Foto: SPDA

• Hace un año, el 22 de abril de 2021, entró en vigor el Acuerdo de Escazú en la región de América Latina y el Caribe luego de que doce países lo ratificaran. Lamentablemente, Perú, uno de los más biodiversos, no forma parte de este grupo. 

Diversas organizaciones de la sociedad civil del país, entre ellas la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), suscribieron un pronunciamiento exigiendo al Congreso de la República y al Gobierno priorizar el trabajo en la democracia ambiental y derechos humanos ambientales y adherirse al Acuerdo de Escazú para sumarse al proceso de implementación ha iniciado oficialmente con la celebración de la primera Conferencia de las Partes que se realiza en Chile, del 20 al 22 de abril. 

En el pronunciamiento, las organizaciones destacan que la herramienta es clave para superar desafíos y obstáculos que la democracia y gobernanza ambiental del país. En esa línea, destacan la posición de la OCDE a favor del acuerdo para generar un clima de inversiones sostenibles. Asimismo, resaltan que la adhesión del acuerdo es un compromiso pendiente por parte de los congresistas, y exigen que deben analizar sus alcances de manera objetiva y técnica. 

De igual modo, el pronunciamiento hace referencia al derrame de petróleo en el mar de Ventanilla, último desastre ambiental que visibilizó las deficiencias y debilidades de la institucionalidad ambiental para garantizar estos derechos. Por ello, las organizaciones exigen al Congreso y a los representantes del Gobierno adherirse al acuerdo e implementar los mecanismos jurídicos innovadores así como elevar los estándares de eficacia y trabajar en mecanismos institucionales y legales para el reconocimiento y protección de personas defensoras. 

“Esperamos que las autoridades no den la espalda nuevamente a las necesidades de nuestra institucionalidad ambiental y se sumen al grupo de países que forman parte del acuerdo. La única forma es adherirse formalmente y esa tarea está en manos del Congreso de la República. La plataforma Escazú Ahora, de la que formamos parte, hemos elaborado este pronunciamiento porque consideramos de suma urgencia priorizar el trabajo en democracia ambiental y avanzar en la protección de derechos”, indicó Fátima Contreras, especialista legal de la SPDA. 

Lee el pronunciamiento aquí.