Foto: Jaime Tranca / SPDA

• Afectados por contaminación con metales tóxicos demandan atención integral del Estado.

A través de una audiencia pública en el Congreso de la República, autoridades, especialistas y población en general se reunieron para conocer los avances de las propuestas para la reducción de contaminación por metales pesados, y para exigir la atención integral de los afectados.

Según Wilbert Rozas, Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE), en nuestro país “hay más de 7 mil personas afectadas en su salud por la contaminación con metales pesados y otros tóxicos en las zonas de minería y de hidrocarburos”.

Este problema, agrega el legislador, “es conocido por el Estado desde hace varios años y requiere una atención multisectorial inmediata, que hasta la fecha no se da”. Asimismo, señaló que la Mesa Técnica (liderada por el CPAAAAE) para tratar este problema ha logrado ciertos avances, pero también “ha evidenciado graves omisiones del Gobierno en la adopción de medidas que garanticen la salud, vida e integridad de las personas afectadas”.

Según informa la CPAAAAE, la audiencia realizada la semana pasada, es el resultado de las 6 sesiones de la Mesa Técnica que se instaló en febrero de este año con el objetivo de impulsar un trabajo multisectorial que revierta la inacción del Estado respecto a la atención integral en salud por metales pesados, la falta de identificación de la fuente de contaminación y el reconocimiento de las zonas críticas, cuya atención debe priorizarse.

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Audiencia se realizó el pasado 8 de julio. Foto: Comisión de Pueblos

Afectados exigen atención

En el evento, a donde acudieron diversas organizaciones de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, los representantes de las zonas andinas y amazónicas expusieron sus demandas y propuestas para la implementación de políticas que cuenten con presupuesto exclusivo, enfoque intercultural, participación ciudadana, mecanismos de prevención y servicios de salud especializados.

Hernán Echevarría, dirigente de Pasco, manifestó que en su región existen 546 pasivos ambientales por actividad minera y demandó al Estado impulsar acciones de remediación, fiscalización y sanción a las empresas que contaminan con metales tóxicos asociados a minería o hidrocarburos.

Por su parte, Seferino Cana de Espinar (Cusco), señaló que el Ejecutivo ha incumplido su obligación de promover una atención integral especializada en metales pesados e identificar la fuente de contaminación de la salud y el agua en dicha provincia.

Alfonso López, dirigente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), y Teresa Yunuk, de la comunidad Nazareth de Chiriaco (Amazonas), coincidieron al señalar que tras 50 años de explotación petrolera en la selva, no hay una política de responsabilidad social y ambiental. Asimismo, denunciaron el retraso del Ministerio de Salud en la elaboración y entrega del estudio toxicológico y epidemiológico en las comunidades de las Cuatro Cuencas afectadas por metales pesados.

Por último, José Vargas, acalde del distrito de Chugur (Cajamarca), refirió que de acuerdo a un estudio del Ministerio de Salud (Minsa) hecho en su localidad, Hualgayoc y Bambamarca, 372 personas resultaron afectadas con metales pesados, de los cuales 57 de ellos eran de Chugur, incluyendo a su hija.

Mira el video de la audiencia:

Faltan normas de protección

En su intervención, la jefa de la Unidad Funcional de Atención a Personas Expuestas a Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas del Ministerio de Salud, Tania López, explicó que su sector aprobó hace 7 meses los “Lineamientos de Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides, y otras sustancias químicas”.

Sin embargo, reconoció que hasta la fecha no se cuenta con una norma que establezca un Plan de intervención integral considerando la promoción, prevención y la atención médica, y en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y los gobiernos regionales para tener un presupuesto.

Por su parte, Yuri Pinto de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, afirmó que su sector impulsa la aprobación de un nuevo Reglamento de la Ley de pasivos ambientales por hidrocarburos para mejorar su gestión e informó que se han considerado S/ 190 millones de soles para remediación de sitios impactados y pasivos ambientales en el presupuesto 2019.

Yolanda Zurita, representante de los afectados de La Oroya (Junín) y vocera de la Plataforma de Afectados por Metales Tóxicos, expresó su disconformidad por la ausencia de informes técnicos de cada sector y cuestionó la falta de liderazgo de la PCM para conformar una Comisión Multisectorial y definir medidas inmediatas para la atención de personas con mayores niveles de afectación por contaminación con metales pesados.

A estas críticas se sumaron Mario Zuñiga, asesor de las Cuatro Cuencas y Karem Luque de la Plataforma Nacional de Afectados, quienes manifestaron que el Estado impone estados de emergencia para criminalizar la protesta social e incumple con sus obligaciones para atender de manera integral y efectiva a las personas expuestas y contaminadas con metales tóxicos.