En una conferencia de prensa realizada esta mañana, un grupo de pobladores de la ciudad de La Oroya –entre los que se encuentra el Movimiento por la Salud de La Oroya- solicitó al Poder Ejecutivo y al Congreso proteger la salud y el medio ambiente de los oroyinos, frente al inminente reinicio de operaciones de la empresa Doe Run Perú en el Complejo Metalúrgico ubicado esa ciudad.

Además, a través de una nota de prensa, lamentaron que en las últimas decisiones adoptadas se privilegie “el interés económico y especulativo privado frente al derecho a la salud y los derechos ambientales y sociales de la población”.

“Durante años, se ha demostrado el impacto negativo de las actividades del CMLO sobre la calidad de vida y el entorno de La oroya y el valle del Mantaro”, resaltaron.

Por ello, exigieron “una mayor transparencia y firmeza en cuanto al manejo de la demanda de arbitraje por US$ 800 millones de dólares de Renco Group contra el Estado peruano”, además de cumplir con una “adecuada fiscalización y control de los compromisos económicos, financieros y ambientales que la empresa tiene pendientes”.

Como informó en su momento Actualidad Ambiental, en marzo del año pasado, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) multó a Doe Run Perú con 7.1 millones de soles (2 mil UIT), debido a una serie de compromisos incumplidos desde el inicio de sus operaciones en La Oroya.

En ese entonces, la OEFA, mediante una resolución de la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos, indicó que la sanción a Doe Run fue por no haber cumplido con acreditar el financiamiento y la culminación del proyecto Planta de Acido Sulfúrico y Modificación del Circuito de Cobre del Complejo Metalúrgico de La Oroya.

PIDEN COMPROMISO SERIO DEL ESTADO

Para el grupo de pobladores de La Oroya, ceder a una nueva ampliación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) –tantas veces postergado por Doe Run- sería “un pésimo precedente y una mala señal para las empresas que sí son responsables con sus compromisos”.

“Una reapertura sin haber terminado el principal proyecto del PAMA, tendría numerosos impactos negativos a corto y largo plazo en la salud de la población de La Oroya y de manera especial en las vida de los niños y mujeres; así como, en la calidad y cantidad de los recursos naturales del área de influencia del Complejo Metalúrgico de La Oroya”.

Por ello, solicitaron al Estado que, en su condición de principal acreedor, asuma junto a Doe Run Perú el cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), antes del inicio de operaciones en el Complejo Metalúrgico.

Además, pidieron a la empresa y al Estado iniciar un “programa serio” de remediación de los suelos contaminados, que permitan asegurar una mejor calidad ambiental para los pobladores de La Oroya.

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Foto: Diego Pérez / SPDA