Escribe Valeska Ruiz Peña / Programa Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA

 

Este 2022 el Perú será evaluado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer de las Naciones Unidas, órgano de control de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), adoptada en 1979 y vigente desde hace 40 años (1982) en el país.

Para la CEDAW la discriminación contra la mujer “es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas, política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.

Durante este periodo de sesiones del Comité CEDAW, el Perú presentará su noveno reporte, dando cuenta de las medidas adoptadas para garantizar la vida libre discriminación de la diversidad de mujeres del país en base a lo requerido previamente, inclusive con información estadística. Serán 19 temas[1], que inician con las repercusiones de la pandemia causada por el COVID-19 en los derechos de la mujer y la igualdad de género. Recordemos que, el 2021, la ONU hizo el llamado de situar a las mujeres al centro de la recuperación, buscando la prevención de la violencia de género, promoviendo su participación política y pública, y su empoderamiento económico. Inclusive la ONU señaló la necesidad de que los Estados brinden apoyo financiero al trabajo de cuidados no remunerado.

Dentro de estos temas, debemos especial atención a los que se relacionan con los derechos colectivos indígenas de las mujeres, por ello se espera la información que proporcionará el Gobierno, especialmente sobre:

Participación en la vida pública y política: ¿cuáles son las medidas concretas adoptadas para lograr la participación y empoderamiento de las mujeres indígenas en sus comunidades? Así como las medidas para que accedan a cargos electivos en los planos nacional, local y comunitario.

Acceso a los servicios sociales: ¿cuáles son las medidas adoptadas para que las mujeres indígenas tengan acceso a los planes de salud pública, educación y el empleo?

Reparación por causa de racismo: ¿cuáles son las medidas adoptadas para proporcionar reparación a las mujeres en casos de discriminación racial, en particular por parte de las autoridades públicas o las entidades del sector privado?

Derechos al consentimiento libre, previo e informado: ¿cómo el Gobierno solicita y garantiza que las mujeres indígenas accedan a estos derechos, mencionando especialmente a los proyectos de gran escala, incluidas las actividades extractivas en tierras ancestrales?

Derecho a la tierra y territorio: el Gobierno debe señalar las medidas adoptadas para lograr la participación de las mujeres indígenas en las administraciones territoriales y en los procesos de adopción de decisiones relacionados con el uso de tierras ancestrales y para garantizar el acceso a los bienes indígenas y el control sobre ellos.

El CEDAW requiere conocer las medidas adoptadas por el Estado para integrar una dimensión de género en la adquisición de tierras, los cambios en el uso de la tierra; así como para asegurar que se proporcione a las mujeres una compensación adecuada por la adquisición de tierras y otros recursos en gran escala. Si se aplican medidas para garantizar la participación de las mujeres del medio rural en los procesos decisorios relativos a la propiedad de la tierra y la reforma agrícola.

Reducción de riesgos por desastres: el CEDAW ha requerido información sobre las medidas adoptadas para incorporar una perspectiva de género en las estrategias nacionales de gestión de la reducción del riesgo de desastres y de socorro y recuperación. La participación de las mujeres en la formulación e implementación de políticas y programas sobre la reducción del riesgo de desastres, la gestión posterior a los desastres y el cambio climático.

El CEDAW ha colocado también el importante tema de las defensoras de los derechos humanos, requiriendo conocer las medidas adoptadas para combatir el acoso, la intimidación y las represalias, incluidas las amenazas contra la vida y la integridad que sufren las defensoras de los derechos humanos o sus familiares, en particular los que defienden los derechos de estas mujeres, y las activistas sociales.

Finalmente, es preciso señalar que la CEDAW promueve en los Estados la adopción de “medidas especiales de carácter temporal” buscando acelerar la igualdad de facto entre las mujeres y hombres sobre temas específicos. En la evaluación del 2022, el Perú deberá informar sobre las medidas especiales temporales adoptadas que tengan relación con el acceso de las mujeres a la tierra y a la educación superior. En esa misma línea, el Estado deberá informar sobre las medidas positivas adoptadas para hacer frente a las dificultades específicas de los grupos de mujeres más desfavorecidos.

La fecha programada para la evaluación a Perú es el 15 y 16 de febrero del 2022.

 

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[1] Los temas requeridos por el Comité CEDAW al Perú son: repercusiones de la pandemia en los derechos de la mujer y la igualdad de género; mujeres, la paz y seguridad; marco legislativo y leyes discriminatorias, acceso a la justicia; mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer; medidas especiales de carácter temporal donde se hace particular mención sobre el acceso de las mujeres a la tierra y a la educación superior; esterotipos y prácticas nocivas; violencia de género contra la mujer; trata de mujeres y explotación de la prostitución; participación en la vida pública y política; defensoras de los derechos humanos; nacionalidad; educación; empleo; salud;  mujeres del medio rural; grupos de mujeres desfavorecidas; cambio climático y reducción del riesgo de desastres.