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Con el fin de buscar soluciones para enfrentar la crisis hídrica y mejorar la gestión del agua, 32 ministros de Estado se reunirán en Lima, el próximo 27 y 28 de mayo, para la Cumbre Ministerial del Agua de América Latina y el Caribe.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el evento tiene como objetivo crear un espacio estratégico para promover el diálogo, la colaboración y el intercambio de conocimientos sobre la gestión sostenible del agua. La cumbre buscará reducir la vulnerabilidad de la región a los extremos hídricos y preservar la calidad ambiental de los cuerpos de agua. Además, se explorarán soluciones innovadoras que integren perspectivas ambientales, sociales, económicas y tecnológicas.

Como actual presidente del Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, el Perú impulsará el diálogo para mejorar la gestión del agua en la región con enfoque de cuencas. En las sesiones, se tiene previsto elaborar una propuesta de Hoja de Ruta del Agua para América Latina y el Caribe para asegurar su disponibilidad en la región.

Este documento será presentado en el XXIV Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de ALC (1 y 2 de octubre de 2025), en la VIII Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (del 8 al 12 de diciembre de 2025), en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua 2026 (del 2 al 4 de diciembre de 2026) y en el XI Foro Mundial del Agua (2027).

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Crisis hídrica

El Perú cuenta con el 1.89 % de la disponibilidad de agua dulce del mundo, según la Autoridad Nacional del Agua (ANA). En el planeta, es un país privilegiado con este recurso; sin embargo, ocupa el puesto 32 de los países con mayor estrés hídrico del mundo, y el tercero en América Latina y el Caribe. Esto se debe a diversos factores, entre ellos las condiciones geográficas, la falta de infraestructura hídrica adecuada, el acelerado crecimiento demográfico, los impactos del cambio climático, entre otros.

En la actualidad, unos 3.15 millones de peruanos aún no tiene acceso a agua potable en sus hogares, a pesar de que nuestra Constitución reconoce “el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable” y que “el Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos”.

En junio del año pasado, el Gobierno promulgó la Ley 32065, Ley que establece medidas para asegurar el acceso universal al agua potable, y en noviembre se publicó su reglamento. Su objetivo es asegurar el acceso a agua potable en los ámbitos urbano y rural, especialmente para la población en condición de pobreza o vulnerabilidad.

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