En los últimos días la prensa ha informado respecto a la solicitud de ampliación de plazos en el proceso de formalización minera, realizada por organizaciones de mineros pequeños y artesanales, pedido que vendría siendo evaluado por la Presidencia del Consejo de Ministros. Ante ello, las organizaciones firmantes de este pronunciamiento señalamos lo siguiente:

1. Consideramos que una posible nueva ampliación del proceso de formalización minero constituiría un retroceso en la batalla contra la minería ilegal en diversas zonas del país. Creemos que es importante diferenciar a aquellos mineros que se han acogido al proceso de formalización de otros que, a través de diversas evidencias, no han demostrado interés en formalizarse. Para estos últimos, la ampliación de plazos no es un incentivo para formalizarse, sino más bien una buena excusa para mantenerse en la ilegalidad con el consiguiente daño a la institucionalidad, la salud y el ambiente. De hecho, creemos necesario fortalecer las acciones de interdicción destinadas a dicho grupo.

2. Creemos importante, además, que los distintos organismos del Estado involucrados en el proceso de formalización minera asuman con prontitud y firmeza sus compromisos en torno a la formalización de esta actividad. Los organismos involucrados son:

• El Ministerio de Energía y Minas, encargado de acompañar a las regiones en el proceso de formalización.
• El Ministerio de Agricultura que, a través de la Autoridad Nacional del Agua y Dirección Forestal, tiene el deber de apoyar en los temas de uso de agua, tala y desbosque.
• El Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, que trabajan en el caso de trata de personas.
• El Ministerio de Cultura, encargado de garantizar la protección del patrimonio cultural.
• El Ministerio de Salud, encargado de la salud de la población.
• El Ministerio del Ambiente, que debe consolidar la Procuraduría Ambiental y, a través del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, garantizar el respeto de las áreas naturales protegidas.
• El Ministerio de Transportes que, a través de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, debe controlar el transporte de mercurio y cianuro.
• El Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación, encargados de perseguir y sancionar los delitos relacionados a la minería ilegal; y, finalmente,
• Los gobiernos regionales, responsables de emprender la formalización y fiscalización de la minería a este nivel, así como brindar la información adecuada en el proceso de formalización.

3. Es imperativo que en el proceso de diálogo en torno a la formalización minera se incluya también a la población afectada por esta actividad ilegal. Son ellos (agricultores, productores agroforestales, concesionarios forestales, titulares de áreas de conservación, entre otros) quienes han visto vulnerados sus derechos a la salud y seguridad personal, al buen vivir y a gozar de un ambiente sano y equilibrado.

4. Es necesario que el Estado implemente los diversos mecanismos que ha emitido en base a los decretos legislativos como, por ejemplo, la ventanilla única a cargo del MINEM, SERNANP, MINCU, ANA y gobiernos regionales. Asimismo, se debe definir a nivel nacional las zonas donde no se puede ejercer la actividad minera, como ha ocurrido en Madre de Dios. Este paso es prioritario si buscamos un ordenamiento de la actividad para, de esta manera, evitar también los conflictos socioambientales.

5. El gobierno central, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, debe destinar recursos económicos a las regiones para que estos sean utilizados en el proceso de formalización. Hasta la fecha, los recursos han sido insuficientes. Un claro ejemplo de esta carencia es el reducido número de funcionarios dedicados a este proceso. Por ejemplo, en Madre de Dios solo 18 personas están encargadas de verificar más de 5200 expediente de mineros, en el gobierno regional. Este es el gobierno regional que cuenta con más personal destinado a estas labores.

6. Exigimos una lucha frontal contra la corrupción en torno a la minería informal, la misma que debe ser asumida como una obligación central por los organismos involucrados en el proceso. Además, solicitamos a los órganos de control realizar su labor con celeridad.

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA
ProNaturaleza
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR
Amazónicos por la Amazonia – AMPA
Servicios Educativos Rurales – SER
Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral – AIDER
CooperAcción – Acción Solidaria para el Desarrollo
Asociación Rumbos del Perú
Conservación Internacional Perú
Instituto del Bien Común – IBC
Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza – APECO
Centro de Asesoría Laboral del Perú – CEDAL
Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE
Grupo Propuesta Ciudadana
Asociación Ecosistemas Andinos – ECOAN
Sociedad Zoológica de Francfort – SZF

Lima, 23 de agosto de 2013.