Luis Alberto Gonzales-Zúñiga fue removido del cargo en junio del 2020. Foto: GEC

• Exfuncionario fue retirado de su puesto hace catorce meses, sin comunicación previa, pese a que este había sido nombrado por concurso público. 

El Décimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima falló a favor de la demanda de amparo presentada por Luis Gonzales-Zúñiga, luego que este fuera removido del cargo de director ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

La resolución ordena al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), sector al que está adscrito el Serfor, reponer en su cargo a Gonzales-Zúñiga, luego que el entonces Gobierno del presidente Martín Vizcarra lo retirara del cargo de manera forzada sin comunicación previa y pese a que este había sido nombrado por concurso público.

El hecho se dio hace catorce meses, en medio del estado de emergencia a causa de la pandemia del COVID-19, y contándose como único antecedente la denuncia pública sobre el pedido de su salida a inicios de marzo del año pasado.

Según el juzgado, presidido por el magistrado Iván Alfredo Cabrera Giurisich, el Estado peruano no realizó el proceso conforme a ley y violó los derechos constitucionales del demandante. Hay que precisar que la demanda no solo fue contra el Midagri, sino contra la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

En el recurso legal presentado por Gonzales-Zúñiga, este cuestiona la Resolución Suprema 002-2020-Minagri, con la que fue retirado del cargo luego de un año y cuatro meses de labores. El exfuncionario también hace hincapié en su ingreso por concurso público y méritos.

Ante esta situación, el procurador público de la PCM solicitó al juzgado declarar infundada la demanda al señalar que el puesto que ocupaba el demandante era un cargo de confianza “del empleador para su estabilidad en el empleo, razón por la cual la demanda debe ser desestimada”, se lee en el documento presentado al Poder Judicial.

Desde el Midagri, el argumento fue similar y se indica que el “acto de remoción cuestionado, es válido, legal y legítimo al cumplir con la condición de la norma antes citada”, según precisa el recurso del ministerio en mención. No obstante, ambos documentos fueron desestimados por el juzgado al considerar que no se trataba de un cargo de confianza y determinar que Gonzales-Zúñiga retome sus funciones hasta el 2024.

En una entrevista para Ojo Público, Luis Gonzales-Zúñiga contó que antes de su retiro, se le pidió desde la alta dirección del Midagri que renuncie a su cargo. El funcionario también precisó que existían “intereses de diverso tipo”, que “quieren que las cosas sigan tal cual o que los cambios no sean lo que ellos están viendo”, al parecer, en referencia a su labor enfocada en la lucha contra la exportación de madera ilegal desde la Amazonía peruana.

Tras conocerse su salida, el 5 de junio de 2020, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) mostró su preocupación por la salida abrupta de Gonzales-Zúñiga “dejando en la incertidumbre la dirección de la autoridad nacional forestal y de fauna silvestre”.

La SPDA también instó a las autoridades competentes a fortalecer la institucionalidad, brindando a las entidades públicas “un nivel de autonomía tal (política, financiera y organizativa dentro de la estructura del Estado)” y que garantice “idoneidad y estabilidad en el cargo de los titulares de las principales autoridades forestales y de fauna silvestre” que permita una mejor “planificación institucional”, así como el “desarrollo de una visión de futuro para este sector”.