Mediante un comunicado publicado en diversos medios de comunicación, organismos no gubernamentales, universidades y organizaciones ambientalistas manifestaron su rechazo al Proyecto Ley 4335-2010-PE que pretende modificar el marco jurídico en el sector de la energía eléctrica.

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El pronunciamiento señala que “entre las principales modificaciones que plantea este Proyecto de Ley se encuentra la eliminación de la figura que concesión temporal, vigente en la actual Ley de Concesiones Eléctricas, Ley 25844. De igual forma, la derogación de tres requisitos para la obtención de la concesión definitiva: a) Resolución directoral aprobatoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA); b) La garantía de fiel cumplimiento de ejecución de obras; y c) Sustento verificable del compromiso de inversionistas para el aporte de capital con fines de la ejecución de las obras, tratándose de concesión de generación”.

En la nota se afirma que, con estas modificaciones, los EIA se convertirían en instrumentos ineficaces porque serían realizados después de tomarse las decisiones más importantes de proyectos que serán concesionados por 30 años o indefinidamente. Es decir, los estudios ambientales estarían relegados al momento del diseño de los proyectos eléctricos y en la toma de decisiones para su aprobación, haciendo caso omiso además a la opinión de los ciudadanos.

El comunicado también critica que el estado en vez de mejorar la regulación ambiental, pretenda acelerar la ejecución de actividades eléctricas derogando salvaguardas ambientales y financieras básicas. Con estas decisiones, se originaría un clima de conflictos sociales porque se dejaría de lado las consultas populares, en este caso, para promover una rápida construcción de grandes proyectos hidroeléctricos en la Amazonía Peruana por parte de empresas brasileñas que tienen como fin primordial brindar energía al país carioca.

Las instituciones que se pronunciaron sobre dicho tema, recomendaron al Congreso de la República revisar detenidamente dicha propuesta presentada por el Poder Ejecutivo, creando además plataformas de discusión donde las autoridades y ciudadanos involucrados decidan sobre su propio futuro, sin imposición del gobierno.

Entre las organizaciones que firmaron el comunicado figuran: Derecho, Ambiente y Recursos Naturales-DAR; Asociación de Servicios Educativos Rurales-SER; Grupo Propuesta Ciudadana-GPC; ProNaturaleza; Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza; WWF; Sociedad Peruana de Derecho Ambiental-SPDA; Forum Solidaridad Perú; Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia-CSA-UPCH; Asociación Peruana de Energía Renovables-AGEPER; Centro Peruano de Estudios Sociales-CEPES; Red Jubileo Perú; Asociación Pro Derechos Humanos-APRODEH; Sociedad Peruana de Ecodesarrollo-SPDE; CIMA Cordillera Azul; Instituto del Bien Común-IBC; Central Asháninka del Río Ene-CARE; Convención Nacional del Agro Peruano-Conveagro; Cooperación; Commission Justice et Paix Belgique francophone.