Foto: Thomas Müller / SPDA
Escribe Valeska Ruiz Peña / Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas
Este 10 de diciembre se conmemoran 72 años desde que la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU) proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), el documento que reconoce los derechos fundamentales inherentes en todas las personas del mundo, sin discriminación.
Debido al contexto de pandemia por el COVID-19, la ONU centra la conmemoración en llamar la atención a los Estados sobre la necesidad de reconstruir para mejorar, por lo cual propone que los derechos humanos de todas las personas sean la base para los esfuerzos de recuperación, haciendo frente a las acciones u omisiones que históricamente han generado desigualdades, toda forma de la exclusión y discriminación[1].
Precisamente, en base a la información que el sistema internacional de protección de derechos humanos ha generado durante este último periodo, y los datos que el Gobierno peruano tiene, se evidencia que la participación de las mujeres indígenas es un medio que aportará a garantizar el acceso a los otros derechos, y la tarea no será fácil considerando los desafíos específicos que ellas afrontan para construir una mejor normalidad después del COVID-19, como ha calificado la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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Foto: Diego Pérez / SPDA
Antes del covid: las mujeres indígenas al fondo de los indicadores sociales y económicos
El 2019, antes de la pandemia causada por el COVID-19, la OIT presentó el informe que presenta la situación de los derechos de los pueblos indígenas, en el marco de la implementación de su Convenio número 169. Este[2] documento brindó los siguientes datos a escala mundial:
- La pobreza está asociada al género y a la población indígena: el 7% de las mujeres indígenas viven con menos de 1.90 dólares diarios.
- El salario de mujeres y hombres indígenas con empleo remunerado es un 31% inferior al de los trabajadores no indígenas, lo que representa la mayor brecha salarial de las personas indígenas en todas las regiones.
- Las mujeres indígenas dependen de forma desproporcionada de un empleo en la economía informal para llegar a fin de mes: más del 85% de ellas desarrollan su labor en la economía informal en América Latina y el Caribe.
- Las desigualdades en materia de formación constituyen unas de las principales dificultades para las personas indígenas en América Latina y el Caribe: casi el 32% de los adultos indígenas que trabajan no poseen ningún tipo de estudios, frente al 13% de los adultos no indígenas.
Para la OIT, los pueblos indígenas del mundo tienen 3 veces más probabilidades de padecer pobreza extrema frente a otros grupos y son las mujeres indígenas quienes se encuentran en el fondo de todos los indicadores sociales y económicos. El análisis elaborado por regiones revela que en América Latina los pueblos indígenas padecen la peor realidad frente al total de los pueblos indígenas del mundo. Por su lado, la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, reconoce específicamente el papel de la mujer rural en la supervivencia económica de sus familias y se establece la obligación de los Estados Parte de adoptar medidas para asegurar que la mujer participe en el desarrollo rural y en sus beneficios[3].
A escala nacional, los Censos del 2017[4] nos revelan los siguientes datos sobre acceso a documento nacional de identidad, salud, educación y edad para trabajar relacionado con mujeres y hombres de los pueblos indígenas andinos y amazónicos:
De acuerdo con el informe del Navegador Indígena[5], los efectos específicos del COVID-19 sobre las mujeres indígenas incluyen discriminación múltiple, remuneración desigual, violencia y acoso -tanto dentro como fuera de sus comunidades-, acceso limitado a los servicios de salud, falta de reconocimiento de sus derechos sobre la tierra, y participación limitada en la toma de decisiones de procesos que afectan a sus vidas. La ONU ha determinado que a nivel mundial, el COVID-19 agravó la pobreza y aumentó las desigualdades, la discriminación estructural tan arraigada y otras brechas en la protección de los derechos humanos, afectando por supuesto a las mujeres, y más a las mujeres indígenas, por lo que hace un llamado para redoblar los esfuerzos por erradicar cualquier tipo de discriminación, especialmente la estructural y el racismo; considerando que la igualdad y la no discriminación son requisitos básicos para el mundo después del COVID-19. Por ello, la ONU insta a los Estados a fomentar y proteger los derechos económicos, sociales y culturales; y propone la solidaridad y participación de la personas, la sociedad civil y las comunidades de base, hasta del sector privado para sumarse en la construcción de un mundo mejor después de la pandemia, especialmente para los grupos de especial protección como lo son las mujeres de los pueblos indígenas, abordando las acciones desde un enfoque intersectorial que tenga en cuenta tanto la perspectiva de género como la de los pueblos indígenas.
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Foto: Jaime Tranca / SPDA
El desafío: más participación de las mujeres para la reconstrucción y mejor normalidad
Quizá, uno de los desafíos más visibles que se proponen para una mejor normalidad para las mujeres indígenas están relacionados con promover mecanismos eficientes y efectivos su participación en la toma de decisiones, sobre todo aquellas que ataña sus propios procesos de desarrollo; sin que esto signifique una colisión del buen vivir intra e intercomunitario, dado que las mujeres indígenas se enfrentan a múltiples obstáculos para acceder a participar en la vida política o brindar opinión sobre sus sentires, relaciones con la territorialidad y visión de buen vivir, o para ser escuchadas.
Una salida que viene cobrando un efecto positivo es la autoorganización y el fomento de redes por medio de las cuales trasladan sus diversas voces en diferentes niveles: comunales, locales, nacionales y mundial. El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU ha señalado que «el ejercicio del poder para las mujeres indígenas se expresa a través de las posibilidades de «estar», la presencia, la palabra y la capacidad de decidir por sí mismas» (Naciones Unidas, 2013). Por consiguiente, llegar a las mujeres indígenas, apoyarlas e implicarse con ellas y sus aspiraciones es decisivo para las personas encargadas de formular las políticas, y su empoderamiento económico es fundamental para cerrar las brechas socioeconómicas en cuestiones de origen étnico y de género[6].
Por ello, resulta imperante que desde el gobierno nacional y los subnacionales se fortalezcan las instituciones que aseguren la visibilidad y participación de las mujeres indígenas. Por ejemplo, la OIT reconoce que son varios los países de la región que actualmente han adoptado políticas o mecanismos para eliminar la discriminación y la violencia contra ellas, y que ha resultado útil informarlas sobre sus derechos y aprovechar sus aportaciones a un desarrollo sostenible e inclusivo. Sin embargo, estos encuentros deben revalorar las formas de expresión de dichos saberes, promover mecanismos de memorias y sentires por lo que el diálogo intercultural será crucial para establecerlos. Para las tareas pendientes, este sector de la sociedad civil organizada está dispuesta sumar.
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