Pese a anuncio del gobierno, Doe Run asegura que está “intensificando sus esfuerzos” para reiniciar operaciones
martes 3 de agosto, 2010
Luego que el presidente Alan García anunciara la cancelación de la licencia de funcionamiento, y que el Ministerio de Energía y Minas informara formalmente sobre el incumplimiento de su obligación de reiniciar operaciones, la empresa Doe Run Perú aseguró seguir trabajando en el reinicio de labores en el complejo metalúrgico de La Oroya.
A través de un comunicado colocado en algunos medio de prensa, DRP asegura que está “intensificando sus esfuerzos” para una solución integral al problema con el reinicio de operaciones. Además, asegura que el PAMA pendiente, que incluye el pago de acreencias, ya tiene fecha de aceptación formal por parte de “importantes acreedores”.
“El número de aceptaciones se viene incrementando, lo que constituye un paso decisivo para el pronto reinicio de operaciones”, agrega la nota.
Además, aseguraron que especialistas en ejecución de proyectos PAMA “nacionales y extranjeros” vienen realizando análisis técnicos y financieros para la empresa, a fin “reajustar el cronograma de ejecución que compensen el retraso de inicio de operaciones y concluir el último proyecto ambiental dentro del plazo establecido por la Ley 29410”.
VELÁSQUEZ QUESQUÉN: NO HAY MARCHA ATRÁS
El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, aseguró que el gobierno no dará marcha atrás en el caso, y no accederán a ninguna de las condiciones demandadas por Doe Run.
En declaraciones a la agencia Andina, Velásquez Quesquén dijo que DRP no cuenta con una estructura financiera para reanudar sus actividades porque muchos de los proveedores no quieren participar de ese proceso. Frente a este escenario, el gobierno no podía avalar la reapertura de Doe Run.
“En Perú, la inversión extranjera y la nacional tienen el mismo tratamiento, nadie tiene corona. Ya estamos en el procedimiento administrativo, pero no queremos precipitar etapas y plazos, para evitar que esto sea utilizado por la empresa a fin de llevarnos a la jurisdicción internacional, donde el Estado podría ser pasible de indemnizaciones injustas”, indicó.
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