La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Confederación Nacional Agraria y la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), reunidas en el llamado Pacto de Unidad, presentaron algunas objeciones al borrador del reglamento de la Ley de Consulta Previa que será debatido hoy en Iquitos.

Según las mencionadas organizaciones, la consulta no debe realizarse luego de la presentación el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de un proyecto de inversión, por lo cual plantean que debe hacerse antes de que el Estado dé concesiones en territorios de las comunidades.

“La consulta previa significa eso, que por primera vez en el Perú nos consultarán cuándo y cómo queremos construir el desarrollo, antes de decidir si se aprueba un proyecto en nuestras tierras. Solo queremos el desarrollo armónico del país”, señaló Alberto Pizango, presidente de Aidesep, en declaraciones a El Comercio.

ESTADO DEBE RESOLVER DUDAS

Según Carmen Heck, del Programa de Ciudadanía y Asuntos Socioambientales de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), el borrador del Reglamento no señala que la consulta se hará después de presentado el EIA, sino que “la consulta se debe hacer antes de iniciar o autorizar cualquier actividad de exploración o explotación de recursos”.

“(El borrador del Reglamento) No dice nada específico sobre el EIA. Hay que tener en cuenta que el EIA es un requisito que se exige en distintos momentos de acuerdo al recurso que se vaya a explotar. Por ejemplo en hidroeléctricas primero se aprueba el EIA y después se otorga la concesión. En cambio en minería primero se otorga la concesión y después se presenta y aprueba el EIA, siempre antes de iniciar las actividades”, agregó la especialista.

Además señaló que el Estado debe resolver las dudas de los Pueblos Indígenas (PPII) en los diferentes talleres que viene realizando en varias regiones del país. “Todavía no hay un reglamento aprobado y lo que se busca con estos talleres es justamente recoger las observaciones y preocupaciones de los PPII para precisar algunos puntos y mejorarlos”, puntualizó Heck.

PIDEN INCLUSIÓN DE RONDAS Y FRENTES DE AUTODEFENSA

Para las organizaciones indígenas, la ley y el reglamento en debate no deja en claro cuáles son los pueblos que serán objetos de consulta. Asimismo, recomiendan que las rondas campesinas y los frentes de autodefensa también sean considerados dentro del reglamento.

“Muchos pueblos serán dejados de lado porque no conservan una lengua o costumbres milenarias, pero igual nos sentimos descendientes de aquellos que poblaron las tierras antes de los conquistadores”, sostuvo Antolín Huáscar, miembro de la Confederación Nacional Agraria (CNA).

En este punto los dirigentes indígenas señalaron que en el futuro será necesaria una modificación de la propia ley de consulta que ya fue aprobada, pues no es posible que el reglamento vaya más allá de lo que la ley dispone.

Actualmente, estas organizaciones participan en los talleres para la elaboración del reglamento de la ley de consulta. Hasta el momento se han organizado dos encuentros en Chiclayo y Pucallpa. Hoy y mañana se desarrollará el tercer taller en Iquitos (Loreto).

LEY DE CONSULTA PREVIA ES UN REFERENTE INTERNACIONAL

Para el viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, las comunidades son escuchadas en los talleres y todas las opiniones serán tomadas en cuenta al momento de la elaboración del Reglamento. “El diálogo avanza, pues las comunidades están participando. Para fines de febrero se tendrá listo el documento final”, indicó Lanegra.

Cabe recordar que Lanegra destacó que representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) consideraron adecuado el proceso de elaboración del proyecto de Ley de Consulta Previa, al punto que lo consideran un referente.

Lanegra añadió que los expertos de la OIT explicaron que la consulta previa no significa otorgar el derecho de veto a las comunidades nativas, pero tampoco se limita a ser un proceso de información de los proyectos de desarrollo que se piensa realizar.

Añadió que la idea de esta norma no es convertirse en una barrera para las inversiones, sino enriquecerlas y hacerlas «un instrumento adecuado para la prosperidad de todos».

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Foto: Minem