Por Wuilmar Briceño / wbriceno@spda.org.pe

 

La gestión de las autoridades a los incendios forestales, estrés hídrico, la pérdida de glaciares y otros efectos del cambio climático “no ha recibido la importancia debida”, advirtió Renzo Piana, director ejecutivo del Instituto del Bien Común (IBC). “No hay una discusión que oriente a una planificación de cómo vamos a enfrentar estos fenómenos en los próximos 10, 30 o 50 años”, sostuvo.

El científico peruano, en conversación con Actualidad Ambiental, apuntó que estos fenómenos extremos, que son debatidos por la comunidad científica peruana y de la región, no son atendidos por las autoridades.

“Si bien el tema del incremento de la temperatura está en la agenda (mediática), no se le está dando la debida importancia que el tema amerita”, agregó.

Para graficar la falta de interés de las autoridades, el investigador recordó que el caso del estrés hídrico que vive Piura no es reciente y se ha venido advirtiendo desde hace varios años.

En 2020, la Universidad de Piura alertó sobre la disminución del ingreso de agua al reservorio de Poechos, comprometiendo, en ese momento, las actividades productivas de la región norteña.

Por otro lado, en 2023, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) informó que Perú se ubicaba en el puesto 66 del ranking de estrés hídrico de los estados miembros de las Naciones Unidas. Además, anunció que para el 2030 el 58 % de peruanos vivirá en áreas con escasez de agua.

Aun con estas alertas, el director del IBC observa que desde los diferentes niveles de gobierno no se plantea cómo se va “a adaptar la infraestructura para la captación de agua”.

De momento, frente a la situación que viven los vecinos de Piura, el Ejecutivo Nacional decidió prorrogar por un periodo de 60 días, desde el 13 de enero de 2025, el estado de emergencia en 21 distritos de Piura por el “peligro inminente ante déficit hídrico”.

Aumentan las temperaturas y los incendios forestales

En enero de 2024, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó, mediante una nota de prensa, que el 2023 presentó las temperaturas más altas de los últimos 60 años en Perú, es decir desde que se tiene registro. En ese año, la temperatura promedio fue de 20.23 °C. La estación meteorológica de Tingo de Ponaza (San Martín) registró la temperatura más alta de 2023, alcanzando los 41.4 °C.

Para inicios de enero, el Senamhi tituló su nota de la siguiente manera: 2024 se convirtió en el año más cálido registrado en el Perú. Esta vez, la temperatura promedio superó en 1.18 °C sus valores históricos y el registro más alto nuevamente estuvo en Tingo de Ponaza con 41.8 °C. En ambos casos, los picos de temperaturas ocurrieron en el mes de setiembre y octubre.

Precisamente, un informe, realizado por Mapbiomas Perú, iniciativa del IBC que tiene como objetivo monitorear los cambios en el uso del suelo y la superficie de agua, destaca que el mes de septiembre de 2024 tuvo el mayor número de incendios en Perú desde 2015, afectando principalmente la Amazonía peruana. Según la investigación, el 67 % de los incendios ocurrieron en ecosistemas naturales, mientras que el 33 % restante impactó áreas agropecuarias.

La investigación, cuyo análisis abarca dos décadas de incendios en el país (2002-2024), combina datos satelitales y mapas de uso del suelo, concluyendo que la actividad humana, agravada por los periodos de sequía y otros fenómenos climáticos, es el principal factor de los incendios.

Reducción de glaciares peruanos y gestión comunitaria del agua

El IBC publicó en 2024 una investigación elaborada por un grupo de científicos del proyecto MapBiomas Perú. Los datos del informe indican que, entre 1985 y 2022, Perú perdió más de 94 mil hectáreas de superficie glaciar, equivalentes al 48 % de su extensión original.

De acuerdo con Renzo Piana, esta reducción afecta directamente a las comunidades altoandinas que dependen de los glaciares como fuente principal de agua para consumo humano, actividades agrícolas, entre otros, además del rol crucial que cumplen en los ecosistemas regionales.

En este contexto, Francisco Rivasplata, asesor legal del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), resaltó que las comunidades campesinas y nativas forman parte del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos.

“La normativa establece la importancia de respetar sus usos y costumbres en la utilización de las aguas que discurren por sus tierras, así como de las cuencas de donde nacen estas aguas, tanto para fines económicos, de transporte, supervivencia y culturales”, indicó.

Para la conservación de las fuentes de agua, Rivasplata destacó que el Estado ha puesto a disposición mecanismos de retribución por las acciones de conservación de parte de estas comunidades, buscando con ello beneficiar tanto a estas comunidades como a la población cuenca abajo. Además, agregó que “es importante que el Estado facilite la participación de las comunidades locales en talleres descentralizados para la planificación conjunta de acciones de conservación, generando incentivos económicos y cerrando brechas que limitan o dificultan esta participación”.

Comunidades indígenas y rurales son las más afectadas

En relación con la salud, el director del IBC resaltó las brechas existentes en la atención hacia las poblaciones indígenas y rurales. “Hemos observado que las comunidades más alejadas de los focos de deforestación tienen mejores condiciones de salud porque mantienen acceso a fauna silvestre, pesca y medicina tradicional”, sostuvo. Sin embargo, aquellas cercanas a carreteras o áreas de transformación forestal enfrentan mayores riesgos de enfermedades como malaria y uta.

Para abordar esta problemática, el especialista sugirió que el Estado implemente un enfoque participativo e inclusivo en las zonas boscosas. “Un modelo más integral no solo mejoraría la calidad de vida de estas comunidades, sino también contribuiría a la conservación de los ecosistemas de los que dependen”.

No obstante, consideró que es necesaria “la implementación de enfoques interculturales hacia la salud”.

Avances en la política de gestión hídrica

En 2015, el Gobierno del entonces presidente Ollanta Humala aprobó la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos (PENRH). Esta política, según el Decreto Supremo 006-2015-MINAGRI, reúne principios, estrategias e instrumentos de gestión que buscan orientar a las entidades públicas y privadas para garantizar que la demanda de agua del país sea cubierta a corto, mediano y largo plazo.

Con la actual situación de estrés hídrico que atraviesa la región norteña, Francisco Rivasplata, asesor legal del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), destaca que la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, esté trabajando en la actualización de la PENRH.

“Este instrumento busca orientar y definir las acciones del sector público y privado para atender la limitada seguridad hídrica. De hecho, se han hecho talleres participativos en Piura para recoger de parte de actores locales las causas del problema y las alternativas de solución”, apuntó el asesor legal.

Al respecto, los primeros días de enero, la ANA informó sobre el taller desarrollado con estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes de Piura, donde explicaron los ejes principales de la PENRH: cantidad, calidad, oportunidad, eventos adversos y cambio climático.

En, en noviembre de 2024, se llevó a cabo el ‘Taller con expertos regionales para la formulación de escenarios futuros y alternativas de solución al problema público de la PENRH’. En este espacio, funcionarios de entidades nacionales, regionales y distritales, además de representantes de comunidades campesinas, compartieron sus aportes y percepciones con miras a la actualización de este instrumento.

Otro de los avances en gestión hídrica, señaló Rivasplata, es el que viene realizando el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con la elaboración del Plan Nacional de Inversiones y Saneamiento, en el marco del Plan Nacional de Agua y Saneamiento que se tiene pensado culminar para el primer semestre del 2025.

El asesor legal de la SPDA destacó que el Ejecutivo hace esfuerzos para fortalecer la gestión hídrica en el país, desde diversos sectores como las carteras del Ambiente, Vivienda, Agricultura, etc.

“Es necesario que estas políticas sean resultado de un proceso participativo y busquen cerrar las brechas para el financiamiento de acciones de conservación en fuentes de agua, con participación del sector privado. En esa línea, debemos resaltar los avances desde el sector Vivienda en actualizar sus normas de agua y saneamiento para integrar nuevos enfoques como el de economía circular y considerar a las fuentes de agua como parte del sistema de agua y saneamiento, promoviendo de esta manera su conservación y uso sostenible”, agregó el abogado.