• Este llamado fue hecho durante la clausura del primer foro sobre defensores ambientales en el marco del Acuerdo de Escazú, celebrado en Quito (Ecuador), el pasado 22 y 23 de noviembre.

 

Según datos de la ONU Derechos Humanos, entre 2015 y 2020, a nivel global, los asesinatos de defensores ambientales se cometieron en casi un tercio de los países miembros de las Naciones Unidas, de los cuales 19 son de América Latina y el Caribe. Es decir, la región representa casi 3 de cada 4 de estos asesinatos. Asimismo, más de la mitad de las víctimas eran líderes de comunidades campesinas y defensores de la tierra y el medio ambiente, y al menos el 14 % de las víctimas eran mujeres.

Debido a estas cifras, ya desde hace algunos años, los organismos internacionales, las organizaciones civiles y de pueblos indígenas han exigido que los Estados implementen medidas de protección para las personas que defienden sus territorios y el ambiente. Como consecuencia de ello, nacieron diversas iniciativas, normas, mecanismos de alerta temprana, entre otros.

Además, se impulsó el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que busca fortalecer derechos de transparencia, participación ciudadana, justicia ambiental y la protección de los defensores ambientales. Sin embargo, a pesar de todo el avance logrado, los asesinatos no cesan.

En ese contexto, el pasado 22 y 23 de noviembre se realizó en Quito (Ecuador) el Primer Foro Anual de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y El Caribe, un espacio de reflexión y diálogo respecto a la situación de cientos de personas que protegen sus territorios y el ambiente en medio de ataques y amenazas.

En estos dos días participaron especialistas reconocidos en el tema, defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, pueblos indígenas y comunidades locales, y personas o grupos en situación de vulnerabilidad que defienden el medio ambiente.

El evento también fue un espacio donde los defensores ambientales brindaron testimonios -algunos desgarradores- sobre las amenazas que sufren a diario, la falta de protección por parte de las autoridades y el deseo de justicia. Asimismo, se compartieron experiencias y buenas prácticas relacionadas a la protección de defensores ambientales de diversos países.

El foro también tuvo como objetivo discutir sobre los mecanismos de protección de personas defensoras en el marco del Acuerdo de Escazú y los contenidos específicos del Artículo 9, que trata precisamente sobre este tema. Asimismo, fue escenario de la discusión inicial sobre la elaboración del Plan de Acción sobre Defensoras y Defensores del mencionado tratado internacional.

[Ver además ►CEPAL: Perú no perderá soberanía ni pondrá traba a inversiones si ratifica Acuerdo de Escazú]

Una reunión clave

En la ceremonia de clausura, Joseluis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de CEPAL, consideró que este primer foro fue “una reunión histórica que debería ser parte del funcionamiento normal del Acuerdo de Escazú”, pero añadió que faltaron otros actores claves como organismos financieros, gobiernos locales y “las empresas que algunas veces están detrás de estos brotes de violencia”.

Francisco Javier Mena, representante Regional Adjunto para América del Sur de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), manifestó que este foro “ha sido una iniciativa clave para la región porque sabemos el hito que representa el Acuerdo de Escazú para la protección de los defensores y defensoras del medio ambiente, y por lo tanto entendemos la importancia de continuar avanzando hacia una efectiva implementación del artículo 9”.

“Todos los actores que estamos aquí debemos cuidar, incluso debemos limar este acuerdo y llevar este proceso hacia un plan de acción. Eso significa, por ejemplo, contar con espacios de diálogos consultivos como este, entre representantes de los Estados, sociedad civil y, por supuesto, con los defensores. La participación activa de todos los actores es fundamental para tener un intercambio profundo de estrategias, de herramientas, de buenas prácticas, de debates, de desafíos, incluso para darnos ánimo en momentos de dolor”, agregó.

Tras considerar la importancia del rol que cumplen los defensores y defensoras en nuestra sociedad, el representante de ACNUDH hizo un llamado a los Estados para que “investiguen y sancionen con rigurosidad los hechos violentos en contra de los defensores. Una efectiva persecución de estos crímenes es, sin duda alguna, una de las principales herramientas de prevención de futuros actos de violencia”.

Finalmente, resaltó que algunos países como Perú ya cuenten con políticas públicas como los mecanismos de protección de personas defensoras y las fiscalías especializadas.

Por su parte, María Candela Zaffiro, representante regional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), indicó que “los resultados de estos dos días fueron claros: el llamado al trabajo conjunto, la necesidad de compartir experiencias y buenas prácticas para aprender de ellas y avanzar más rápidamente en la acción, el involucramiento de todos los sectores -en específico, del sector privado-, el fortalecimiento de la gobernanza en nuestros países, y de las capacidades de nuestras funcionarias y funcionarios, así como el fortalecimiento de los sistemas de justicia, para que puedan defender a las personas defensoras del medio ambiente”.

“Escazú debe ser un espacio de cooperación y confianza, una herramienta para construir un mejor bienestar para nuestras familias y comunidades, y [un espacio] de lucha para proteger el planeta y los recursos naturales. En el PNUMA nos sentimos muy honrados por ser parte de este camino y esperamos continuar trabajando de cerca con todas y todos ustedes para avanzar en la implementación del acuerdo”, añadió.

Dato: 

• El evento fue organizado por CEPAL, PNUMA, ACNUDH y el Gobierno de Ecuador, con el apoyo del Fondo Fiduciario de Derechos Humanos, Inclusión y Empoderamiento del Banco Mundial.

Primer día del foro:

Segundo día del foro: