Foto: SPDA
- Según Jean Pierre Araujo, abogado de la SPDA, el acuerdo impulsado con Repsol restringe a los pescadores afectados a recibir más compensaciones económicas si en un futuro se determina que lo requieren.
Luego de un año sin trabajo por el derrame de petróleo de Repsol que contaminó el mar peruano desde Ventanilla hasta Chancay, los pescadores afectados ahora denuncian haber sido presionados a firmar “acuerdos abusivos” sin transparencia y de forma irregular.
Zenón Gallegos, presidente de la Asociación Sindicato de Pescadores Artesanales de Chancay, denuncia que Repsol ha impulsado una transacción extrajudicial que busca acordar un pago único de compensación a los pescadores afectados a cambio de que cedan sus derechos a la empresa.
El pescador afectado, propone el acuerdo, “de forma definitiva, irrevocable e incondicional (…) cede y transfiere a RELAPASAA, por el monto del pago total (…) todos los derechos, reclamos, títulos, acciones o demandas que pueda tener o surjan en el futuro, como consecuencia directa o indirecta del Evento (el derrame)”.
“Este contrato indica que cedemos todos nuestros derechos como afectados y solo nos compensan el núcleo cesante, es decir, lo que hemos dejado de percibir económicamente en 2022”, explica el dirigente pescador Zenón Gallegos, en conversación con Actualidad Ambiental. “Si a futuro se determina otra reparación, la empresa lo podrá cobrar a la aseguradora”, agrega.
El acuerdo, además, precisa que para que el pescador afectado pueda recibir otra compensación en 2023, el Estado debe emitir una norma que prohíba la pesca artesanal por el derrame de petróleo de Repsol. “Ese segundo punto es engañoso porque el año pasado, en 2022, el Estado no sacó ninguna norma que prohibía la pesca artesanal por el derrame, entonces ahora mucho menos lo van a hacer”, cuestiona Zenón Gallegos.
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Para Jean Pierre Araujo, abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), el acuerdo impulsado con Repsol restringe a los pescadores afectados a recibir más compensaciones económicas si en un futuro se determina que lo requieren.
“Se tratan de compensaciones destinadas a reparar los daños generados durante todo el 2022. La empresa no se estaría haciendo cargo de ninguna compensación en el 2023 porque ellos además sostienen que las playas ya están habilitadas para la pesca artesanal, situación que no es tal”, explica Jean Pierre Araujo.
El abogado de la SPDA también cuestiona las condiciones en las que los pescadores afectados firmaron el acuerdo con Repsol. “Lo que señalan los pescadores es que las cláusulas de cesión no han sido acompañadas de una explicación sobre los alcances de ese contrato. Ellos señalan que el proceso de comunicación del acuerdo se realizó en una sesión sin tiempos para que analicen los contratos”, comenta.
El dirigente pescador, Zenón Gallegos, confirma que las condiciones en las que se firmaron el acuerdo fueron irregulares. “Llaman por teléfono y nos dicen que, si no firmamos esa acta, ya nos verán en un juicio, eso asusta y el afectado firma nomás, sin importar si los acuerdos son lesivos o no”, cuenta. “Hay dirigentes de Ancón que han firmado y ahora lamentan haberlo hecho”, añade.
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