El pasado 06 de noviembre en la ciudad de Santiago de Chile se llevó a cabo la IV reunión de los puntos focales designados por los gobiernos de los países signatarios de la Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe, en la que los 19 países de América Latina y el Caribe firmantes de la Declaración del Principio 10 aprobaron la Decisión de Santiago, en la que se establece el compromiso de iniciar las negociaciones para la adopción de un instrumento regional que coadyuve al fortalecimiento del ejercicio de los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental.

Para facilitar las conversaciones entre los países signatarios, se optó por crear un Comité de Negociación, constituida por una mesa directiva integrada por Chile y Costa Rica, como copresidentes, y Argentina, México, Perú, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tabago, encargados de liderar el proceso de negociación con miras a concluir a más tardar en diciembre de 2016.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su calidad de secretaría técnica, elaborará un documento preliminar del instrumento regional que contendrá los resultados del proceso obtenidos a la fecha, los Contenidos de San José, los desafíos y necesidades de la región para la aplicación de los derechos de acceso, a más tardar para el 31 de marzo de 2015.

En la reunión participaron países signatarios, y países observadores como Antigua y Barbuda, Nicaragua y Santa Lucía. Además, se saludó la iniciativa de que Bolivia y El Salvador se sumen al proceso, en ese sentido se recordó que el proceso está abierto a todos los países de América Latina y El Caribe. El público también tiene la posibilidad de participar a través de la remisión de comentarios al contenido del documento preliminar del convenio regional hasta el 31 de diciembre de 2014.

Isabel Calle y Carol Mora de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), participaron en las sesiones de la IV reunión donde se destacó la iniciativa de los países de continuar trabajando en un instrumento que contenga los lineamientos que garanticen la aplicación efectiva de los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental, los cuales son esenciales en tanto promueven la intervención de la ciudadanía en la gestión ambiental del país, fomentan la rendición de cuentas de las entidades públicas, protegen los recursos naturales, previenen los conflictos ambientales, garantizando el desarrollo sostenible.

La presentación oficial del Perú asistieron representantes del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes reafirmaron el compromiso del Estado peruano de impulsar la suscripción del instrumento regional.

DATOS:

• En el 2012, el Perú junto con Chile, Costa Rica, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana manifestaron su voluntad de suscribir la Declaración del Principio 10, comprometiéndose a elaborar y cumplir un Plan de Acción, que conlleve a la suscripción de un convenio regional. A la fecha son 19 países signatarios.

• En la III reunión de los puntos focales designados por los Gobiernos de los países signatarios de la Declaración sobre la aplicación del principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América y el Caribe llevada a cabo en la ciudad Lima el 30 y 31 de octubre de 2013, el Ministro del Ambiente manifestó que el Perú opta por un convenio regional con carácter vinculante, dado que contar con herramientas legales permite garantizar la implementación efectiva de los derechos de acceso.

• En el Plan de Acción de Gobierno Abierto del Perú del 2012-2013, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 085-2012-PCM producto de la voluntad del Estado peruano de formar parte de la iniciativa “Alianza para el Gobierno Abierto” desde septiembre de 2011, se estableció como compromiso crear una institución autónoma y especializada que garantice el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, y que tenga la capacidad de sancionar a funcionarios responsables de entregar información ante el incumplimiento de sus obligaciones, alternativa que viene siendo analizada desde la Presidencia del Consejo de Ministros.

Para mayor información puedes visitar el siguiente enlace: http://www.cepal.org/rio20/principio10/default.asp