Ante los actos de violencia registrados en Oyón (Lima) debido a la protesta contra la compañía minera Buenaventura, el cual ya ocasionó la muerte de un joven de 16 años, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades y población a restablecer el orden público en la zona y evitar más enfrentamientos que ponen riesgo la vida de pobladores y agentes del orden.

La Defensoría, también recordó a los manifestantes que el bloqueo de carreteras y los daños a la propiedad pública son delitos, por lo que exhortó a los dirigentes comuneros a establecer canales de entendimiento entre autoridades, pobladores y la minera.

La muerte de Brando Urbano Castillo se dio en el desalojo de los manifestantes que habían bloqueado la vía de acceso a la Unidad de Producción de Uchucchacua de la compañía minera.

Cabe destacar que hace dos semanas, los comuneros de la zona piden el cumplimiento de los acuerdos y compromisos de Buenaventura para con la comunidad de los años 2001 y 2006, referidos principalmente a la inversión de agua y desagüe para la comunidad.

Asimismo, solicitan el cambio o reasignación de los funcionarios de las áreas de Ingeniería, Recursos Humanos y Relaciones Comunitarias y del Superintendente de Operaciones: “por los constantes abusos y maltratos que cometieron con nuestros hermanos comuneros”.

También piden la verificación de los hitos de las áreas cedidas a la compañía, ya que esta empresa viene ocupando más terrenos comunales sin el consentimiento de la comunidad.

Por su parte, mediante un comunicado, Buenaventura indicó que ha venido invocando el diálogo con la dirigencia de la Comunidad de Oyón a fin de alcanzar los acuerdos y compromisos asumidos por ambas partes, por lo que reitera su voluntad de establecer canales de comunicación sin presiones y en un marco de respeto mutuo.