Perú apuesta por ser el primer país de la región en ratificar el “Acuerdo de Escazú”

Foto: Jhonny Salazar / Actualidad Ambiental.

El 4 de marzo de este año se aprobó en Costa Rica el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, conocido como el “Acuerdo de Escazú”, que busca garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, brindando a los ciudadanos herramientas para garantizar el derecho a un ambiente sano y sostenible de las generaciones presentes y futuras.

Este compromiso fue suscrito por los representantes de Ministerios del Ambiente, Relaciones Exteriores y de la sociedad civil de 24 países de América Latina y el Caribe, incluido Perú, tras 6 años y 9 rondas de negociaciones, desarrollando disposiciones para la implementación del Principio 10 de la Declaración de Río para el desarrollo sostenible, suscrito en 1992.

Con el objetivo de establecer los compromisos y los próximos pasos del Estado peruano para fortalecer la democracia ambiental en el país a través de la implementación del “Acuerdo de Escazú”, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología coorganizaron el miércoles 18 de abril el conversatorio: Hacia la ratificación del Acuerdo de Escazú en el Perú, donde se reunieron miembros de diversas entidades del sector público (Congreso de la República, Ministerio del Ambiente, Defensoría del Pueblo, Senace y Poder Judicial), privado y académico para dar a conocer su posición en el marco del proceso de ratificación del referido acuerdo.

Foto: Jhonny Salazar / Actualidad Ambiental.

Perú aspira a lograr una pronta ratificación

Durante el evento, los representantes de las entidades clave en los procesos de ratificación e implementación de este instrumento mostraron su interés y disposición para el pleno cumplimiento del acuerdo con el objetivo de construir y fortalecer la democracia y gobernanza ambiental en nuestro país.

Fernando León, asesor del despacho ministerial del Ministerio del Ambiente (Minam) y participante en la 9na reunión de negociación del Acuerdo Regional en Costa Rica, resaltó que “este acuerdo es una herramienta sin precedentes en el Perú y el resto de América Latina. Con su aprobación toda la región estará a la vanguardia en el mundo”.

El representante del Minam sostuvo que el Perú ya cuenta con instrumentos importantes que aterrizan en acciones estas temáticas, como la Ley Marco de Cambio Climático, el Plan Nacional de Gobierno Abierto, el Plan Nacional de Derechos Humanos, el Plan de Acción para implementar las recomendaciones OCDE contenidas en la Evaluación de Desempeño Ambiental al Perú o el “Pacto de Madre de Dios por la Justicia Ambiental en el Perú”.

Foto: Jhonny Salazar / Actualidad Ambiental.

“Nos corresponde seguir siendo consecuentes y replicar de manera responsable el trabajo concertado que precedió a la aprobación del “Acuerdo de Escazú” para lograr su suscripción, entrada en vigencia y efectiva aplicación. Consideramos que este acuerdo constituye un instrumento regional sin precedentes, que facilitará acciones y estrategias para enfrentar desafíos comunes, promoverá el diálogo, la cooperación, la asistencia técnica y la creación de capacidades, fortalecerá la aplicación de los derechos de acceso a nivel nacional e incentivará la construcción de una agenda regional propia en materia de derechos de acceso sustentada en la sostenibilidad y la igualdad. El rol pionero de nuestro país en la región en temáticas ambientales y procesos como este debe continuar. Nuestro reto más próximo y urgente es lograr la suscripción e inmediata ratificación de este acuerdo. Es una tarea común, que nos involucra y compromete a todos, y que damos por descontado que se dará”, indicó León.

En ese sentido Carlos Reus, consejero del Ministerio de Relaciones Exteriores, indicó que “empezarán a trabajar en los informes técnicos pidiendo la opinión de los diversos sectores involucrados con miras a ser uno de los primeros países en lograr la ratificación del acuerdo”. Por su parte, el congresista Marco Arana reiteró la importancia del acuerdo y reafirmó su compromiso para impulsar el proceso de ratificación desde el Congreso.

Desafíos del Perú en derechos de acceso

Representantes de entidades públicas encargadas de vigilar, promover y cumplir con la aplicación de los derechos de acceso se pronunciaron sobre los beneficios del acuerdo así como de los retos del Estado para garantizar a cabalidad su ejercicio.

Alicia Abanto, representante de la Defensoría del Pueblo, aseguró que “los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales contenidos en dicho acuerdo ayudarán a cambiar el enfoque sobre ellos, que han venido orientando su aplicación y regulación”.

Aún hay metas que cumplir en el marco de su implementación, señaló Fabián Pérez, Director de Gestión Estratégica del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), al recalcar que no basta que el derecho a la información sea accesible sino que sea entendible para la ciudadanía, buscando además lograr la participación ciudadana en el marco de la aprobación de los estudios de impacto ambiental.

Fátima Contreras, abogada del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), resaltó que si bien el Perú podría estar cumpliendo con los estándares dispuestos en el acuerdo, es importante no olvidar que este establece un “piso” para la implementación de los derechos de acceso, por lo que el Estado deberá innovar medidas como herramientas, instrumentos y mecanismos que permitan una mejora y fortalecimiento del derecho de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales.

DATO

Se espera que el Gobierno participe en la Asamblea de las Naciones Unidas (Nueva York) el 27 de setiembre de este año, donde se abrirá el Acuerdo para la firma de los 33 países de América Latina y el Caribe. Luego debe ser ratificado por 11 Estados para entrar en vigor.