Foto: Andina

• Informe de Stand.earth y Coica señala que solo uno de los seis principales bancos que financian la extracción de petróleo y gas en la Amazonía tiene una política eficaz para proteger la región.

• En Perú, el 33 % (equivalente a 15.4 millones de hectáreas) de los territorios indígenas se superpone con áreas donde se han otorgado concesiones para la explotación de petróleo y gas.

Stand.earth y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) exigieron a los principales bancos internacionales que pongan fin al financiamiento de la extracción de petróleo y gas en la Amazonía para proteger el 80 % restante de la selva tropical más grande del mundo hacia el 2025. Este llamado se hizo con el lanzamiento de un nuevo informe que hace un contraste entre las políticas medioambientales y sociales reivindicadas por los principales inversionistas y la destrucción que estarían financiando en la región.

El informe El blanqueo ecológico en la Amazonía revela que un promedio del 71 % de la Amazonía no está protegida eficazmente por los marcos de gestión de riesgos ambientales y sociales de los cinco principales financistas de petróleo y gas amazónicos: Citibank, JPMorgan Chase, Itaú Unibanco, Santander y Bank of America. Según Coica y Stand.earth, esto significa que dichos bancos dejan vulnerable la mayor parte del territorio amazónico, sin gestión de riesgos para el cambio climático, la biodiversidad, la cobertura forestal y los derechos de los pueblos indígenas.

El informe también indica que HSBC, uno de los grandes inversores de petróleo y gas amazónicos, es el único del análisis que presentó un ejemplo positivo de política. En diciembre de 2022, el banco británico se comprometió a excluir el financiamiento de petróleo y gas en la Amazonía. Esta política ha dado buenos resultados, pues hasta ahora no se registran nuevas transacciones de HSBC en 2023 en la Base de Datos de los Bancos Operando en la Amazonía de Stand, que rastrea los bancos involucrados en transacciones de suscripción de préstamos y bonos para empresas con actividades de petróleo y gas en la Amazonía de Perú, Ecuador, Brasil y Colombia.

Por otro lado, se detalla cómo los flujos ilimitados de capital hacia el sector de petróleo y gas están amenazando a los pueblos indígenas y sus territorios. El análisis muestra que, en Ecuador, los bloques de petróleo y gas se superponen al 65 % (4.5 millones de hectáreas) de los territorios indígenas. Los datos del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica de dicho país identifican más de 4600 derrames de petróleo y contaminación entre 2006 y 2022, de los cuales más de 530 se produjeron en territorios indígenas.

En Perú, las concesiones de petróleo y gas coinciden con el 33 % (15.4 millones de hectáreas) de territorios indígenas. La expansión de la industria en Perú en los últimos años incluye una ampliación de la refinería de Talara de Petroperú, que aumentará la presión para producir petróleo de la Amazonía peruana, donde habitan los pueblos achuar, wampis, kichwa, quechua y urarina, así como pueblos en aislamiento y contacto inicial.

“El Estado, los bancos y las empresas que explotan el petróleo y gas afirman que es en nombre del ‘progreso’, pero son cómplices de atentar contra la vida de los PIACI, nuestra Amazonía peruana que guarda más de 32.5 millones de bosques intactos y la biodiversidad que sustenta la vida de nuestros pueblos y del planeta. Exigimos que JPMorgan Chase, Citibank y Bank of America asuman la responsabilidad por el daño que están causando en la Amazonía peruana, que asuman como suyas las secuelas que estamos viviendo”, dijo Jorge Pérez, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

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Foto: Coica

El estudio también indica que el 72 % de todas las transacciones de financiamiento de combustibles fósiles están estructuradas de forma que minimizan la identificación y priorización de los valores medioambientales y sociales en los marcos de gestión de riesgos de los bancos. El resultado, agrega el informe, es que los procesos de diligencia debida pueden no identificar con precisión los riesgos para las personas y la naturaleza, lo que limita sustancialmente la aplicación de mecanismos como las exclusiones y los filtros, que están diseñados para ayudar a los bancos a tomar decisiones de financiamiento sobre transacciones y clientes, basadas en la posibilidad de impactos adversos.

Finalmente, el informe recomienda a los bancos: no hacer más financiamientos o inversiones nuevas en petróleo y gas; terminar los financiamientos e inversiones vigentes de petróleo y de gas; finalizar el financiamiento de comercialización de petróleo y gas; terminar el financiamiento corporativo para comercializadores de petróleo y gas; y justar las carteras de financiamiento para hacer frente a la crisis climática y de biodiversidad, y apoyar el desarrollo sostenible para proteger el 80 % de la Amazonía para 2025.

“Los cinco principales financistas de petróleo y gas de la Amazonía no aplican sus políticas de gestión de riesgo ambiental y social al 71 % de la región. Y cuando se aplican, están llenas de lagunas que pueden hacer que sean ineficaces. Nuestro informe desvela cómo funciona en la práctica el blanqueo ecológico, que permite a los bancos seguir financiando con miles de millones de dólares a las empresas de petróleo y gas de la región y retrasa la adopción de medidas climáticas reales. La Amazonía está en contrarreloj y no podemos permitir que las instituciones financieras hagan la vista gorda ante el daño que su dinero financia”, señaló Angeline Robertson, investigadora de Stand.earth y autora del informe.

“Sólo mediante la aplicación de exclusiones en toda la Amazonía para el financiamiento de petróleo y gas sin lagunas jurídicas, pueden bancos como Citibank y JPMorgan Chase crear políticas que estén a la altura de sus objetivos de evitar impactos a las personas y la naturaleza”, agregó.

Dato:

• Revisa el informe completo en el siguiente link: https://exitamazonoilandgas.org/reports/