Escribe César Leonidas Gamboa Balbín / Coordinador Programa Energía – Derecho, Ambiente y Recursos Naturales DAR, Profesor de Derecho Ambiental – Universidad Nacional Mayor de San Marcos

El día de ayer, 10 de agosto, el Gobierno Peruano pudo resolver –tras una lenta respuesta luego de dos semanas de paro en la provincia de la Convención, Cusco- un conflicto socioambiental que estaba ad portas de convertirse en otro Baguazo si no se iniciaba un dialogo con la población. Al final, se lograron los “Acuerdos de Quillabamba” que benefician directamente el desarrollo regional (“planta de fraccionamiento del gas de Kepahiato”), y el nacional (“las reservas del lote 88 están dirigidas para el consumo interno”).

Lo dicho por el Primer Ministro, Javier Velásquez Quesquén, marca un hito en la política energética nacional: desde un “no a la renegociación de los contratos” de hace unos años, hacia un si condicionado por un plazo de 5 años sobre el destino de las reservas de gas para el consumo interno, y ahora a un giro total de su posición inicial, una decisión que debe tener un respaldo legal y contractual para dotarle de seguridad jurídica. Sin embargo, el tema es más preocupante y va mucho más allá de constantes negociaciones con las empresas y la población local.

Las causas de este conflicto se deben a un aspecto del proyecto Camisea que este gobierno ha criticado en la campaña electoral del 2006: la inviabilidad del proyecto de exportación de gas de Camisea; el segundo: la falta de masificación del uso del gas en nuestro país en los últimos 5 años. Si se hubiera desarrollado toda la infraestructura para utiliza el gas en todo el territorio nacional al año 2010, el inicio de las operaciones de exportaciones hubiera pasado desapercibido el pasado junio. Lo cierto es que las regiones seguirán reclamando su cuota de gas -muy probablemente se apersone Tacna que reclama un gasoducto para que llegue a su Región-, y nuevamente veremos continuas negociaciones de este tipo.

Sin embargo, fuera de una mala negociación de nuestros recursos naturales estratégicos con los contratos de Camisea, este tema cobra más relevancia frente a una falta de planificación energética a largo plazo. No solo porque las críticas hacia la exportación del gas de Camisea han señalado que este proyecto pone en inseguridad energética a nuestro país, sino porque se ha visto acompañada de otras decisiones que se han tomado. Como lo ha mencionado Dourojeanni (2010), es el momento de diseñar una política energética que sustente el modelo de desarrollo que queremos para nuestro país en los próximos 40 años. Esta planificación energética debe contar con tres parámetros importantes: un criterio de sostenibilidad, de acorde a estándares ambientales y sociales, es decir, la capacidad de esta política de señalar la viabilidad de nuestra matriz energética de acorde a costos ambientales (valorización de la biodiversidad) y sociales (enfoque de derechos); la seguridad energética de la sociedad peruana en un periodo definido (horizonte permanente); y la equidad en el acceso de esa energía, no solo el acceso a la energía debe asegurar las inversiones sino un preferente acceso hacia los más pobres de nuestro país.

En ese sentido, hoy se está discutiendo una sencilla propuesta de planificación energética alcanzada por el Ministerio de Energía y Minas, la cual necesita un debate mayor y más profundo, permitiendo lograr consensos y acuerdos sociales entre diversas agrupaciones políticas, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, para las próximas décadas. Asimismo, algunas inversiones de la banca multilateral como el Banco Mundial a través de los Development Project Loans o el BID con el Proyecto NUMES y otros prestamos programáticos en energía y cambio climático, podrían apoyar a nuestro país a un desarrollo energético sostenible a largo plazo. Para estos bancos, al menos, este sí sería un “plus” de su participación en todo el proceso de Camisea.

Finalmente, volviendo a Camisea, queda aún pendiente evitar cualquier tipo de impacto al Santuario Nacional Megantoni, área protegida de carácter intangible. Esperamos que se mantenga esta situación de seguridad jurídica porque permitir la realización de cualquier operación en esta importante área natural protegida, especialmente para la población local y los pueblos indígenas, podría convertirse en un mal precedente para otro tipo de áreas, las cuales conservan nuestra biodiversidad y se convierten en las únicas reservas no impactadas por el boom de inversiones en proyectos energéticos y de infraestructura que se desarrollan hoy por hoy en la amazonia peruana.

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