Foto: Diego Pérez | SPDA

Escribe Marc Dourojeanni | Profesor Emérito de la Universidad Agraria La Molina*

Como todos saben, en principio, los indígenas son los propietarios de casi un tercio de la Amazonía. En el caso del Brasil, los pueblos indígenas tienen cierto control sobre alrededor de cien millones de hectáreas de su Amazonia legal. Este hecho, aparte de ser de justicia, es fundamental para la estrategia de conservación de los ecosistemas naturales o poco alterados del bioma ya que duplica con creces la cobertura limitada de las áreas naturales protegidas. Es, pues, particularmente alarmante el hecho sin precedentes de que el presidente de Brasil, que ya estaba llevando una campaña irracional contra las áreas protegidas, esté ahora -y con más saña- dedicando su verborrea irresponsable a los indígenas. Lo hace con la obvia intención de despojarlos de las tierras que tan esforzadamente consiguieron se les devuelva. En esta nota se esboza una estrategia de asistencia técnica y financiera para los indígenas que, permitiendo su desarrollo durable, podría apartar intenciones como la mencionada.

¿Demasiada tierra para poco indio?

Hasta ahora, los países amazónicos y el Brasil han reconocido que los indígenas amazónicos tienen derechos sobre la tierra de sus antepasados. Y, de hecho, mucha tierra ya les ha sido devuelta, aunque generalmente en forma condicionada. Sin embargo, es un hecho evidente que la población de indígenas amazónicos es proporcionalmente muy pequeña en relación a la extensión de la tierra reconocida para ellos y en relación con la población nacional. Eso alimenta percepciones negativas. Entre ellas, la reiterada idea de que los indígenas tienen “mucha tierra que no produce nada» y, en consecuencia, el bien conocido slogan «demasiada tierra para poco indio». Es en estas percepciones que personajes como el actual presidente del Brasil se aferran para sus campañas, pretendiendo hacerlo para mejorar la economía amazónica. Sin embargo, es obvio que su intención es favorecer intereses y reclamos de terceros en tierras indígenas, especialmente para la expansión agropecuaria y minera o de generación de energía hidráulica. Y, por supuesto, también para facilitar la construcción de líneas de transmisión, carreteras y otras infraestructuras que, en general, son más para beneficios privados que públicos.

Excepto por el «pequeño detalle» de que, como se verá más adelante, la mayor parte de las tierras indígenas sirve directa e innegablemente para preservar la biodiversidad y mantener los procesos biogeoquímicos, hay una parte significativa que, realmente, es poco aprovechada. Y, ni siquiera los importantes servicios ambientales que brindan esas tierras, que por sí solo justifican gran parte del territorio en poder de los indígenas, son valorados, reconocidos y recompensados. Y, este es el argumento principal en que se apoyan las diatribas del presidente. Ocurre que, lamentablemente, en el Brasil como en otros países, ha sido costumbre establecer reservas, comunidades u otras categorías de tierras indígenas y, acto seguido, simplemente abandonarlas por su propia cuenta. En el mejor de los casos, por ejemplo, la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) instala un puesto y, después de mucho esfuerzo, consigue montar una escuelita y una posta médica. Si las invasiones de madereros, mineros y agricultores sin tierra son muy escandalosas, la FUNAI procura la intervención de la fuerza pública, que actúa brevemente y se retira antes de resolver el problema de fondo.

Por lo tanto, las poblaciones indígenas, que han vivido durante largo tiempo aisladas y cuyo estilo de vida correspondía en gran medida al que en la región predominó por miles de años, se ven obligados, en poquísimas generaciones, a adaptarse a la vida de las mayorías nacionales del siglo XXI. Es decir, algo imposible sin el apoyo o la protección de la autoridad competente. Y en ausencia de esto ocurre lo que todos saben. Llegan las tentaciones que madereros, mineros y otros invasores ofrecen. Los recién llegados engañan y «corrompen» a los líderes, permitiendo la el saqueo y el desperdicio del patrimonio natural, así como la pérdida o degeneración del patrimonio cultural. Los indígenas se vuelven cada vez más dependientes, más pobres y sin esperanza. Surgen conflictos, inclusive armados y con resultados trágicos. Los jóvenes abandonan la aldea y se convierten en trabajadores o sirvientes sin futuro. Pocos consiguen escapar a ese destino pues en las aldeas no hay trabajo ni oportunidades.

[OPINIÓN | Jair Bolsonaro y el ambiente / Escribe Marc Dourojeanni]

Foto: Diego Pérez | SPDA

¿Qué hacer?

Esta realidad, en mayor o menor medida, es la de todos los indígenas amazónicos. Pero, en el Brasil como en otros países, eso se puede cambiar. Parte importante de la respuesta es dar a los pueblos indígenas una oportunidad concreta y realista para incorporarse efectivamente a la economía nacional mediante la práctica del desarrollo durable, es decir, produciendo, pero preservando razonablemente los ecosistemas y manteniendo la esencia de su relación ancestral con el bosque. Esto, por supuesto, requiere una nueva actitud, especialmente de ellos mismos y de los responsables por la problemática indígena, pero también de políticos y de gobiernos y sus agencias. Pude parecer difícil, pero está lejos de ser imposible.

Como adelantado, se debe comenzar por reconocer que gran parte de los territorios indígenas, en general no menos de la mitad y posiblemente tres cuartos, tiene vocación para la conservación del patrimonio natural de la Nación. Este hecho, como ya mencionado, destruye el manoseado argumento de que «hay poco indio para mucha tierra». Si la mayor parte de la tierra devuelta a la custodia de los indígenas es para conservar el patrimonio de la Nación, no es posible alegar que “tienen tierra demás”.  De otra parte, si estas personas van a proporcionar un servicio social tan importante, es justo que sea retribuido, pagando por lo menos su costo e, idealmente, también el valor. Esto es pura lógica. Ya se ha probado a pequeña escala, por ejemplo, en Perú. Sin embargo, debe convertirse en una rutina que, dicho sea de paso, debe aplicarse también a las áreas protegidas. Para este fin, el gobierno debe hacer su parte llevando a cabo estudios ecológicos y económicos convincentes, que en gran medida ya existen, y en especial, asegurando el pago mediante decisiones y negociaciones firmes. Eso puede ser a través de impuestos nacionales y/o de negocios internacionales, como los que ya realizan en torno al carbono, en el marco de las discusiones sobre el cambio climático. Las propuestas deben desarrollarse dando a quienes pagan la evidencia de que el bosque está realmente preservado y cumpliendo su función. Por lo tanto, ya se habrían logrado dos ventajas: (i) aclarar la función de la mayor parte del área de las tierras indígenas y, (ii) dar a los indígenas una contraprestación concreta, en efectivo, por el uso de parte de sus tierras para el bien común y, por su trabajo para evitar que estos servicios sean menguados por los invasores que deforestan o degradan el bosque.

Aun descontando la tierra dedicada a conservación, queda mucha tierra que los indígenas pueden aprovechar directamente dentro de sus territorios. En el caso brasileño serían unos 25 millones de hectáreas. ¿Qué hacer allí? El primer y más lógico uso de la parte de esa tierra que aún está cubierta de bosques es dedicarla al manejo forestal y producir, de manera sostenible, madera certificada preciosa, de muy alto valor, especialmente para la fabricación de muebles finos. Nadie mejor que los indígenas para aprovechar cuidadosamente el bosque que siempre han conocido. Eso combina bien con su mentalidad, habilidad y costumbres ancestrales. Por supuesto, se debe comenzar en pequeño, con un gran apoyo técnico y financiero y/o con la ayuda de madereros honestos, que existen, bajo la supervisión de las instituciones públicas. Dos o tres reservas indígenas contiguas pueden asociarse y tener asesoramiento conjunto, equipos y maquinaria. Al principio, necesitarán mucha asistencia técnica, organizativa y contable, pero como se demostró con una experiencia en el Perú, pueden funcionar muy bien y ser rentable.

Hay mucho más que los indígenas pueden hacer para mejorar sus economías, así como la local y regional y, por cierto, para impulsar su propia calidad de vida. Por ejemplo, en las reservas hay mucha vegetación secundaria o purma, debido a la práctica tradicional de “roza y quema”. Esas largas rotaciones permiten producir madera de rápido crecimiento, que es barata pero que tiene cada vez más demanda. Para eso existen técnicas bien conocidas, simples y de bajo costo. Obviamente, hay posibilidades ilimitadas para cosechar productos forestales secundarios, como jebe y otras resinas, nueces y frutas o de entrar en el tema casi ilimitado de las plantas medicinales, ornamentales u otras para usos especiales. Obviamente, la caza y la pesca tienen muchas posibilidades si se practican bajo un manejo estricto, como lo hacían antes los mismos nativos. La recolección y cría de insectos, por ejemplo, es una actividad creciente y rentable en varios países amazónicos. Las áreas preservadas en cada reserva o comunidad sirven como refugios y centros de repoblamiento de la fauna silvestre.

No hay ninguna razón por la que los indígenas no puedan hacer agricultura, ganadería, silvicultura o piscicultura. Es evidente que el autor no considera que sea prudente que en las reservas indígenas se deforeste áreas para grandes especulaciones agropecuarias, sean propias o de terceros. El cultivo en gran escala de commodities, como soya, algodón, maíz o palma aceitera y la producción de carne bovina para exportación, es un camino muy arriesgado y sin retorno, que socavaría parte de la lógica de que los indígenas posean grandes extensiones de bosque natural. En algunos lugares del Brasil ya comenzó la práctica de alquilar tierras o de trabajarlas asociadamente con grandes empresarios de soya y carne. El resultado ha sido una gran deforestación y poco beneficio para los indígenas. Pero está claro que ya existe tierra deforestada en las reservas y que, a medida que crecen sus poblaciones, necesitarán más tierra para cultivar, tanto para su propia alimentación como para el comercio. Nuevamente, se trata de escoger los productos tradicionales más rentables. Por ejemplo, los indígenas han domesticado plantas que hoy tienen una gran demanda, como el huasaí y el pijuayo, y tienen docenas más, como el copoazú o el pequí, que aún esperan ser más conocidas a nivel mundial. Planes de negocio bien pensados ​​pueden abrir muchas posibilidades para todas estas especies. La silvicultura, es decir, plantar árboles para madera u otros usos, es otra opción disponible. En este caso con especies nativas más valiosas. Lo mismo es cierto para la piscicultura, especialmente si se hace con especies nativas, en cuerpos de agua naturales y se alimentan los peces con productos locales o sus residuos. De otra parte, tener algunas cabezas de ganado vacuno u de otras especies no es un pecado. Al contrario, contribuye a suplir la dieta proteínica. Lo que no es conveniente, obviamente, es deforestar para criar estos animales. Como en el caso de la agricultura intensiva, la producción de carne para exportación, en tierra indígena, como lo ha declarado el presidente Bolsonaro, es definitivamente inadecuado.

Es evidente que en muchos casos el turismo o el ecoturismo es otra posibilidad que, como el manejo forestal y algunas otras potencialidades, requiere, además de mucha capacitación, de capitales relativamente importantes. Por eso también se espera que los equipos profesionales que ayuden a los indígenas sean capaces de definir y medir la existencia oportunidades y de promoverlas si fuera el caso. Es obvio que cada iniciativa debe comenzar en pequeña escala, hasta que los propios indígenas sientan que pueden dar un paso más, paso a paso. Finalmente, vale la pena mencionar la minería. Obviamente, no es deseable que se haga en reservas indígenas, ni en cualquier lugar. Sin embargo, no es lógico que otros puedan hacerlo, legal o ilegalmente en los límites de las reservas mientras que los indígenas están prohibidos. Por lo tanto, en algunos casos, la asistencia técnica debería tener ingenieros de minas para desarrollar proyectos que sean ambientalmente aceptables. Obviamente, deben ir precedidos de estudios de impacto ambiental serios.

[Once preguntas sobre los temas que no se conversaron en Leticia | Por Marc Dourojeanni]

Foto: Diego Pérez | SPDA

Un programa nacional de asistencia técnica y financiera

Nada de lo escrito aquí es nuevo. Todas estas potencialidades y muchas otras han sido descritas repetidamente. Todos saben que los indígenas, a pesar del abuso y de la negligencia a que han sido sometidos y, del poco tiempo que han tenido que adaptarse a la sociedad de los siglos XX y XXI, tienen todas las condiciones y cualidades para participar en el desarrollo de la Amazonía y para hacerlo bien, en forma mucho más constructiva y sustentable. Lo único que falta es darles una oportunidad real, concreta y sostenida

Obviamente, la práctica del manejo forestal y de otras actividades económicas antes mencionadas, requiere de una estructura administrativa que aún no existe y que debería establecerse progresivamente en las reservas o comunidades indígenas que la acepten. Podría, por ejemplo, tomar la forma de unidades técnicas, instaladas en las aldeas principales y que podría atender a una o más reservas indígenas que las acepten. En ellas, se instalaría en forma permanente pequeños grupos de profesionales dispuestos y capacitados, entre ellos agrónomos, biólogos o forestales. La composición profesional de las unidades variaría con el tamaño, ubicación y potencial de los recursos naturales. Obviamente, algunos especialistas, así como economistas y contadores, podrían atender a varias unidades. Los equipos de cada reserva deberían, en conjunto con sus contrapartes indígenas, evaluar los recursos comunales, preparar planes de aprovechamiento y guiar a la comunidad para obtener los recursos para implantar los proyectos y transformarlos en negocios rentables. Estos equipos deben estar instalados permanentemente in situ, ser versátiles, autónomos y bien presupuestados. Los técnicos, además de ser competentes en su oficio, deben ser capaces de entusiasmar y capacitar a los líderes y especialmente a los jóvenes indígenas, de modo a asegurar que ellos tengan siempre el papel principal. Obviamente, para llevar adelante un programa como ese necesita recibir prioridad nacional, beneficiarse del concurso de las agencias especializadas de todos los sectores públicos y, claro, recibir el financiamiento adecuado. Un programa así debe ser de largo plazo o permanente, pero debe comenzar en una escala discreta que crecerá con el aprendizaje de cada año.

No es imposible hacer algo como el programa mencionado. Es decir, crear un programa de asistencia técnica y financiera de largo plazo, bastante autónomo, dedicado al desarrollo de los pueblos amazónicos originarios, que involucre a todo el aparato gubernamental. De hecho, en el caso brasileño eso es lo que debería haber sido la responsabilidad de la FUNAI, pero que jamás ha sido realizado a pesar de la larga historia de esa institución, que siempre prefirió mantener una actitud patronal, protectora. En el caso del Brasil, el costo anual para atender inicialmente, por ejemplo, unas 30 unidades de asistencia técnica distribuidas estratégicamente, considerando su instalación, operación y el pago adecuado de tres técnicos por puesto, más una unidad central coordinadora, con especialistas, sería inferior a 15 millones de dólares. A partir del segundo o tercer año, ya se debería tener acceso a recursos o un fondo, que puede estar en el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES), para atender los proyectos ya desarrollados “bancables”. La disponibilidad de recursos financieros aumentaría en proporción a la demanda. Sobre la base de la experiencia adquirida, este programa podría ampliarse gradualmente hasta incluir todas las reservas indígenas que así lo deseen. El costo de ese programa, en el contexto del presupuesto público anual brasileño, es muy poco significativo, en especial considerando que atiende a una enorme extensión del territorio nacional y que los resultados que se pueden esperar en términos de medio ambiente, desarrollo económico y paz social. Los fondos pueden provenir de los presupuestos federales y estatales, pero también pueden ser provistos por préstamos blandos y donaciones de fuentes internacionales. Guardando las proporciones y las peculiaridades, el ejemplo citado puede adaptarse a cualquier país amazónico,

Es hora de tratar a los indígenas amazónicos con el respeto que se merecen. Son ciudadanos como todos los demás y tienen el mismo derecho que todos a una vida mejor. Sin embargo, necesitan mucha ayuda, honesta y de buena calidad, para comenzar a transitar por este camino. Ellos cuidan, para todos, un tesoro viviente invaluable y mantienen servicios esenciales para la humanidad. Nada más justo que apoyarlos en esta etapa temprana. Y no existe inversión mejor que esa para los demás ciudadanos.

_______________________________________________________________________

*La sección “Debate Abierto” es un espacio de Actualidad Ambiental donde diversos especialistas publican artículos o columnas de opinión. Las opiniones son enteramente responsabilidad de los y las columnistas.