Escribe Marc Dourojeanni / Profesor Emérito de la Universidad Nacional Agraria de La Molina

Contrariamente a lo que se dice y cree, el oro de Madre de Dios no es del todo contrabandeado a través de Bolivia. Una parte de esa producción ilegal o, por lo menos informal, es comprada por el propio Estado peruano. O sea, si se prefiere, una parte de ese oro cuya extracción anárquica tanto daño hace y que es una vergüenza para el Perú, estaría siendo en cierta forma legalizado por el mismísimo Gobierno que ha jurado controlar los desmanes asociados a esa actividad informal.

En efecto, una parte desconocida, pero que parece importante de ese oro es directamente comprada por el Estado a través de Activos Mineros S.A.C. (AMSAC), una empresa estatal de derecho privado, que cuenta con personería jurídica y que está adscrita al Sector Energía y Minas.  La compra de oro de mineros informales se realiza gracias al D.S. N^o 012-2012-EM que le encarga  esa tarea y que dicta medidas complementarias para la comercialización del oro y promoción de la formalización de los pequeños productores mineros y productores mineros artesanales.

Es interesante saber que desde hace casi diez años, el D.S. N° 058-2006-EM dispuso que Activos Mineros S.A.C. asuma directamente la conducción de los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), incluyendo los planes de cierre y remediación ambiental de CENTROMIN PERÚ S.A. y de otras empresas de propiedad del Estado. O sea que, en teoría, la “promoción de la formalización” de los pequeños productores mineros y productores artesanales como parte del proceso para reducir los daños ambientales por ellos ocasionados encaja muy bien entre las responsabilidades de esa empresa.

El D.S. N^o 012-2012-EM ordena implementar “un programa temporal de formalización” a través de la  comercialización de oro para Pequeños Productores Mineros y Productores Mineros Artesanales “que están en proceso de formalización”. La tarea que se encarga a Activos Mineros S.A.C. en virtud de ese dispositivo debe realizarse por el plazo del proceso de formalización establecido en el artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 1105 que, como se recuerda, tiene como objeto establecer disposiciones complementarias para implementar el proceso de formalización de la actividad minera informal de la pequeña minería y de la minería artesanal, ejercida “en zonas no prohibidas” para la realización de dichas actividades a nivel nacional. Este Decreto crea una diferencia sui generis entre minería ilegal e informal e indica el procedimiento para la formalización. Otros decretos lo complementan.

El genial Carlín no sabía cuán cierto estaba cuando años atrás diseñó esa caricatura.

Sin entrar en detalles, el hecho es que a casi tres años de vigencia del Decreto Legislativo N^o 1105 y del D.S. N° 012-2012-EM lo único que funciona en Madre de Dios es la compra indiscriminada del oro de los mineros, sean estos informales o ilegales y sin que hayan cumplido algo de lo que indica el referido Decreto Legislativo  y, obviamente, sin que  Activos Mineros S.A.C. asuma su mandato de “promover la formalización”.  Por eso es que según el Anuario Estadístico 2014 del Ministerio de Energía y Minas, Madre de Dios viene manteniendo una producción de oro de aproximadamente 500 mil onzas por año, lo que ha representado en promedio el 10% de la producción nacional, lo que no es poco. Curiosamente, a pesar de eso, Madre de Dios continúa sin percibir, cada año, los más o menos  200 millones de Nuevos Soles que le corresponderían por concepto de canon minero.

O sea que, el Gobierno incapaz de poner orden en la minería de oro aluvial y de controlar o mitigar sus impactos ambientales y sociales, ha optado simplemente o, “sin querer queriendo” por dar cierto viso de legalidad a la minería informal e ilegal “blanqueando” el dinero mal habido y, por cierto, estimulando más ilegalidad. Se consuela comercializando más oro, que puede contabilizar como “producción nacional”.  No es eso lo que se esperaba ni es lo que hace justicia al esfuerzo de muchos abnegados funcionarios públicos y especialmente policías y miembros de las fuerzas armadas que reciben esporádicamente la orden de “imponer la ley cueste lo que cueste” y que, a pesar del elevado costo social y político de esas acciones de fuerza, no las ven nunca coronadas por el éxito debido a la inercia del verdadero esfuerzo de formalización.

Mientras tanto, el cáncer progresa rápidamente

Toda semana llegan nuevas evidencias de la rápida expansión del desastre social y ambiental que ocasiona la minería informal-ilegal en Madre de Dios. Nada puede esconderse a los satélites y el daño está amplia e incontestablemente documentado. La deforestación por minería en Madre de Dios ya no es de unas 50,000 ha como se ha venido mencionando. Ya alcanzó las 116,000 ha, gracias al apoyo decidido de autoridades que construyen los caminos por los que llegan los mineros, sus equipos y sus insumos y que les brindan apoyo en toda forma a su alcance.  Actualmente la minería ha suplantado la agricultura como principal causa de la deforestación, algo que jamás se imaginó pudiera ocurrir.  Otro estudio demuestra que la contaminación minera ha afectado la mitad de las cochas y más del treinta por ciento de los aguajales del departamento, comprometiendo la regeneración del estoque pesquero, ya gravemente afectado por la contaminación directa e indirecta de los ríos.

Madre de Dios está cambiando sus fértiles suelos aluviales, donde una agricultura duradera podría instarse y prosperar, por un desierto de arena y cascajo estéril y envenenado. Llevará décadas, quizá siglos, devolver alguna utilidad a esos suelos pero eso no importa a los mineros amparados por una serie de hechos y correlaciones tortuosas que incluyen: (i) la dominación de “empresarios” inescrupulosos que fomentan o realizan directamente esas actividades mineras mediante inversiones en maquinaria, insumos y capital operativo, que no obedecen la legislación, que no pagan impuestos, que explotan a los trabajadores que someten y, que se benefician de la producción ilegal y de la comercialización; (ii) la presencia de miles de campesinos y otros trabajadores que se transforman en verdadera “carne de cañón”  de los anteriores y que, alegando su pobreza y falta de alternativas, presionan al Gobierno y a las autoridades para respaldar a sus patrones y desobedecer la ley; (iii)  autoridades nacionales y regionales y políticos de todo cuño  que apoyan esa actividad por intereses personales o de grupo, partidarios o sectoriales  y; (iv) la incapacidad del Gobierno de ponerse de acuerdo sobre una visión o un plan y de cumplirlo seriamente.

Es obvio que gran parte del origen del problema de la minería ilegal es la pobreza que aún predomina, en especial en el medio rural andino. Pero no se puede pretender resolver la pobreza tolerando la minería ilegal u otros comportamientos similares que, apenas, aumentarán la pobreza destruyendo el porvenir de todos. No se puede resolver un problema grave creando otro mucho más grave y duradero. Eso es un comportamiento irresponsable que repercute en toda la sociedad minando la esencia del estado de derecho que establece que la ley debe ser igual para todos. Para reducir la pobreza se debe, para comenzar, admitir que existe y enfrentarla con políticas, planes sensatos, concertados y que se cumplen. Y si debe cambiarse la ley, que se cambie. Pero que siempre sea cumplida.

Por el momento las perspectivas en Madre de Dios son poco alentadoras. El cáncer de la minería ilegal está alcanzando proporciones tan colosales que ya amenaza las mismas bases del futuro de la Amazonia. Puerto Maldonado merece cada día menos el título de “Capital de la Biodiversidad del Perú” que recibió en virtud de la Ley N^o 26.311 de 1994. Esperemos que la sociedad reaccione antes. La esperanza no muere nunca como lo demuestra el reciente establecimiento del Parque Nacional Sierra del Divisor, maravilloso fruto de una década de lucha.

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