para terminar con el PAMA. Por su parte, la suiza Glencore daría los 135 millones restantes para la obra.

MÁS MOVIDAS LEGALES

Perú21 también indicó que Ira Rennert, dueño de Renco, ha intentado vincular al Estado peruano en el juicio de Missouri, pidiendo a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral, por sus siglas en inglés) que se inicie un proceso de arbitraje “para que el Perú asuma estas obligaciones”.

Según el plan presentado ante el Indecopi, el financiamiento de Renco para la planta de ácido sulfúrico también está condicionada a que dicho tribunal se pronuncie sobre el pedido.

Al respecto, el vicepresidente de Asuntos Ambientales de DRP, José Mogrovejo, dijo que él no puede pronunciarse sobre las condiciones presentadas por Renco.

“Ellos deben estar pidiendo algún tipo de entendimiento relacionado a ese tema con el Estado en general. No podría hablar sobre el caso en particular, porque, al igual que los proveedores mineros, están Renco, Glencore, etc., y cada uno puede plantear algunas condiciones”, manifestó.

Mogrovejo insistió en que, para poder ejecutar el programa ambiental, se necesita de una ampliación del plazo por 30 meses más a partir del reinicio de las operaciones.

Según el directivo, la empresa ha invertido 313 millones de dólares en proyectos ambientales, hecho que debería ser tomado en cuenta por el Gobierno para la extensión del PAMA.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Economía del Parlamento, Luis Galarreta, sostuvo que el Gobierno ya hizo su parte en el caso Doe Run, “por lo que sería nefasto para los intereses del país aceptar estas condiciones”.

“DRP siempre ha puesto al Estado contra la espada y la pared, al poner en frente a los 3,500 trabajadores de la zona andina. Otra inversión debe ir a La Oroya y hacer un plan de reconversión laboral”, anotó.

El plan de reestructuración debe ser aprobado por la Junta de Acreedores antes del 12 de abril, mientras que la empresa ha prometido a sus empleados que volverá a funcionar el 1 de mayo próximo.

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Foto: Ideele