La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, realizó el foro “Y el Congreso, ¿cuándo consultará a los pueblos indígenas?”.

Dicho evento fue inaugurado por la congresista María Elena Foronda, quien presentó los alcances del proyecto de ley 005, el cual plantea modificar el reglamento del Congreso para consultar a los pueblos indígenas sobre las medidas legislativas que pudieran afectar sus derechos colectivos.

Según Rafael Tapia del departamento de investigación del Congreso, dicha institución solo ha realizado un proceso de consulta respecto a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, desde el 2009 al 2011.

Mientras tanto, el Ejecutivo ha desarrollado 41 procesos de consulta previa para proyectos de infraestructura, extractivos y normas reglamentarias, entre los que se encuentra el Área de Conservación Regional Maijuna – Kichwa, Hidrovías Amazónicas, la ley de Fauna Silvestre, Salud Intercultural, entre otros, según Jorge Abrego de la Defensoría del Pueblo.

Ante este contexto, el expresidente de la Comisión de Pueblos, Marco Arana, presentó un proyecto de ley en el 2016 que incorpora la consulta previa en el procedimiento legislativo y que hasta la fecha no ha podido ser aprobado.

Sobre ello, Ana Leyva de Cooperacción explicó que dicha iniciativa propone que los proyectos de ley que afecten a los pueblos indígenas deberán ser derivados a la Comisión de Pueblos como grupo principal a dictaminar.

Asimismo, cuando una comisión ordinaria dictamine una iniciativa legislativa que afecte los derechos de los pueblos originarios, se solicitará opinión a sus organizaciones y no podrá ser exceptuada de exoneración para asegurar un adecuado debate.

Ley de hidrocarburos

Marleni Canales de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y Melania Canales del Pacto de Unidad, protestaron frente al incumplimiento del Congreso respecto al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a participar y ser consultados sobre las decisiones que los Estados adopten y las medidas legislativas que les afecten directamente.

La representante de Aidesep informó que su organización solicitó que el proyecto que modifica la Ley Orgánica de Hidrocarburos sea sometido a consulta previa para asegurar la defensa de la institucionalidad ambiental y salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas frente a la extensión de plazos de concesiones petroleras.

En ese mismo sentido, Juan Carlos Ruiz de IDL explicó que la sentencia 0025 del Tribunal Constitucional indica que la exigibilidad del derecho a consulta se realiza con la entrada en vigencia del Convenio 169, cuyo cumplimiento es obligatorio para nuestro ordenamiento legal.

Asimismo, refirió que ahora existe jurisprudencia vinculante tras la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Lima que ordena la suspensión de las actividades de exploración del lote 116 en Amazonas y Loreto, hasta que se realice la consulta previa.

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