De acuerdo a fuentes cercanas a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), consultadas por Actualidad Ambiental, Perú es el único país en el mundo que ha sido conminado a brindar explicaciones sobre la implementación del Convenio 169.

Según esta información, el Estado peruano deberá comparecer ante la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo, órgano supremo de la OIT. Esta presentación se realizaría el próximo 10 de junio.

De esta forma, Perú figura en una lista de 25 países conminados a dar explicaciones ante la Conferencia Internacional del Trabajo. Sin embargo, el resto de 24 países deberán explicar sobre otros temas, como libertad sindical (Venezuela) o la no discriminación en el empleo (Guatemala).

Siete serían los puntos que deberá responder Perú. Esa lista está basada en observaciones realizadas, en febrero pasado, por la Comisión de Expertos de la OIT.

Como primer punto, la Comisión de Expertos resaltó la necesidad de una investigación imparcial sobre los hechos de Bagua; además de la necesidad de esclarecer el ámbito de aplicación del C169 en el Perú –es decir, los grupos a los que se aplica el Convenio-.

El tercer punto está relacionado a la necesidad de adoptar un plan de acción para lograr una acción estatal coordinada y sistemática -con las organizaciones indígenas- en materia de derecho de puntos indígenas; el siguiente punto refiere a la necesidad de reformar el INDEPA y la necesidad de establecer mecanismos de consulta previa –se hace hincapié en la urgencia de este punto frente a la explotación de recursos naturales-.

Entre las observaciones de febrero de la Comisión de Expertos, figura también el decreto legislativo 994, sobre la aplicación de la frontera agrícola (necesidad de garantizar la protección efectiva del derecho de propiedad y posesión de los pueblos indígenas respecto a las tierras que ocupan tradicionalmente), y, finalmente, la necesidad de tomar medidas para eliminar prejuicios racistas en contra de los pueblos indígenas.

Como se recuerda, el pasado 19 de mayo, el Congreso de la República aprobó la Ley de Consulta Previa, en cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este mecanismo obliga al Estado a consultar a los indígenas sobre asuntos relativos a sus territorios. La decisión fue calificada por la Defensoría del Pueblo, y algunas organizaciones indígenas, como un avance en la reivindicación de los derechos de estas comunidades.