Ilustración: Daniel Maguiña

La Reserva Nacional de Paracas, en el departamento de Ica, es una de las áreas naturales protegidas (ANP) más icónicas en toda la costa peruana. Sin embargo, esto no basta para mantener a raya a los delincuentes que se dedican a la pesca con dinamita y otras técnicas de pesca ilegales. Este reporte se localiza en los pedregosos acantilados y vastos desiertos donde también se desarrolla la pesca con explosivos.

Escribe: Santiago Bullard

[Para proteger la identidad y garantizar la seguridad de las fuentes, muchas de las personas que aparecen citadas en este artículo figuran con un nombre falso. Estos casos están señalados por un asterisco (*) al final de la primera mención de cada uno].

Corría el año de 1996 cuando Gabriel Silva*, buzo deportivo y fotógrafo submarino, llegó a la playa Mendieta, una de las tantas que dan forma al litoral de la Reserva Nacional de Paracas. Entró al mar poco antes de las seis de la mañana y enseguida empezó a nadar con dirección hacia las peñas. No llevaba mucho tiempo sumergido cuando de pronto sintió un impacto, una onda de choque que le dio de lleno en todo el cuerpo. Algo mareado, salió a la superficie del agua y descubrió que no estaba solo: no muy lejos había una embarcación solitaria. “El único sospechoso”, en sus propias palabras. Lo que Silva acababa de sentir eran los efectos de la detonación de un explosivo bajo el agua.

“El bote solo tenía motor y remos. No llevaba redes ni cordeles. Claramente estaba ‘bombeando’, el maldito”, relata el buzo. Han pasado más de 25 años desde aquella madrugada en Mendieta, pero Silva aún guarda un vívido recuerdo del suceso. “De ahí me acerqué a él, y en la zona ya había pescado muerto. Bastante pescado muerto”, dice. Esto último, naturalmente, se debía a la detonación del explosivo: la misma onda de choque subacuática que lo golpeó de lleno a él había matado a un gran número de chitas (Anisotremus scapularis), especie de pez muy valorada por su carne. “Lo increpé de muy buenas maneras, y ya luego me fui. Me quedé un buen rato sentado en la orilla, respirando, para que se me fuera el mareo”, agrega.

Las consecuencias de la pesca con explosivos sobre el entorno suelen pasar desapercibidas, pues la misma superficie del mar oculta los rastros del crimen. Pero buzos experimentados, como Gabriel Silva, son testigos del efecto de los ‘bomberos’, como son conocidos quienes pescan con dinamita. “Lo primero que notas es que el fondo está lleno de pescados muertos. Algunos peces, como la chita, flotan, pero otros simplemente se hunden. Las piedras quedan peladas, porque la detonación también mata a las conchas y destruye las algas. Cuando te sumerges un poco más, te das cuenta de que al fondo también queda algo así como una capa de arenisca que no es normal, y está compuesta por los alevines de los peces y las larvas de otros animales”, dice el buzo. Las detonaciones de los ‘bomberos’ no solo representan un peligro para las poblaciones adultas de peces, sino también para los ecosistemas marinos.

A raíz de este incidente, Silva decidió que valía la pena tratar de obtener algo más de información. Poco tiempo después, se dirigió al muelle de San Andrés, en Pisco, para ver qué era lo que estaba pasando. “Me fui con unos amigos de la Universidad Nacional de Ica, y ahí llegamos al proveedor de las bombas. El ‘pata’ estaba ahí con su cajita, vendiendo explosivos como quien vende empanadas. En pleno muelle, a vista y paciencia de los agentes de playa… ¡o sea, en la calle!”, relata.

Más de dos décadas han transcurrido desde entonces, pero las cosas no parecen haber cambiado mucho en la zona. Esta actividad sigue azotando los fondos rocosos de los mares de Paracas: de acuerdo con los datos recogidos en el “Diagnóstico de la pesca ilegal en la Reserva Nacional de Paracas”, realizado por la organización Oceana en el 2020, la pesca con explosivos es la práctica prohibida más recurrente al interior de la reserva. De hecho, el informe señala que esta actividad se estaría realizando en por lo menos 30 de las 33 playas en las que se registró el uso de técnicas, aparejos y sistemas de pesca ilegal, entre las que también se incluyen la red de cerco activadas por buzos y el chinchorro.

Sombras en el paraíso

La Reserva Nacional de Paracas se extiende sobre unas 335 mil hectáreas, y poco más de la mitad de esta área está conformada por ecosistemas marinos. Esta es el hogar de una amplia diversidad de peces, moluscos y crustáceos, a los que se suman las especies protegidas como el lobo marino chusco (Otaria flavescens) y el pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti). La entidad responsable de velar por la protección y la integridad de la reserva es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), que cuenta con algunos puestos de control repartidos al interior de su área. En ellos, los guardaparques toman largos turnos para vigilar la reserva y monitorear las diversas actividades que se realizan.

De acuerdo con los guardaparques del puesto de control de Lagunillas, algunos ‘bomberos’ incluso habrían llegado al punto de realizar sus actividades ilegales en sitios muy cercanos a estas instalaciones. Asimismo, revelan que muchos de ellos arman, además de los explosivos que usan para la extracción de peces, otros con menos carga de pólvora (llamados ‘cachorros’) que usan para espantar a los lobos marinos y evitar que se lleven los mejores pescados. “Hacemos lo que podemos”, dice uno de los trabajadores del Sernanp, “pero hace falta agilizar los procesos para poder lidiar con estos ‘bomberos’. Nosotros solo podemos reunir evidencia de las infracciones y notificar a la jefatura del área natural protegida para que desde allí avisen a las autoridades correspondientes. Es todo un trámite, y para cuando al fin llega una patrulla o algo, ya es muy tarde”.

Los guardaparques de Paracas, sin embargo, han logrado reunir algo de evidencia en el transcurso de sus patrullajes por los distintos sectores de la reserva. En el archivo de videos, se aprecia a los ‘bomberos’ en plena faena. En uno de ellos se puede ver una embarcación de nombre “Carlitos”, sobre la que va una cuadrilla de tres sujetos. Un hombre lleva puesta una gorra colorida, pero no se le ve la cara. Otro observa los alrededores en lo que parece ser una actitud vigilante. El tercero, un tipo voluminoso y mayor que los otros dos, lleva el cabello negro muy corto y le falta la mano izquierda. Este último detalle no parece impedirle armar un explosivo con inusitada destreza.

Ilustración: Daniel Maguiña

“No fue nada fácil hacer este video”, señala uno de los guardaparques que estuvo presente durante la filmación. Para lograrlo, tuvieron que trepar a lo alto de un cerro que se alzaba justo entre los ‘bomberos’ y el sol, de modo que si uno de los sujetos que estaba en la embarcación volvía la vista hacia ellos, el resplandor le impediría notar que estaban allí. Acciones como esta, que podrían parecer meras anécdotas aisladas, son en realidad una parte de las estrategias asumidas por el personal de la reserva para combatir a la pesca con explosivos. De hecho, la lucha contra esta clase de actividades ilícitas al interior de Paracas se ha reforzado en los últimos años, a través de una serie de medidas que implican tanto a la gente del Sernanp como a los pescadores artesanales de la localidad.

Gonzalo Quiroz, actual jefe de la reserva, explica que para enfrentar a este tipo de amenazas no solo se cuenta con el personal que resguarda el área, sino también con un modelo de gestión participativa que implica formar alianzas estratégicas entre el Sernanp y los pescadores locales. “Esta lógica de articulación, de generar consciencia o sensibilización entre los actores que hacen uso de los recursos, es la que hemos venido implementando en Paracas durante estos años, con mucha más fuerza”, comenta.

En total, son aproximadamente 2 mil los pescadores artesanales que tienen acceso a Paracas para realizar actividades extractivas, y algunos de ellos apoyan directamente al Sernanp como guardaparques comunales voluntarios. Su experiencia y sus conocimientos sobre el terreno, sumados a las largas jornadas de pesca que pasan entre el mar y las peñas, los convierten en aliados estratégicos para asegurar el monitoreo y la protección de la reserva.

“Ahora estamos trabajando para llevar esta alianza al siguiente nivel de formalización, que vendría a ser un Acuerdo de Conservación”, comenta Quiroz. Dicho acuerdo es un marco normativo que permite establecer compromisos entre ambas partes, con lo que la jefatura del área podría brindar más apoyo a los pescadores que operan como guardaparques voluntarios, lo que beneficiaría a la protección de la reserva.

En el frente de batalla

Al sur de Mendieta se encuentra la bahía de Laguna Grande. Casi al final de la misma hay un pequeño poblado de pescadores, que cuenta además con su propio muelle y un puesto de control del Sernanp. Siguiendo el camino que rodea la bahía se encuentra otro caserío, apenas una fila de cabañas, llamado El Chucho.

En este pequeño poblado se encuentra Roberto Peña, miembro de la Asociación de Pescadores Artesanales a Cordel dentro de la Reserva de Paracas. La asociación fue fundada en el 2006, teniendo como una de sus motivaciones enfrentar a la pesca con dinamita. Desde entonces, sus integrantes han colaborado estrechamente con el Sernanp para proteger la reserva. “No solo nos dedicamos a la extracción de recursos, sino también a patrullar las playas, a cuidar, a ver quiénes son los que entran y salen”, señala el pescador, quien afirma que ellos prácticamente son “los ojos y oídos” de la reserva.

Para Peña, uno de los mayores obstáculos en la lucha contra la pesca con dinamita es que resulta muy difícil rastrear a los ‘bomberos’. “Ellos no tienen horario. A veces entran de madrugada, otras veces entran en la mañana temprano, o sino también puede ser en la tarde. Y por la distancia, como están lejos las playas, a veces uno no va, y ellos aprovechan eso”, comenta. Luego, añade que los infractores a menudo operan en los días feriados, cuando muchos pescadores están de descanso.

Lo mismo ocurre con los desembarcos, que casi siempre se realizan de manera irregular para evadir cualquier tipo de control por parte del Sernanp, los pescadores locales o el Produce. Según Peña, los ‘bomberos’ rara vez desembarcan en el muelle, usualmente prefieren hacerlo en caletas solitarias y de aguas mansas, incluso dentro de la propia reserva como Mendieta, por ejemplo. Previamente, coordinan el lugar y la hora con sus compradores para que estos envíen a los carros que deben recoger el pescado. “Si es [bastante] cantidad, casi todo se va a Lima, a los terminales pesqueros, y la gente allá lo consume sin saber cuál es su origen”.

Carlos Salas*, otro pescador de El Chucho y miembro de la asociación, dice que los ‘bomberos’ siempre descargan en el muelle por la noche o durante la madrugada. “El bote apega a la orilla, y ahí nomás comienzan a bajar el producto para que se lo lleven por tierra al muelle de San Andrés”, afirma, y agrega que cuando se extraen especies que están en veda, estos van directamente a la casa del comprador, para evitar los controles.

Estos datos los confirma también Eduardo Huamán, socio fundador de la Asociación de Pescadores Artesanales a Cordel y guardaparque de la reserva. A sus 63 años, sigue siendo una de las cabezas en la lucha contra este tipo de pesca, y ha tenido más de un encuentro cercano con los ‘bomberos’. “Yo me he encontrado con ellos más de una vez cuando todavía me dedicaba al buceo a pulmón. Muchos me amenazaban para que no les tire dedo. Incluso me he peleado con varios de ellos en el campo”, relata.

“Los ‘bomberos’ tienen sus puntos para desembarcar, y esto es dentro de la reserva de Paracas”, dice y agrega que algunos de ellos serían Mendieta, El Sequión, incluso las orillas deshabitadas de Laguna Grande. “La mayor parte del pescado, sobre todo lo que es chita y corvina, va para Lima”, señala Huamán.

Los ‘bomberos’ no están solos, ellos operan en coordinación con una serie de agentes que entran en acción apenas llega el momento de desembarcar el pescado. La gran motivación para ellos son los compradores, quienes finalmente ponen el capital que mantiene a toda la cadena en movimiento. “Para los ‘bomberos’ esto es como una adicción, porque la plata se la ganan fácil. Incluso hay dos que se han volado una mano, y aun así siguen pescando con dinamita”, comenta.

Las inspecciones regulares que se realizan en el desembarcadero de Laguna Grande son realizadas por agentes del Produce con apoyo de un representante de la Policía Nacional. Estos controles son cruciales para asegurarse de que se respeten las normas que rigen sobre la actividad pesquera, como por ejemplo en el caso de las especies en veda o de aquellas cuya extracción está directamente prohibida, pero aun así resultan poco efectivos en el caso de la pesca con explosivos. Uno de los inspectores que realiza sus labores en el desembarcadero señala que, de hecho, es poco lo que pueden hacer si una embarcación descarga productos extraídos con dinamita. Según su explicación, la única manera para detectar el origen de estos desembarcos sería abriendo los pescados, ya que la detonación del explosivo tiene efectos visibles sobre los órganos internos y el espinazo del animal. “Pero eso es algo que no podemos hacer de manera arbitraria”, agrega. “Los que sí cuentan con un método para identificar estos pescados son los de Digesa (Dirección General de Salud Ambiental). Si el Produce capacitara a los inspectores para aplicar este método, podríamos aplicarlo en los desembarcaderos”, concluye.

Los caminos de la pólvora

Alberto Torres* se dedica a la pesca desde hace unos veinte años, y hoy se cuenta entre los habitantes de El Chucho. Su historia, sin embargo, no inicia en el litoral de Paracas. Apenas tenía doce años de edad cuando empezó a trabajar en la minería informal. En el transcurso de una década, pasó por diversos campamentos mineros de Ica, sacando oro en los alrededores de Palpa, Chala y Pampas Blancas, en la parte alta del río Grande.

“Ahí los que te habilitaban los explosivos eran los mismos que te compraban el oro”, afirma Torres. Él señala que los socios de las federaciones mineras informales, quienes ostentan el control donde se realizan estas actividades, “sí cuentan con los permisos para tener explosivos, pero como allá no hay control, puedes agarrar una caja [de cartuchos de dinamita] y vender la mitad”. De acuerdo con él, por ese entonces lo normal era que fueran los ingenieros contratados por los ‘dueños’ los que se encargaban de administrar los explosivos, pero que ellos mismos a menudo los vendían después por su lado. “Podría ser que la dinamita que le vendan a los ‘bomberos’ venga de ahí, de las minas informales”, agrega Torres, aunque advierte que no sabe hasta qué punto han cambiado las cosas durante las dos últimas décadas.

[Ver además►Reserva Nacional de Paracas: detienen a dos personas que pescaban con dinamita]

Ilustración: Daniel Maguiña

Estas sospechas, sin embargo, las comparte también Bernardo Casas*, un extrabajador del Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, otra reserva nacional gestionada por el Sernanp. Casas es testigo de las consecuencias de la pesca con explosivos desde Lima hasta Moquegua, por lo que afirma que los efectos de la pólvora no solo se ven en el mar, sino también sobre la tierra. “En Moquegua, por ejemplo, yo he visto cómo usan una especie de cañones para disparar cordeles de pesca desde los acantilados. Básicamente, son unos tubos que disparan el cordel con poder de pólvora y producen una explosión muy fuerte que incluso deja huecos en la roca, como pequeños cráteres, y esto lo hacen, además, en zonas de anidamiento de aves”, comenta. Para Casas, el origen de la dinamita en el sur también está en los campamentos mineros informales, “por ejemplo, se dice que en Secocha es muy fácil conseguir dinamita”.

Secocha es una zona minera de Arequipa, ubicada en la parte alta del valle del río Ocoña, en la provincia de Camaná. Allí se concentran miles de mineros informales dedicados a la extracción de oro. El desarrollo de las actividades auríferas y comerciales se pueden ver reflejadas en el aumento de su población. De acuerdo con los datos del Instituto de Estadística e Informática, el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, al que pertenece el sector de Secocha, contaba con un total de 2919 habitantes en el año 2000; para el censo del 2017, esta cifra había aumentado hasta superar los 20 200. Un artículo publicado en la web de la revista Energiminas, en julio de 2018, calcula que al menos unos 4 mil mineros informales operaban por aquel entonces en la zona, en la que hoy además campean la violencia, la trata de personas, el sicariato y la contaminación ambiental.

La desolación de Secocha no podría parecerse menos a los paisajes en los que creció Gilmer Huerta*, originario de un caserío ubicado en las faldas de la cordillera de Colán, en el departamento de Amazonas. Ha cambiado las montañas y bosques nublados para pasar largas temporadas buscando oro en Secocha.

“Cuando andaba allá por Secocha, los encargados de la dinamita eran los capataces asignados por cada socio”, relata Huerta. “La traían desde Camaná y luego la repartían entre los mineros, o ibas y la pedías nomás en el almacén. En cada campamento hay un comité, y el presidente es el que gestiona la compra y la distribución de los materiales: la dinamita, el anfo, el nitrato… todo eso”, cuenta Huerta. También señala que, en teoría, existe un cierto control sobre los explosivos, y cada trabajador es responsable de devolver los que no ha utilizado. “Se supone que hay un registro, pero la gente igual deja la dinamita en las minas. Nadie controla el sobrante. Cualquiera podría llevarse los cartuchos para revenderlos, y los mismos capataces hacen sus negocios también por su lado”, agrega.

[Ver además►Reserva Nacional de Paracas: decomisan dinamita destinada a la práctica de pesca ilegal]

De acuerdo con Luis Romero Elmore, especialista en sostenibilidad minera con más de 25 años de experiencia en el sector, para entender el tráfico de explosivos que podría darse entre los campamentos mineros y los muelles de la costa, primero hay que saber cómo funciona la minería informal. “Mucha gente confunde a la minería informal con la ilegal, pero hay una diferencia entre ambas que es muy importante. La ilegal se desarrolla en sitios donde está prohibido hacer cualquier tipo de actividad minera. Una mina informal, en cambio, es la que está en proceso de formalización. Esto es clave, porque las mineras que están en este proceso sí pueden operar, y eso significa que también pueden obtener los permisos de Sucamec para comprar y almacenar explosivos”, explica.

Para poder comprar explosivos, primero hace falta contar con un polvorín (que es como se llama a los almacenes de explosivos), y estos también requieren de un permiso por parte de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) para poder operar. Sin embargo, Romero dice que prácticamente cualquiera puede tener su propio polvorín. “Lo que hay que entender es que la Sucamec tiene direcciones regionales, y lo mismo pasa con el Ministerio de Energía y Minas, así que los permisos se pueden emitir en los mismos gobiernos regionales, donde muchas veces hay gente que se beneficia de estas mineras, y está amarrada con ellas”, dice el experto. Agrega que ni siquiera hace falta contar con una gran empresa para obtener dicho permiso, pues la mayoría de polvorines que existen en el Perú pertenecen a personas naturales.

Para Romero, el polvorín ocupa un lugar fundamental en esta cadena, ya que para las mineras informales son simples almacenes donde se guardan los explosivos necesarios para obtener los minerales. En la práctica, estos vienen a funcionar como “supermercados de explosivos”, en palabras del especialista. Además, señala que incluso hay personas que obtienen sus permisos para comprar dinamita con títulos de tierras en las que no se está extrayendo nada, y que funcionan como “minas fantasmas”. “Entonces, ¿hay alguna dificultad para obtener explosivos en el Perú? La respuesta es que no”, sentencia.

Horizontes inciertos

De acuerdo con los guardaparques de Paracas, uno de los puntos que más frecuentan los ‘bomberos’ al interior de la reserva es la playa Arquillo. “Sobre todo vienen a los roqueríos que están al pie de las puntas, donde abunda la chita, aunque de aquí también sacan bastante corvina”, señala uno de ellos. Casi parece increíble que los infractores tengan tanta presencia en este lugar, que se encuentra casi a espaldas de La Mina, una de las playas más populares entre los visitantes a la reserva. Por si fuera poco, la punta que se alza al oeste de Arquillo sirve de hogar a una colonia de lobos marinos finos (Arctocephalus australis), especie que se encuentra amenazada en el Perú. Pero también fue aquí, precisamente, donde la reserva le ganó un tanto a la pesca con dinamita.

En octubre de 2021 se registró un incidente de pesca con explosivos en Arquillo. Ese mismo mes, y luego de un trabajo de seguimiento a los ‘bomberos’ en el que participaron un equipo especial de la Policía y los pescadores artesanales locales, se realizó un operativo en el que se logró detener a una persona trasladando explosivos dentro de la reserva. Su testimonio llevó a la Policía y al personal del Sernanp de vuelta a Arquillo, donde finalmente hallaron 30 cartuchos de dinamita y 50 detonadores ocultos entre las rocas y las peñas de la playa.

A raíz de este suceso, los incidentes de pesca con explosivos dentro de la reserva se redujeron significativamente. Para Gonzalo Quiroz, esto demuestra que la estrategia de traer a una unidad especializada de la Policía para que trabaje en conjunto con los guardaparques y los pescadores locales funciona. “Ya lo estamos incorporando en nuestro presupuesto anual, para que no sea algo que se hace una vez cada cierto tiempo, sino más bien una o hasta dos veces al año”, señala, “y la idea es que en adelante puedan unirse también otras instituciones”.

[Ver además►Sentencian a cuatro años de cárcel a pescadores que usaron dinamita en Paracas]

Ilustración: Daniel Maguiña

La gestión de Quiroz ha tomado la posta en la lucha contra la pesca con explosivos en Paracas. Durante la gestión de Óscar García, quien precedió a Quiroz en la jefatura de la reserva, ya se había logrado sentar un precedente. En el 2009, y gracias al aviso de los guardaparques, la Policía logró detener a un grupo de personas en el kilómetro 23.5 de la carretera que lleva al terminal portuario General San Martín, ubicado en la misma península de Paracas. Dichos individuos llevaban seis jabas llenas de pescado, y gracias a una serie de análisis se determinó que estos productos habían sido extraídos mediante el uso de explosivos. Con esto quedó en evidencia que se trataba de una cuadrilla de ‘bomberos’. Poco después, en febrero de 2010, el juez Marlon Aybar Guillén anunció la sentencia en las instalaciones del penal de Cachiche, en Ica. Juan Carlos Hernández Soto, Mario Daniel Hernández Soto y Luis Augusto Cavero Cortéz fueron sentenciados a cuatro años de cárcel, así como a pagar 600 soles como reparación civil al Estado. Este, además, fue un fallo histórico, pues nunca antes se había sentenciado a alguien por pescar con explosivos en el Perú.

Eduardo Huamán, por su parte, también resalta el rol que juegan en esta lucha los pescadores de la asociación que él mismo ayudó a fundar. “Ellos viven del mar, haz de cuenta que mediante su trabajo están también patrullando todos los días, porque ven lo que pasa”, afirma. Cada vez que uno de ellos identifica una incidencia de pesca ilegal, enseguida lo reporta a los guardaparques o directamente a la jefatura del Sernanp. Así, los miembros de la asociación, y sobre todo aquellos que además son guardaparques comunales voluntarios, conforman un equipo de monitoreo e inteligencia a favor de la reserva. “Si no fuera por los guardaparques voluntarios, aquí habría cualquier cantidad de ‘bomberos’. Y ahora, más bien, [su número] está bajando”.

Pero en todo esto hay algo que resulta ya no solo paradójico, sino incluso irónico. Paracas es una de las áreas naturales protegidas (ANP) más icónicas del país, y esto se traduce en sus índices de turismo. Según datos del Mincetur, unas 432 600 personas visitaron la reserva entre enero y noviembre de 2019, antes de la pandemia. Esto la convierte en la segunda ANP más concurrida del país, luego del Santuario Histórico de Machu Picchu. Además, un artículo de Gestión (publicado el 9 de diciembre del año 2021) indica que la reserva habría recibido unos 500 mil visitantes antes de concluir el 2021. Sin embargo, los problemas que afectan a la reserva -con la pesca con explosivos como uno de los principales, según un diagnóstico de Oceana, pasan casi desapercibidos.

Para Gonzalo Quiroz, estos problemas merecen mayor atención por parte de la ciudadanía. Él afirma que la reserva también pone mucho empeño en “crear ese vínculo con las personas que viven en la ciudad, porque muchas veces no ven todo el trabajo que hay detrás de todo esto. No ven el trabajo que realiza el pescador, ni tampoco el que realizan los guardaparques y, en general, todos los que trabajamos en la conservación [de Paracas]”. Una suma de esfuerzos que, finalmente, no solo permite el aprovechamiento de los recursos turísticos de la reserva, sino también el de los recursos hidrobiológicos para el consumo humano directo. “Más del 50 % de la producción de pesca de la región Ica sale de acá, del ANP”, señala Quiroz. “Y este producto no solo va a parar a los mercados regionales. También llega hasta Lima. Y queremos que toda la gente se involucre, que entienda y que valore ese esfuerzo que hacen los pescadores y los guardaparques”, agrega.

La pesca con dinamita, sin embargo, no termina entre las peñas al pie de los acantilados, ni tampoco en las playas solitarias donde los ‘bomberos’ descargan sus productos. Estos no son sino los capítulos centrales de una historia que probablemente empiece en los polvorines de los campamentos mineros informales, pero que concluye en los terminales pesqueros de la capital. El epílogo bien podría escribirse sobre nuestras propias mesas, o en cualquier cevichería de Lima.

_____________________________________________