Foto: SPDA/Spectabilis
- Jorge Pérez, presidente de Orpio, pide al Gobierno Regional de Loreto (Gorel) que no se otorguen concesiones forestales en aquellos sitios o territorios solicitados por pueblos indígenas para su reconocimiento y titulación.
Por Angela Rodriguez / arodriguez@spda.org.pe
En Loreto viven 32 pueblos indígenas u originarios, distribuidos en 1207 comunidades reconocidas hasta la fecha. Estas comunidades han sido fuertemente golpeadas por la pandemia del COVID-19, que ha afectado tanto la salud de sus poblaciones, como su economía. En este contexto, las organizaciones indígenas advierten que es vital que los esfuerzos del Gobierno por reactivar la economía del país incluyan a las comunidades indígenas.
Asimismo, ninguna inversión o proyecto debería darse si vulnera derechos colectivos de los pueblos indígenas, recalca Jorge Pérez, presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), con quien conversamos para conocer sus expectativas y los retos de los pueblos indígenas en el proceso de reactivación.
Jorge Pérez, presidente de Orpio. Foto: Aidesep
Antes de la llegada de la pandemia, ¿cuáles eran las principales actividades económicas de las comunidades nativas?
La economía de las comunidades estaba basada principalmente en la agricultura y comercio a pequeña escala. Es decir, en los productos agrícolas que sacan a los mercados de abasto más cercanos. Pero, también, estaba relacionada con la pesca, con la caza y algunos productos forestales, como las lianas y las plantas medicinales. Con estas actividades generaban ingresos las comunidades y familias.
Entendemos que muchas de estas actividades fueron paralizadas durante la cuarentena. ¿Cómo ha afectado el desarrollo económico de las comunidades todo este contexto de pandemia?
El cambio ha sido brusco, dado que los mercados están en estos momentos cerrados, no hay mucha demanda. Además, los hermanos indígenas han quedado con las secuelas del virus. Entonces, los que han sobrevivido tienen dolencias musculares y pulmonares, de tal manera que la fuerza de trabajo ha disminuido. Por ello es que nosotros hemos insistido en que debe haber una forma en que el Estado haga llegar alimentos y ayuda, no por un tiempo prolongado, sino hasta que los hermanos estén recuperados.
El Gobierno ha emprendido un proceso de reactivación económica. ¿Considera que están incluidas las comunidades nativas?
La reactivación económica se tiene que dar, porque las comunidades indígenas, en este contexto globalizado, tienen sus economías articuladas con el mercado. Pero lo que no se debe hacer es vulnerar los derechos colectivos en el marco a esta reactivación, principalmente los derechos territoriales.
Como Orpio estamos en línea con la propuesta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). El involucramiento de los pueblos indígenas en este proceso de reactivación económica es distinto al de las poblaciones de las zonas urbanas. Esto, debido a que en las comunidades la economía depende de los emprendimientos comunales o tradicionales.
Estos emprendimientos deben ser financiados por el Estado. Hay muchas iniciativas que tienen que ver con artesanías, con la transformación de productos forestales, con piscicultura, con ecoturismo, etc. Lo que el Gobierno debe hacer es inyectar inversión y capacitación técnica para que estos emprendimientos de las comunidades indígenas puedan salir adelante.
Artesana del ACR Ampiyacu Apayacu. Foto: SPDA / Spectabilis
¿Considera que se están vulnerando o que se pueden llegar a vulnerar los derechos de las comunidades en el desarrollo de proyectos enmarcados en la reactivación económica?
Nosotros tenemos claro que es buena la reactivación económica, siempre y cuando se respeten los derechos colectivos de las comunidades indígenas. En esta línea, nosotros estamos cuestionando y estamos diciendo al Gobierno Regional de Loreto (Gorel) que no se otorguen concesiones forestales en aquellos sitios o territorios solicitados por pueblos indígenas para su reconocimiento y titulación. En este momento son 22 comunidades, la mayoría del Napo, que han pedido su reconocimiento y titulación, y no pueden avanzar porque el Gorel está dando prioridad a los Bosques de Producción Permanente (BPP), para que sean concesionados en el marco de la reactivación económica.
Entonces, ese tipo de casos no deberían darse, no debería darse nada que afecte derechos territoriales. Los territorios que están siendo solicitados para reserva territorial de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, también peligran en marco de esta reactivación.
Este tema es muy importante porque las comunidades están pidiendo su titulación o su ampliación con la finalidad de que puedan desarrollar dentro de su territorio actividades de bienestar o de subsistencia, tal como el manejo de productos forestales o manejo de los productos acuícolas. Nosotros también tratamos de reactivar nuestra economía, pero sosteniblemente. Por ello, estamos pidiendo al Gorel que puedan redimensionar o que puedan anular esos BPP que se superponen a las solicitudes de ampliación o titulación de las comunidades.
Apus recibiendo títulos comunales. Foto: Angela Rodriguez / SPDA
¿Cuál es el reto del Estado para que las comunidades puedan beneficiarse en este proceso de reactivación?
El reto es que el Estado, tanto gobierno regional como nacional, pueda implementar planes viables y pueda recoger los emprendimientos de las comunidades, los pueda financiar y dar asistencia técnica. Siempre apuntando a que estas iniciativas sean sostenibles, pero no ayudar solo al inicio y luego abandonarlos.
Asimismo, debemos cuidar que las inversiones que se den en nombre de la reactivación económica no vulneren derechos, que no excluya a las mujeres ni a los niños y que no vulneren derechos territoriales, porque el territorio es lo único que les queda a los pueblos indígenas en medio de toda esta situación tan complicada originada por el coronavirus.
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