* Representantes brasileños aseguran que la Ley 30723 no sólo afecta a indígenas en aislamiento y áreas protegidas de Perú, sino también a zonas frágiles de Brasil ubicadas en la frontera. 

 

Mediante un pronunciamiento (lee el documento), organizaciones indígenas, civiles y representantes de áreas naturales protegidas de Brasil, expresaron su rechazo a la Ley 30723, que promueve carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en la Amazonía peruana.

Según afirman, la norma no sólo amenaza a las áreas protegidas y territorios habitados por indígenas en aislamiento de Perú, sino también a zonas frágiles de Brasil como las Unidades de Conservación Estación Ecológica del Río Acre, el Parque Estatal Chandless y Reserva Extractivista Chico Mendes, además de las Tierras Indígenas Alto Purús, Cabecera del Río Acre, Jaminawa del Guajará, Mamoadate y Manchineri del Seringal Guanabara.

“Es importante destacar que tales áreas en Brasil y Perú están conectadas, formando un corredor transfronterizo de áreas protegidas reconocido por los Estados, y donde viven diversas poblaciones indígenas y tradicionales”, destacan los especialistas.

Los representantes brasileños también recordaron los intentos de un grupo de personas, lideradas por el sacerdote Miguel Piovesán de la provincia de Purús (Ucayali), para construir vías terrestres que perjudicarán a las áreas protegidas de ambos países.

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“Desde 2005 un grupo político de Puerto Esperanza, liderado por el padre católico Miguel Piovesan, presenta Proyectos de Ley con ese objetivo vía congresistas peruanos del partido fujimorista Fuerza Popular. Sin embargo, fueron siendo archivados por el Congreso”, señalan y resaltan además que “diferentes informes técnicos demuestran, por ejemplo, la inevitable intensificación de la deforestación y la actuación de madereros ilegales y narcotraficantes, ya presentes en esa región fronteriza”.

En el pronunciamiento, también hacen referencia al peligro que corren los indígenas en aislamiento voluntario y la medida cautelar otorgada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en beneficio de los pueblos indígenas aislados Mashco Piro, Yora y Amahuaca desde 2007. Asimismo, destacan el rechazo que hizo de la CIDH y de las Naciones Unidas respecto a la misma ley.

Indígenas de Perú y Brasil unidos

Las organizaciones resaltan que durante al menos dos décadas, organizaciones indígenas de Perú y Brasil mantienen buenas relaciones en la frontera y vienen discutiendo sobre desafíos comunes y pensando estrategias para la gestión de los territorios.

“En diferentes espacios de debate y cooperación, se posicionaron de manera explícita sobre los impactos negativos de los proyectos de infraestructura, denunciando también las actividades extractivas e ilícitas en curso en la región”, se indica en el documento, donde además reconocen el trabajo de organizaciones como la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), la Organización Regional de Aidesep de Ucayali (ORAU) y de los ministerio del Ambiente y Cultura, que se han opuesto a normas similares.

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“Respondiendo a ese llamado, nos expresamos del lado brasileño, para que sean cumplidos los marcos legales nacionales de Perú y Brasil y convenciones internacionales de protección de los derechos humanos de las poblaciones indígenas y tradicionales, de las cuales ambos países son signatarios”, señalan.

Finalmente, recomiendan “que los gobiernos brasileño y peruano dialoguen para la construcción de estrategias y acciones integradas, garantizando la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, y reconociendo el papel fundamental de las poblaciones indígenas y sus organizaciones, en el avance de las políticas de los Estados en las regiones fronterizas”.

En total son 29 las organizaciones brasileñas las que suscriben el documento. Entre ellas figuran organizaciones indígenas, centros de investigación, observatorios sobre derechos indígenas, reconocidos especialistas, entre otros.