Escribe José Luis Capella / Programa Forestal de la SPDA
@jlcapellav

Como en el poema “Masa” de César Vallejo, el ordenamiento territorial (OT) en el Perú: “¡Ay siguió muriendo”.

Desde su aparición, la institución denominada ordenamiento territorial ha sido devaluada y debilitada sistemáticamente por años. La promesa de la Ley General del Ambiente, de contar con un instrumento que ayude a tomar decisiones públicas sobre el uso del territorio, basados en su potencial, colocando ciencia de por medio, intentando niveles óptimos de participación en la toma de decisiones, ha sido vapuleada en varias ocasiones y ahora (creo yo) se ha dado la estocada final con la aprobación (el viernes 28 de abril) del flamante Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente (ROF del Minam).

Con esta norma, el Ejecutivo ha decidido quitarle al Minam la competencia sobre el ordenamiento territorial, regulando que ahora este se encargará del “Ordenamiento Territorial Ambiental”. Es decir, se coloca un “apellido” al término que lo constriñe a su competencia sectorial (lo ambiental), entendemos, para que se “meta en sus asuntos” como rezaba uno de los mandamientos del presidente PPK. De esta manera se estaría cambiando el sentido que le daba la Ley General del Ambiente y la Ley de creación del Minam, donde el ordenamiento territorial era una herramienta transversal que buscaba consensos a lo largo de los diferentes sectores, como también en los diferentes niveles de gobiernos. Y, ¡ay, siguió muriendo!

La pregunta que salta a la vista, entonces, es ¿qué pasará con los avances en Ordenamiento Territorial (así, con letras capitales y sin “apellido”) que han realizado y finalizado o comenzado los diferentes gobiernos subnacionales en el Perú? ¿Serán ahora subsumidos en procedimientos de “Ordenamiento Territorial Ambiental”? ¿Qué efecto tendrán con relación al ordenamiento de otras instancias sectoriales como la forestal, infraestructura, producción, minero-energético, etcétera? ¿Será obligatorio considerar (“tomar en cuenta”) el OT avanzado (aunque como se sabe, y se dejó claro en repetidas ocasiones: “no era mandatorio o vinculante”) en la planificación de políticas y proyectos con impactos considerables y acumulativos? ¿Si no se respetaba el OT cuando era OT, ahora respetarán los sectores el OTA? ¿Qué es eso de “coordinar con la institución a cargo del OT a nivel nacional”, quiere decir que habrá un ente de mayor nivel que si tenga esa competencia territorial, pero todavía no lo crean o no lo han pensado? Y, ¡ay, siguió muriendo!

El fin principal del OT es aportar con información y planificar para la toma de decisiones públicas sobre el territorio, sobre los ecosistemas, las ciudades, sobre el país. Es decidir inversiones, entregar derechos y decidir usos en base a información y en base a la ciencia. Encontrar un balance que favorezca a las presentes y futuras generaciones. Darle sentido al rol del Estado, o más precisamente, al Gobierno con el que firmamos un contrato social para vivir de acuerdo a un estado de derecho. La visión de ese ordenamiento es de diversa índole (incluyendo la ambiental, la social, la económica y otras) pero debe observarse una visión integradora, de conjunto y estratégica. Una visión que pretendía tener la Dirección General de OT y el Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los RRNN (que dicho sea de paso cambió su nombre también). Para ello, debía implementar el monitoreo y evaluación del territorio y de los procesos en él, es decir, ocupación, suelo, cambios de cobertura, uso del territorio, entre otros. Asimismo, debía dar lineamiento, ordenar y dirigir los procesos de ordenamiento territorial de los distintos niveles subnacionales (regional y local), incluyendo el registro de nacional de procesos llevados a cabo en todo el país. Y con ellos ir conformando progresivamente un ordenamiento territorial que abarque la integración de diversos sectores y diversos ámbitos de gobierno, que determine los mejores usos y genere un verdadero estado de derecho en el país. Esa era la promesa del OT. ¿Pudo más el miedo de quienes piensan que el OT es limitar derechos o arrebatarlos en aras de “lo ambiental”? ¿Es tan difícil explicar las ventajas y posibilidades que nos daría como país contar con un OT?

OT y la reconstrucción del Perú

El sábado 29 de abril se aprobó la norma para la “Reconstrucción con cambio” (Ley 30556), que debería llevarnos a planificar rápida y eficazmente una serie de inversiones importantes para las ciudades afectadas, las cuencas que requieren infraestructura natural y gris renovada, una agresiva restauración de ecosistemas, reforestación, entre muchos otros aspectos que deben favorecer (primero) a los ciudadanos que hoy la pasan mal y la podrían pasar peor en algunos años.

Para esta reconstrucción se exonera a las acciones de una serie de formalidades y requisitos. Preocupa por ejemplo qué pasará con la certificación ambiental de diferentes proyectos –la norma menciona 7 días en los cuales es materialmente imposible realizar una certificación–. Hubiera sido ideal considerar y aplicar el ordenamiento territorial avanzado; sin embargo, ¿se tomará en cuenta?, ¿será esa una prioridad en la cabeza del nuevo no-zar de la reconstrucción con cambio que tiene rango de ministro?, ¿cómo compatibilizamos ese OT con la competencia actual de un Minam que parece convidado de piedra en el tema de la reconstrucción según propias declaraciones de su ministra? Y, ¡ay, siguió muriendo!

¿Quién saldrá a defender el OT en el Perú? ¿Quién lo abrazará, al final? ¿Serán los gobiernos subnacionales (regionales o locales) que la han implementado? ¿Serán los pueblos indígenas que han pedido por décadas que se respete dentro él sus planes de vida y su manera de entender el desarrollo? ¿Serán las organizaciones de base y productores que quieren seguir sembrando, conservando o viviendo en armonía con otras actividades? ¿Será la cooperación internacional que ha buscado colocar en el centro del debate al OT como herramienta para alcanzar un desarrollo sostenible, luego un crecimiento verde, después un desarrollo bajo en emisiones, y cuanta moda vendrá después? ¿Será algún partido político que lo haya tenido como eje clave de su discurso preelectoral? ¿Serán las organizaciones no gubernamentales? ¿Seremos, tal vez, todos? No me atrevo aquí a colocar el estribillo…

Queremos un país moderno, que toma en serio y actúa en consecuencia con contar con información sobre el territorio y los ecosistemas, su relación con la vida de los ciudadanos. Aplicar políticas claras a favor del mejor uso de este, y que las actividades que causan mayores impactos sean realmente evaluadas y se intenten consensuarlas con información y justicia. Dejar morir al OT no es propio de un país moderno y bicentenario, no es de un país que se acerca a tener participación en OCDE o cumplir las metas de desarrollo sostenible, ni qué decir de contribuciones nacionales de mitigación sobre el cambio climático y otras cuestiones más sofisticadas. Es más bien propio de un país que haría sonrojar al propio Vallejo cuando pensó en una masa, un ciudadano, que podría/debería ser más consciente de lo que le espera y lo que debe hacer para vivir, vivir mejor.