El Ministerio del Ambiente (Minam) presentó “La Fiscalización Ambiental en el Perú. 2011–2015”, una publicación que evalúa el trabajo realizado en los últimos años por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad encargada de la fiscalización ambiental, de asegurar el equilibrio entre la inversión privada en actividades extractivas y la protección ambiental, y de dirigir y coordinar el régimen de fiscalización ambiental del país a través del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Sinefa).

Buscando explicar qué pasó con la fiscalización ambiental en el Perú en los últimos 5 años, Actualidad Ambiental resumió el documento “La Fiscalización Ambiental en el Perú. 2011–2015” en 10 puntos principales:

1.- La fiscalización ambiental amplió su alcance a más sectores

El OEFA divide la fiscalización ambiental en el Perú en 2 etapas: 2008-2011, cuando se creó la institución y se fue implementando, y 2011-2015, cuando el OEFA se consolidó y fortaleció sus capacidades.

En esta segunda etapa, el OEFA asumió competencias de fiscalización ambiental en sectores como pesquería e industria manufacturera; y otros encargos como identificación de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos, fiscalización de la moratoria al ingreso de organismos vivos modificados (OVM) y control de consultoras ambientales.

2.- Aumentaron las acciones de evaluación de calidad ambiental

Desde 2010 hasta 2015 se realizaron 6181 acciones de evaluación de la calidad ambiental. De ese total, 6157 fueron realizadas en la segunda etapa del OEFA (2011-2015), en tanto que en la primera etapa se realizaron solo 24.

Estas evaluaciones sirven para investigar y analizar el estado de la calidad ambiental de una zona determinada (ecosistema, cuerpo de agua, etc.) para tomar decisiones a partir de esa información técnica.

3.- Se realizaron más de 13 mil supervisiones directas a los administrados

Entre el 2010 y el 2015, OEFA realizó 13 100 supervisiones directas a los administrados bajo su ámbito de competencia. 183 fueron realizadas en la primera etapa y 12 917 en la segunda etapa.

4.- Fueron resueltos más de 3 mil expedientes administrativos

Cuando el OEFA asumió sus funciones recibió 3070 expedientes administrativos del Osinergmin (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería) y del Ministerio de la Producción. Hasta el 2015 fueron resueltos 3059 expedientes, 3028 (98,6%) en la segunda etapa y 31 (1%) en la primera etapa. Al cierre del 2015 quedan 11 expedientes pendientes, que representan el 0,4% del total.

5.- Se consiguieron más recursos para la fiscalización ambiental

Entre el 2011 y el 2015, el monto ejecutado por el OEFA pasó de 24 millones de soles a más de 211 millones. Creció 766%. Este dinero fue invertido, según el reporte del OEFA, en acciones de fiscalización ambiental.

Los recursos del OEFA pueden provenir de conceptos como el aporte por regulación, que hasta la fecha se encuentra en controversia legal.

6.- Se implementó un marco normativo adecuado para la fiscalización ambiental

Fueron emitidas 65 normas que permitieron consolidar la fiscalización ambiental en el Perú, asegurando –según señala el informe- que se realice de manera transparente, razonable, predecible y participativa.

De esas 65 normas, 54 fueron reglamentos de efectos directos hacia los administrados, hacia las EFA, tipificaciones de infracciones y escalas de sanciones, reglamentos internos, guías normativas y reglas generales; 1 es una ley aprobada por el Congreso y realizada con el Minam. Las restantes 10 normas fueron aprobadas por el Minam a través de resoluciones ministeriales o decretos supremos.

7.- Se realizaron casi 3500 supervisiones a entidades de fiscalización ambiental

Entre el 2010 y 2015 fueron realizadas 3495 supervisiones a entidades de fiscalización ambiental. 41 fueron hechos en la primera etapa del OEFA y 3454 en la segunda.

8.- ¿Cuáles fueron las empresas con las multas más altas impuestas por el OEFA?

Al 31 de diciembre del 2015, 4 empresas recibieron multas superiores a las 1 000 UIT. Fueron Doe Run S.R.L. en Liquidación, Pluspetrol Norte S.A., Transportadora de Gas del Perú S.A. y El Misti Gold S.A.C.

De las cuatro empresas, Pluspetrol Norte S.A. fue quien recibió la multa más alta: 8 047, 41 UIT, más de 30 millones de soles.

Este monto dista del promedio de multas del OEFA, que entre el 2011 y 2015 fue de 72 UIT.

9.- ¿Fue cobrado el dinero de las multas?

Según el reporte del OEFA, al cierre del 2015 se ha cobrado casi el 95% de las multas impuestas. Esto luego de que se aprobara la Ley 30011, que permitió mejorar la ejecutoriedad de las resoluciones administrativas del OEFA. Antes de la referida ley, bastaba que se presentara una demanda contencioso-administrativa o de revisión judicial para que suspendiera el procedimiento de ejecución coactiva (el cobro de la multa). Así, cerca del 80% de las resoluciones se encontraban judicializadas.

Luego de la Ley 30011, se ha cobrado más de 100 millones de soles en multas y poco más de 4 millones de soles de multas se encuentran judicializadas o no cobradas en ejecución coactiva.

10.- Se desarrolló un nuevo enfoque de fiscalización ambiental en el Perú

Según señala el informe, partir de octubre del 2012 el OEFA ha implementado un nuevo enfoque de fiscalización ambiental que busca equilibrar el desarrollo de actividades económicas con el derecho de los ciudadanos a vivir en un ambiente sano, buscando un equilibrio entre la promoción de inversión y la protección ambiental.

Para evaluar el alcance de la información presentada en la publicación “La Fiscalización Ambiental en el Perú. 2011–2015”, Actualidad Ambiental consultó con Carol Mora, abogada del Programa de Política y Gestión Ambiental, que realizó el siguiente análisis:

Sobre la base de la información que ha producido el sector ambiente, podemos identificar 3 reflexiones y desafíos para la fiscalización ambiental del país:

1. Si bien la supervisión a las EFA (también denominada supervisión indirecta) ha aumentado en los últimos años, ayudando a mejorar el desempeño de las autoridades, consideramos que aún la brecha de eficiencia de la gestión pública es amplia. Hay un déficit importante en atención a los temas de pequeña minería y minería artesanal, informalidad en residuos sólidos, pérdida de áreas verdes y calidad ambiental urbana y actividades extractivas de menor escala, que requieren el fortalecimiento de autoridades regionales y locales que tienen a su cargo competencias de fiscalización y sanción ambiental. Para ello, se necesita mejorar al mismo nivel que el OEFA el marco normativo, presupuestal, humano e institucional de las autoridades subnacionales. El rector ha crecido, y eso es bueno, pero se requiere ahora un enfoque integral a nivel de sistema.

2. El impacto de la Ley 30230 y el “nuevo enfoque de la fiscalización ambiental” no es un debate cerrado. Aún debemos dialogar y analizar qué sucederá con la fiscalización ambiental en el 2017, cuando el OEFA deba sancionar y dictar medidas correctivas de manera simultánea porque el plazo de la Ley 30230 haya vencido. Se han dado argumentos a favor y en contra de lo que debe primar: medidas correctivas o sanción; sin embargo, consideramos que no debe elegirse porque son medidas con objetivos diferentes: una repara y la otra reprime para el futuro una nueva infracción. En algunos casos la intensidad de la medida correctiva puede ser una lección para una empresa pero en otros casos, como en el de Petroperú, vemos que la disuasión de la medida correctiva no surte efectos y lo que se requiere desde el inicio es castigar para evitar negligencias futuras con efectos irremediables.

3. La empresa es un actor clave y debe asumir un rol no solo en relación a su proyecto de inversión sino también en relación a la institucionalidad en la que se desenvuelve. Durante los últimos años, parte del sector privado interpuso cuestiones legales por dos herramientas clave: la contracautela para asegurar la ejecutoriedad de las resoluciones del OEFA y el aporte por regulación que financia (sumado a otros recursos) la fiscalización ambiental del país. Estas controversias en sede administrativa y judicial han demandado no solo un despliegue de defensa legal por parte del Estado para defender las herramientas que aprobó el Congreso sino que evidencia que se intentan debilitar mecanismos, desde nuestro punto de vista, legales y necesarios.

Lo que sigue es trabajar por el no retroceso de aspectos ya consolidados, apostar y acompañar los procesos que funcionan bien, estar atentos y reaccionar frente a intenciones de debilitar la institucionalidad ambiental, enfocarnos en los sectores ambientales críticos y con ausencia estatal, reprimir a aquellos operadores que demuestran conductas reiteradas o actúan bajo la completa ilegalidad y transmitir conocimiento desde el enfoque de sistema y no de entidades que funcionan aisladamente según sus prioridades».

La Fiscalización Ambiental en el Perú. 2011–2015