Foto: Defensoría del Pueblo

• El Acuerdo de Escazú fue suscrito por 24 países de América Latina y el Caribe,  entre ellos Perú, el 4 de marzo de 2018. Países de la región como Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Panamá y Uruguay han ratificado el acuerdo. 
• Esta herramienta busca garantizar el acceso a la información, participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales 

 A través de un conversatorio organizado por la Defensoría del Pueblo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y Transparencia Perú, se analizaron los desafíos del país en torno a la ratificación del Acuerdo de Escazú.

Como se recuerda, en julio la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso decidió archivar nuevamente (como en octubre de 2020) el documento que proponía la ratificación de esta herramienta que busca contribuir a la protección del derecho de las personas de vivir en un medioambiente sano y al desarrollo sostenible.  

El Acuerdo de Escazú entró en vigor el 22 de abril del 2021 y está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe. En este encuentro participaron organizaciones de la sociedad civil, entidades del Estado, representantes de medios de comunicación y portavoces de los congresistas Ruth Luque y Edward Málaga. 

[Ver además ► Diez mitos y verdades sobre el Acuerdo de Escazú: democracia y defensores ambientales]

Carlos de Miguel, jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible de la CEPAL, explicó la importancia de ratificar el Acuerdo de Escazú. 

“Es un instrumento que ayuda a generar una buena economía, una buena sociedad con procesos de diálogo justos que eviten los conflictos. Necesitamos la participación informada de la ciudadanía en temas ambientales y que no exista impunidad cuando se cometen delitos contra defensores ambientales, algo que vemos casi a diario”, señaló. 

Por su parte, Alicia Abanto Cabanillas, adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo dijo que el objetivo del Acuerdo de Escazú es garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a información en asuntos ambientales y el fortalecimiento de las capacidades y cooperación. 

Al finalizar la reunión, los presentes acordaron trabajar en estrategias para informar sobre las ventajas del Acuerdo de Escazú, desterrar mitos y crear alianzas para su esperada ratificación. 

Legislativo podría evaluar el Acuerdo de Escazú

En su reciente visita al Perú, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, informó que luego de una reunión con algunos representantes del Congreso de la República, estos les aseguraron que revisarán nuevamente el Acuerdo de Escazú para evaluar su ratificación nuevamente. 

“Creo que es clave que el Perú ratifique el Acuerdo de Escazú. Lo he conversado tanto con las autoridades gubernamentales como con el Congreso el día de ayer, y se me ha señalado que lo van a revisar. El Gobierno está, yo entiendo, a favor del acuerdo y el Congreso es el que tiene que ratificarlo», señaló a los medios de comunicación.