Foto: Actualidad Ambiental
- La minería ilegal ha deforestado miles de hectáreas, ha impactado sobre áreas protegidas y territorios indígenas, además representa una amenaza constante para los defensores ambientales, pero a pesar de ello ninguno de los seis partidos políticos líderes en las encuestas ha planteado una política clara y concreta para luchar contra este flagelo.
Cada año, la minería ilegal deforesta miles de hectáreas de bosques amazónicos. Según el Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), en los últimos 30 años esta actividad ha deforestado más de 95 mil hectáreas de bosques, y la región más afectada ha sido Madre de Dios.
Esta actividad además ha impactado sobre áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento, entre ellas la Reserva Nacional Tambopata y la Reserva Comunal Amarakaeri, ambas ubicadas en la región Madre de Dios, lugares sensibles que resguardan una importante muestra de nuestra biodiversidad y es hogar de diversas poblaciones indígenas. Los bosques y ríos de Loreto, San Martín, Huánuco, Ucayali y Amazonas no se salvan de esta actividad.
La minería ilegal también ha traído consigo problemas conexos como la trata de personas, la delincuencia y el sicariato, la evasión de impuestos y la afectación a la salud por la contaminación de ríos y suelos con metales como el mercurio.
Otro problema grave ha sido el amedrentamiento y las amenazas contra los defensores ambientales quienes por defender sus tierras y el patrimonio natural de todos los peruanos, son golpeados y hasta asesinados. Muchos de ellos piden protección a las autoridades, pero no lo consiguen. Una de sus víctimas fue Alfredo Vracko, quien fue asesinado en el 2015 por presuntos mineros ilegales con los que tenía un conflicto.
Son innumerables las fotografías y videos que han llamado la atención nacional y mundial. Incluso hace poco la NASA publicó una fotografía satelital que muestra el escenario desolador que ocasiona la minería ilegal en uno de los espacios que debería estar entre los más protegidos del planeta debido su importancia para el futuro de los seres humanos.
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Las pocas propuestas
Pese al escenario tan adverso, ninguno de los seis partidos políticos que sobresalen en las encuestas (Acción Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú, Avanza País, Fuerza Popular y Victoria Nacional) ha planteado una propuesta para luchar contra esta actividad. Algunos solo han mencionado que existe este problema, pero no han planteado medidas concretas que nos den una idea de cómo el próximo Gobierno se enfrentará a este flagelo, según pudimos corroborar en un informe donde analizamos los planes de gobierno.
En total, solo tres partidos hacen una mención al problema. Victoria Nacional de George Forsyth, por ejemplo, se compromete a luchar contra la minería ilegal, fortalecer el proceso de formalización y reducir los daños ambientales, pero no da detalles de cómo lo hará.
Por su parte, Fuerza Popular de Keiko Fujimori solo hace referencia a la formalización de mineros artesanales, a través de cambios en la legislación, pero no menciona alguna propuesta respecto a la lucha contra la minería ilegal.
Finalmente, Acción Popular de Yonhy Lescano solo señala, en su plan de gobierno, que enfrentarán esta actividad pero no detalla cómo. Los demás partidos no tratan el mencionado tema.
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Foto: NASA
¿Qué le espera al próximo Gobierno?
Hace dos años, el Gobierno inició la Operación Mercurio, un operativo multisectorial para enfrentar a la minería ilegal en Madre de Dios. Si bien esta iniciativa logró erradicar a la mayoría de los mineros que operaban dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, no pudo contener la aparición de nuevos focos de minería. Es decir, no evitó que los mineros migren hacia otras zonas.
Desde marzo de 2019 a diciembre de 2020, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) realizó unos 700 operativos, y se logró recuperar la zona denominada “La Pampa”, lugar donde se concentraba la mayor parte de los mineros.
A mediados de marzo, el procurador público del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán, afirmó que no basta con colocar militares en la zona para enfrentar este problema, sino se necesita de la colaboración de diversos sectores porque este problema también tiene que ver con la ausencia del Estado en zonas alejadas.
Asimismo, hizo hincapié en que el proceso de formalización no debe durar tanto y no se deben dar tantas prórrogas porque eso genera impunidad. Esta opinión es compartida por la Fiscalía Ambiental (FEMA), que en diciembre de 2020 y febrero de 2021 manifestó su rechazo a los intentos de ampliar el proceso de formalización a través del Congreso.
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La generación de alternativas económicas sostenibles también es otra meta que debería plantear el Gobierno, según Víctor Zambrano, presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata. Para el también defensor ambiental, toda acción del Estado para enfrentar esta actividad debe incluir a los actores de la zona como los pueblos indígenas, agricultores, entre otros.
Otro tema que no se debe dejar de lado es la restauración de los ecosistemas, una tarea que podría demandar el trabajo de varias décadas, según el coordinador de Reforestación y Restauración del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), France Cabanillas.
Finalmente, Luisa Ríos, coordinadora regional de la SPDA en Madre de Dios, señaló que para luchar contra la minería ilegal es necesario un compromiso político de todos los candidatos a la presidencia y al Congreso.
“Es necesaria la promoción de acciones articuladas para la atención oportuna de actividades ilegales que afectan los bosques de Madre de Dios. Sobre todo, consolidar los avances que se han logrado con la Operación Mercurio y promover que continúe su implementación con los ajustes que se requieran. Estas acciones, además, deben ir acompañadas con el fortalecimiento de espacios de articulación para mejorar el control y vigilancia forestal y de fauna silvestre en la región”, señaló la especialista en un artículo publicado en Actualidad Ambiental.
“Esta promoción debe surgir desde los diferentes niveles de actores políticos, un escenario que dista de la realidad”, agregó Luisa Ríos, recordando que el año pasado el congresista Alexander Lozano (Unión por el Perú), representante de Madre de Dios, presentó un proyecto de ley que buscó promover la expansión de la minería en la Amazonía, pero luego retiró dicha iniciativa.
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