Foto: Andina

• El presente trabajo académico fue desarrollado por Julio Jiménez Guillén, como parte del Curso de Capacitación en Derecho Pesquero, organizado por la SPDA e INTE-PUCP.

El Curso de Capacitación en Derecho Pesquero busca contribuir al fortalecimiento de capacidades para una gestión sostenible de las pesquerías peruanas. La edición 2020 se realizó gracias a Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y el Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables (INTE-PUCP), con el soporte de la Fundación Walton. 

Esta edición contó con la participación de 41 profesionales en Derecho, Ingeniería y Biología de todo el país y 13 docentes expertos en el tema. Entre ellos, Bruno Monteferri, Fabio Castagnino, Percy Grandez y Ricardo Bandín, de Gobernanza Marina de la SPDA.

Como resultado final del análisis y discusión de los conocimientos presentados en el curso, todos los participantes elaboraron un ensayo final. Uno de estos trabajos fue elaborado por Julio Ernesto Jiménez Guillén*: «Propuesta de incluir como crimen organizado la pesca ilegal: caso específico ANP de Punta Coles».

Resumen

El Perú posee una gran extensión marino-costera que dificulta una adecuada protección de los diversos recursos marinos por parte de las instituciones del Estado, lo cual ha generado que el Gobierno, debido a la relevancia de la conservación de la biodiversidad marino-costera y los valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, dispusiera la creación de cuatro áreas de protección: Reserva Nacional de Paracas (RNP), Reserva Nacional San Fernando (RNSF), Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG) y Zona Reservada Illescas (ZRI). En la actualidad, está pendiente la creación de dos áreas de protección marina: la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau y la Reserva Nacional la Dorsal de Nasca. 

De igual forma, el Estado reconoce que los recursos hidrobiológicos que se encuentran en las áreas naturales protegidas (ANP) de uso directo o de uso especial deben ser extraídos únicamente por pescadores artesanales, previa aprobación de las medidas de conservación y ordenamiento para el aprovechamiento sostenible del recurso a explotar. Un ejemplo actual es lo ocurrido en el ANP de Punta Coles, ubicado en el distrito y provincia de Ilo, departamento de Moquegua, en la cual a partir de setiembre del año 2020 se autorizó la extracción del recurso pulpo (Octopus mimus) y se alcanzó este beneficio únicamente a 70 embarcaciones de un total aproximado de 200.

Sin embargo, esto no ha logrado mitigar el ingreso de embarcaciones pesqueras no autorizadas, las mismas que son incentivadas por los comercializadores que requieren los recursos choro, caracol y pulpo. Motivo por el cual es necesario la aprobación del proyecto de Ley 6051/2020 CR, que tiene por finalidad incluir como crimen organizado la extracción ilegal de recursos hidrobiológicos.

Descarga el ensayo completo aquí.

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* Julio Ernesto Jiménez Guillén

Abogado de profesión, especializado en derecho marítimo, derecho portuario y derecho administrativo. En el 2019 culminó la maestría en Gestión Pública y Gobernabilidad.