- Especialistas de la SPDA opinan sobre los temas señalados durante el discurso de Mirtha Vásquez para obtener el voto de confianza del Congreso de la República.
- Entre los puntos más resaltantes, figuran la aprobación de la Estrategia Nacional de Lucha contra los Delitos Ambientales y el impulso a la ratificación de los tratados ambientales que el Perú tiene pendiente firmar.
La mañana del lunes 25 de octubre, durante casi dos horas, la presidenta del Consejo de ministros, Mirtha Vásquez expuso sobre la política general del gobierno y sus principales medidas. Entre los puntos clave mencionados, resaltó su compromiso de garantizar el acceso a una justicia ambiental para los defensores ambientales del país y la necesidad de responder a las demandas históricas de los pueblos indígenas.
Foto: Tomas Müller
1. Cambio climático
Con el fin de lograr una sostenibilidad ambiental, Vásquez indicó la promoción de inversiones privadas en generación de energías renovables. “(Esto) permitirá contribuir al logro de las metas nacionales en materia de carbono neutral al 2050 y de mitigación de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero al 40%”, detalló durante su presentación.
Respecto a la crisis ambiental, se aprobará la Declaratoria de Emergencia Climática, anunciado por el presidente Pedro Castillo durante la Asamblea de las Naciones Unidas. “Impulsaremos acciones para acelerar la implementación de las medidas de mitigación y adaptación, orientadas a reducir la deforestación y la vulnerabilidad de las poblaciones con mayor riesgo, alineados a nuestros compromisos climáticos y a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles”, mencionó ante el Pleno la mañana del lunes.
2. Calidad ambiental y ciudades sostenibles
Respecto a la calidad ambiental, Mirtha Vásquez indicó que se mejorará a través de la aprobación de la estrategia para combatir la contaminación plástica en el mar peruano, ríos, lagos y lagunas. Respecto a este punto, Bruno Monteferri, director de Conservamos por Naturaleza de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) indicó que las medidas para detener la distribución de envases como el tecnopor no deberían ser dilatadas.
«En la actualidad no existe la infraestructura para reciclar el tecnopor, y hay pruebas del impacto en la salud cuando se pone comida caliente. Por eso, cualquier postergación de medidas no deberían ser ahora dilatadas. Las empresas han tenido un plazo progresivo y razonable para poder adecuarse, y es importante que se cumpla con lo previamente establecido”, mencionó.
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Asimismo, en su discurso, Vásquez hizo referencia a la aprobación del Plan de Gestión Integral de atención a personas afectadas por Metales Pesado, Metaloides y sustancias químicas tóxicas y al reglamento para la identificación y gestión de Pasivos Ambientales.
Por otro lado, mencionó que “se actualizarán los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y los Límites Máximos Permisibles (LMP) para emisiones y efluentes de las actividades extractivas como la minería e hidrocarburos; se priorizará la remediación de sitios contaminados; y se implementará el laboratorio nacional de análisis ambiental, así como la red de monitoreo de calidad del aire y agua”.
Carol Mora, directora del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA, destacó: «Desde la SPDA coincidimos en que uno de los mayores desafíos ambientales actuales es establecer una estrategia de remediación y de recuperación de sitios impactados por las actividades de hidrocarburos, minería y actividades informales que siguen representando riesgos y amenazas a la vida y salud de las personas«.
En esta línea, Mora agregó: «el monitoreo es fundamental, pero si no existe un marco legal sólido que promueva el cierre progresivo de las actividades extractivas, evitando que al cierre de las inversiones exista la menor cantidad de pasivos ambientales posibles, simplemente tendremos un marco declarativo y no exigible. Tenemos empresas que han cerrado operaciones dejando sitios mal abandonados en términos ambiental, ahí ya no estamos hablando del impacto de la economía en nuestro entorno, estamos hablando de daño ambiental y es lo que el sistema necesita atender».
Respecto a ciudades sostenibles, resaltó como modelo pionero de gestión sostenible la Ciudad Bicentenario en Ancón, que involucra proyectos estratégicos como Franja Verde, el cual permitirá incrementar el equivalente al 60% del área verde pública actual en Lima. «No hay desarrollo ni buen vivir sin un lugar sano en el que vivir. Trabajaremos juntos en garantizarlo», acotó.
«El camino hacia ciudades sostenibles es un proceso que debe ser colaborativo y descentralizado. Debemos aspirar a implementar una estrategia integral que considere elementos citadinos esenciales, como la conservación y defensa de espacios públicos, el desarrollo de infraestructura para la movilidad alternativa e inclusiva, la infraestructura para la gestión de residuos sólidos y las condiciones para la gestión de riesgos de desastres y construcción de resiliencia considerando los eventos climáticos. Cuando hablamos de ciudades debemos tener una mirada que trascienda de nuestro entorno inmediato y de Lima para, en la diversidad de nuestro país, incorporar el concepto de derecho a la ciudad«, indicó Carol Mora, directora de la SPDA.
3. Defensores ambientales y justicia ambiental
Frente al aumento de ataques contra las personas defensoras de derechos humanos en el país, la titular de la PCM propuso el fortalecimiento de recursos para una adecuada implementación de las medidas de prevención y protección previstas en el “Mecanismo Intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos”, aprobado el 22 de abril de este año. “Para proteger a quienes protegen nuestra casa, consolidaremos el marco de protección para personas defensoras ambientales”, detalló.
Katherine Sánchez, especialista legal del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA, indicó: «Para garantizar la aplicación de este mecanismo, el Ejecutivo debe priorizar tres acciones principales. En primer lugar, debe establecer una línea presupuestal específica en los ocho ministerios que intervienen, ya que cada sector actuará con presupuesto propio según el decreto supremo de creación del mecanismo. En segundo lugar, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), en coordinación con el Ministerio del Interior, deben aprobar el protocolo de actuación para la implementación de las medidas de protección a cargo de la Policía Nacional del Perú».
«En tercer lugar, el MINJUSDH debe hacer pública la información del registro de situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos y continuar con la capacitación y sensibilización de las autoridades vinculadas al mecanismos, así como de los demás niveles de gobierno y del Poder Judicial», agregó Sánchez.
Asimismo, frente a los delitos ambientales como la minería y tala ilegal, Mirtha Vásquez garantizó el acceso a la justicia ambiental con el fin de disponer de actividades correctivas oportunas. Es así que propuso la aprobación de la Estrategia Nacional de Lucha contra los Delitos Ambientales y el impulso de la ratificación de tratados ambientales pendientes de firmar.
«El Acuerdo de Escazú aguarda su ratificación e implementación, es una deuda del Estado peruano para con todos los peruanos y peruanas. El debate desde el actual Congreso de la República debe ser una prioridad y saludamos que ya sea un compromiso expreso del presente gobierno. Este acuerdo, que ya contaba con el respaldo del Ejecutivo en su momento y que empezó a negociarse en el 2012, contribuirá a garantizar y elevar los estándares de los ejes de democracia: transparencia y rendición de cuentas, participación pública y justicia ambiental«, detalló Fátima Contreras, abogada del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA.
Durante su discurso, Mirtha Vásquez aseguró que el Ejecutivo se enfocará en la lucha contra la minería ilegal «en toda la cadena de valor del oro ilegal, la aprobación de la Política Nacional y consolidaremos un sistema de trazabilidad del oro”. Detalló, además, que se impulsará un monitoreo satelital y remoto de actividades ilícitas en la Amazonía peruana para lograr una intervención preventiva de las autoridades.
Foto: Andina
4. Derechos de los pueblos indígenas
Uno de los grupos vulnerables con mayor participación en la protección de nuestros bosques son los pueblos indígenas de la Amazonía peruana. Respecto a ellos, mostró la importancia de lograr el pleno ejercicio de sus derechos a través de la construcción de una ciudadanía intercultural y una democracia inclusiva.
“Se fortalecerá el Viceministerio de Interculturalidad, a fin de transversalizar y hacer realidad la inclusión del enfoque interculturalidad en todas las instituciones del Estado”, indicó. Asimismo, resaltó que se garantizará el cumplimiento de la Ley Nº 29785, ley del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y originarios.
En esta linea, se actualizará la Política Nacional para la Transversalización del Enfoque Intercultural con el objetivo de articular las acciones del Estado para garantizar los derechos de los pueblos indígenas u originarios.
Además, se aprobará e implementará la Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios, “la primera política pública para pueblos indígenas que involucra a 55 servicios públicos. En ella se articulará el trabajo de más de 20 entidades públicas a nivel nacional, a través de metas anuales al 2030 que incluirán siete temas prioritarios: la seguridad jurídica de tierras y territorios; desarrollo sostenible; conocimientos tradicionales; pleno ejercicio del derecho a la consulta previa y participación indígena; Pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI); derechos de la mujer indígena; y cambio climático”, precisó este lunes ante el Congreso.
Respecto a la protección de los conocimientos tradicionales resaltó que las “herramientas como el registro de sus conocimientos colectivos vinculado a recursos biológicos permite y asegura la preservación de los mismos en el tiempo, y la protección del Estado para que se respete la prioridad de los pueblos sobre ellos”, finalizó.
Finalmente, impulsará la implementación de la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Intercultural para el año 2040, así como una Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano con enfoque intercultural. “Se adaptará la plataforma al idioma quechua y, progresivamente, a otras lenguas”, indicó.
Foto: Conservamos por Naturaleza
5. Áreas Naturales Protegidas
La presidenta del Consejo de Ministros finalmente indicó que se implementará el Programa de Financiamiento Sostenible en la Amazonía Peruana a través de los bionegocios, con veinte millones de dólares para a contribuir en la agricultura familiar con buenas prácticas de conservación de productos de la biodiversidad. Asimismo, “se fortalecerá la articulación comercial de productos de las Áreas Naturales Protegidas a través de la marca Aliados para la Conservación; y a consolidar nuevas Áreas Protegidas”, finalizó.
Entre las principales áreas que esperan protección se encuentran las zonas marino costeras al norte de nuestro país, como es Illescas, que desde hace once años busca ser declarado como Reserva Nacional. “En los casi tres mil kilómetros de costa peruana quedan pocos espacios libres que permitan proteger el ecosistema marino costero. Es por ello, que hay una urgencia por concretar la categorización de Illescas y el establecimiento de Mar Tropical de Grau” explicó Alfredo Gálvez, especialista legal del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA.
Foto: Andina
6. Formalización minera y minería artesanal
Mirtha Vásquez aseguró que se elaborará la Política Nacional Multisectorial de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. Además, con el fin de consolidar una visión nacional para el desarrollo estratégico y sostenible del sector, “se impulsará la nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal que brinde soluciones definitivas a los problemas de la minería de pequeña escala y no se siga estableciendo medidas temporales para su formalización”, precisó.
Escucha el discurso completo aquí:
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