• En el siguiente artículo, el autor resalta el trabajo de los guardaparques y guardaíslas del país y la necesidad reconocer su labor.

 

Escribe Marc Dourojeanni / Profesor Emérito de la Universidad Agraria La Molina

 

En la primera semana de mayo, el Ministerio del Ambiente (Minam) presentó al Congreso un proyecto de ley para crear la carrera de guardaparques, guardaíslas y agentes de protección de pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial. Este es un acontecimiento digno de gran trascendencia para el futuro de la conservación del patrimonio natural del Perú y de sus pueblos nativos.

En efecto, por importante que sea disponer de ingenieros, biólogos, geógrafos y otros profesionales, así como de científicos y administradores, para la gestión del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sinanpe) y de las islas guaneras, nada concreto se lograría sin el personal que, en el terreno, protege efectivamente a las 97 unidades del Sistema que abarcan el 17.5 % del territorio nacional, sin mencionar las áreas protegidas privadas y otras. Son ellos y ellas que día a día, día y noche, están en el lugar de los hechos, defendiendo, protegiendo, educando y valorizando ese enorme patrimonio que es de todos los peruanos. Es decir que ellos y ellas, los guardaparques, son indispensables. Sin ellos no existirían áreas naturales protegidas. Pero, hasta el presente, aunque los aportes de ese personal son conocidos y muchas veces aplaudidos, en la práctica y con pocas excepciones, han sido relegados y menospreciados, con salarios y condiciones de trabajo inadecuados y sin el entrenamiento que necesitan y merecen.

Uno de los principales problemas que sufren los guardaparques deriva de una administración que pese a exigirles una tarea y dedicación absolutamente excepcionales, insiste en aplicarles las mismas reglas burocráticas que rigen para los funcionarios que trabajan cómodamente sentados en las oficinas públicas de las ciudades.

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En efecto, los guardaparques trabajan lejos de la civilización, sin horarios ni feriados, desempeñando una gran diversidad de tareas, funciones y responsabilidades y corriendo riesgos de todo tipo, desde encuentros con invasores hasta accidentes de todo tipo. Los guardaparques, además de la defensa del patrimonio a su cargo, deben poder conducir vehículos y embarcaciones, usar armas, mantener y reparar sus equipos e instalaciones, atender primeros auxilios y, claro, saber cocinar, redactar informes, fotografiar, interpretar mapas, usar computadores y equipos de telecomunicaciones, etc. Y a la vez, deben saber recibir e informar a los visitantes, asegurar relaciones cordiales con los vecinos de las áreas protegidas, apoyar a los investigadores, etc. La lista de situaciones que enfrentan y de funciones y habilidades que requieren es ilimitada. Es decir que es completamente injusto pretender que se asimilen a los parámetros de la burocracia nacional.

Ocurre que, como es lógico, es prioritario aprovechar como guardaparques a personas de la localidad, que tienen gran experiencia en la naturaleza y en la realidad social, muchos de ellos indígenas y trabajadores rurales que antes desempeñaban funciones de matero, botero, motorista, guía y similares. Pero, al mismo tiempo, hay guardaparques que inclusive tienen formación profesional, dándose en la práctica una extrema diversidad de orígenes y niveles educativos, desde los que son apenas alfabetizados hasta los que son graduados universitarios, aunque la mayoría tienen secundaria completa o incompleta. Esta situación complica aún más la imposición de parámetros pensados para una realidad urbana.

Los primeros guardaparques peruanos fueron formados en 1965 para servir en la Reserva Nacional de Pampa Galeras y, a partir de entonces, fueron incorporados cada año en mayor número, inicialmente con prioridad para el Parque Nacional del Manu. Siempre recibieron algún tipo de capacitación, así como reciclajes periódicos, pero en estilos y modalidades muy variables.  Con asistencia técnica del servicio de parques nacionales de Nueva Zelanda se dio un gran impulso a la uniformización de la capacitación especialmente en la década de 1970 y que continuó hasta comienzos de los años 1980, pero el proceso fue discontinuado. La idea de crear un centro o una escuela de guardaparques, como las que existen en otros países, siempre estuvo presente pero nunca se materializó. Sin embargo, la formación ha continuado hasta el presente, siempre mediante cursos cortos, raramente de más de dos meses, lo que es claramente insuficiente y, en todo caso, insuficiente comparado a estándares internacionales.

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De allí la importancia del proyecto de ley presentado que propone, correctamente, el establecimiento de un Centro de Formación Técnica para el Personal de Conservación del Patrimonio Natural y Diversidad Étnico-Cultural que permitirá completar y homogenizar, progresivamente, la capacitación de los guardaparques, guardaíslas y agentes de protección indígena.  En la actualidad, esos tres tipos de custodios no suman mucho más de un millar de servidores. Pero la necesidad de sus servicios es cada día mayor y, además, ese tipo de profesionales también son imprescindibles en las áreas protegidas regionales y privadas y, en el futuro, podrían servir igualmente a nivel municipal. Eventualmente, ese centro podría formar asimismo a los custodios del enorme patrimonio cultural del Perú, comenzando por los llamados parques arqueológicos, mediando especializaciones.

Por todo lo anterior, y mucho más, es fundamental que el Congreso otorgue la prioridad y continuidad necesaria a este proyecto de ley que fue cuidadosamente preparado por el Minam, incluyendo obviamente al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). Este proyecto responde, también, a varios años de esfuerzos de los propios guardaparques (sindicato y asociación) y guardaíslas, los que inclusive ya habían generado un proyecto de ley en la legislatura anterior. En la versión actual también participaron activamente medios académicos, como la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Agraria La Molina, así como organizaciones no gubernamentales como Pronaturaleza y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). Además, este mismo proyecto, aunque en un estadio menos elaborado, fue sometido unos pocos meses antes a destacados miembros del actual Congreso que, ojalá, continúen mostrando interés por apoyarlo.

Para terminar, es justo agradecer el empeño y esfuerzo personal del Minam, al ministro Gabriel Quijandría y al viceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro, para que la preparación del proyecto de ley culmine con esta su presentación al Congreso. Se confía que el Legislativo aproveche de esta oportunidad de disponer de un proyecto de ley tan bien elaborado y consensuado para aprobarlo prontamente y, así, dar una contribución verdaderamente significativa a la defensa del patrimonio natural peruano.