• El pasado jueves 24, parlamentarios de la Comisión de Producción del Congreso presentaron una propuesta para derogar la ley que endurece las penas contra el crimen organizado dedicado al tráfico ilegal de flora, fauna silvestre y especies acuáticas.
• Frente a ello, diversas organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en conjunto para evitar la derogatoria de la Ley 31622, acción que señalan sería inconstitucional por atentar contra la vida y la naturaleza.

Más de 40 organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en favor de la Ley 31622 que refuerza la lucha contra el tráfico de vida silvestre, la pesca ilegal y tráfico de recursos genéticos. Esta norma aprobada el último 16 de noviembre incluye acciones para enfrentar al crimen organizado vinculado al tráfico de especies.

Sin embargo, diversas bancadas del Congreso buscan derogar dicha norma, a pesar de que inicialmente la apoyaron. Hace tan solo unos días, presentaron una propuesta unificada para derogar la ley que modifica los artículos 308-B, 308-D y 309 del Código Penal, que se está analizando hoy en la Comisión de Justicia del Congreso. 

Según datos del pronunciamiento de las organizaciones civiles, 324 zonas de extracción de fauna silvestre han sido identificadas en el Perú y entre el 2000 y 2018 se han decomisado casi 80 mil animales silvestres en cautiverio. En el ámbito marino, en el 2020, se decomisaron 117 kilos de caballitos de mar y más de 30 toneladas de partes de tiburones (carne y aletas).

“Incluir este delito dentro de los alcances de la Ley contra el Crimen Organizado brindará mayores estrategias y herramientas de investigación a jueces y fiscales, y ayudará a desarticular las redes delictivas. Con esta ley, el Ministerio Público puede aplicar la Ley contra el crimen organizado para investigar delitos contra la vida silvestre, lo que permitirá: incautar las ganancias del delito, decomisar bienes ilícitos, levantar el secreto bancario y la reserva tributaria, usar agentes encubiertos, aumentar las penas, interceptar las comunicaciones”, señala el documento. 

Además, de acuerdo a las organizaciones ambientales que suscriben el texto, “la ley 31622 servirá para atacar con mayor eficacia delitos que hoy en día afectan la economía de los pescadores peruanos como, por ejemplo: la construcción ilegal de nuevas embarcaciones, el tráfico de permisos de pesca falsos, las incursiones de barcos extranjeros que pescan en nuestro mar e incluso atacan a los pescadores peruanos, y el desvío de anchoveta de consumo humano directo hacia plantas ilegales de harina de pescado”.

A partir de los intentos por derogar dicha ley que se vienen dando en el Congreso durante los últimos días, el pronunciamiento señala que “como toda norma, [la ley 31622] es perfectible, y en este caso la Ley 31622 debe ser acotada para evitar malas interpretaciones. Para este fin es preciso contar con el apoyo de los especialistas encargados de su cumplimiento para que las precisiones no desvirtúen su propósito original”.

Finalmente, en el comunicado se resalta la necesidad de mejorar los procesos de participación ciudadana en proyectos como estos, dado que han existido diversas informaciones que las y los fiscales han venido aclarando con grupos de pescadores. Esto es fundamental, señalan, “para que estén mejor informados y que desde el Gobierno se tomen acciones de manera proactiva para generar espacios en los que puedan aclarar sus dudas”. 

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