• Según Orpio y Aidecobap, hay indicios de un posible encubrimiento, pues la escena del crimen habría sido alterada y los cuerpos de los indígenas fallecidos fueron retirados sin intervención fiscal.

 

Luego de casi cinco meses desde el enfrentamiento en el Lote 95 que dejó tres indígenas fallecidos, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) anunció una denuncia “contra los que resulten responsables por el delito de homicidio calificado y lesiones graves, abuso de autoridad y encubrimiento ocurrido el 9 de agosto en la comunidad de Bretaña, en el marco de una protesta pacífica”, según precisó Jorge Pérez, presidente de la mencionada organización en una conferencia de prensa realizada el pasado 7 de diciembre.

Esta denuncia, de acuerdo a los líderes indígenas de Loreto, es una medida adoptada frente a la inacción del Estado para asumir responsabilidad sobre lo ocurrido. “Lo que se ha visto del Estado también es que busca la forma de excluir de esta responsabilidad a la empresa petrolera y a la Policía Nacional”, sentenció el apu Jorge Pérez.

Como se recuerda, el 8 de agosto -en vísperas del Día Internacional de los Pueblos Indígenas- la protesta en la que participan indígenas kukamas de parte del circuito petrolero de Loreto terminó en un enfrentamiento que, según denuncian las organizaciones indígenas, fue producto de la represión policial. Como resultado Wilian López, Chemilton Flores y Elix Ruiz fallecieron y una decena de indígenas fueron heridos.

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La denuncia

El líder de Orpio señaló que existen videos en los que se puede observar que los indígenas no hicieron uso de ningún arma de guerra, y que ello servirá para formular su denuncia, ya que el Estado “no quiere hacerse cargo, no quiere aceptar la realidad, que bajo su responsabilidad está ese delito de Lesa humanidad por el fallecimiento de 3 hermanos kukamas”.

Pérez resaltó que ni las viudas y huérfanos, ni los heridos producto del enfrentamiento estarían recibiendo apoyo por parte del Estado, lo cual calificó como un atropello a sus derechos humanos. “Viendo este abuso, viendo este silencio o la forma de como el Estado quiere culpar a los indígenas y evitar su responsabilidad se va a presentar esta denuncia”, sentenció.

Además, según denuncia el líder indígena James Pérez, lejos de recibir apoyo para recuperarse de sus lesiones, los indígenas heridos en la protesta del 8 de agosto estarían siendo “criminalizados”. “Lo único que han hecho hasta el día de hoy es notificar a los hermanos, perseguirlos, criminalizarlos y buscar meternos a la cárcel”, manifestó.

“Lo único que hemos encontrado como respuesta ha sido la muerte de nuestros hermanos”

James Pérez, quien es presidente de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua (Aidecobap), afirmó que “de milagro” aún está vivo, pues asegura que vio caer heridos a más de un indígena cerca de él.

Los líderes indígenas también denuncian un posible encubrimiento por parte del personal de seguridad de Petrotal y la policía, al haber extraído los cuerpos de los fallecidos sin la presencia del fiscal.

“Dos de nuestros hermanos que mueren en el acto, según la necropsia de ley que les han practicado en Iquitos, han sido sustraídos por parte de la seguridad y de la Policía Nacional. Los han metido al campamento, al campamento de la base de Petrotal, desde esas horas, desde la medianoche hasta las 5 de la mañana”, narró James Pérez.

Dato:

• El 7 de diciembre, luego de la conferencia de prensa, los apus de Orpio y Aidecobap se reunieron con Elma Vergara, presidenta de la Junta de Fiscales de Loreto, a quien pusieron al tanto de su denuncia.

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