[Opinión] Un avance en la revalorización ambiental de los proyectos de infraestructura vial

Foto: Diego Pérez / SPDA

Escriben Lucía Palao Málaga y Bryan Jara Palomino / Abogados del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA

Para lograr que un país sea competitivo, se requiere en gran medida del acceso a una infraestructura vial de calidad, que permita no solo incrementar la conectividad con los mercados domésticos e internacionales, sino también que traiga consigo una serie de beneficios: la reducción en los costos de traslado de productos y personas, el desarrollo de más actividades económicas y sectores productivos, y la garantía de acceder de forma oportuna a servicios públicos como salud, educación, entre otros. Por otro lado, existiría un beneficio adicional si las rutas viales fuesen resilientes, ya que no serían afectadas por desastres naturales o, al menos, el impacto generado por ellos sería menor.

En julio pasado, en medio de las celebraciones del aniversario patrio, se aprobó mediante Decreto Supremo 238-2019-EF el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC). La medida constituye un gran hito para el Perú al representar el primer esfuerzo del Estado por definir una visión y objetivos para impulsar el crecimiento, la competitividad y el desarrollo en el país, desde una perspectiva sectorial y territorial. Para ello, proporciona una hoja de ruta a fin de que el Estado peruano pueda incrementar la productividad y competitividad mediante el cierre de brechas que se ha llegado a estimar en un aproximado de 360 mil millones de soles (sin llegar a incorporar dentro de esta proyección elementos como la calidad y disponibilidad del agua, la cantidad de horas del servicio de electricidad, infraestructura natural, entre otros).

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Como política pública, la aprobación del PNIC responde a un camino ya trazado que busca priorizar la infraestructura sostenible en el desarrollo de proyectos (incluidos los de infraestructura vial), debido a que la vigésimo primera política del Acuerdo Nacional estableció “el objetivo de desarrollar la infraestructura en el país”, y el deber de “elaborar un plan nacional de infraestructura identificando ejes nacionales de integración y crecimiento para desarrollar una red vial que permita fluidez en los negocios y en la toma de decisiones”. Asimismo, desde el 2018 con la aprobación de la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), a través del Decreto Supremo 345-2018-EF, se determinó como primer objetivo prioritario el “dotar al país de infraestructura económica y social de calidad”.

Este plan nacional resulta de especial interés para el Gobierno Regional de Loreto, ya que este tiene como uno de sus objetivos prioritarios lograr la interconexión vial con el resto de las regiones del país debiendo incorporar el concepto de sostenibilidad en los proyectos de infraestructura vial que ya viene ejecutando y está por desarrollar.

Este interés se ve reflejado en los proyectos priorizados en el plan: de los 52 proyectos, 31 corresponden al sector de transportes y comunicaciones (carreteras, aeropuertos, puertos, líneas de metros e hidrovías, los cuales tienen repercusión directa en los sectores productivos como el agrícola, pecuario, forestal y acuícola); y 10 corresponden a la Zona Norte 1 conformada por las regiones de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto y San Martín. Con esto se espera cerrar las brechas e incrementar el acceso a mercados locales e internacionales, beneficiando a la mayor cantidad de personas, sobre todo, a aquellos en situación de vulnerabilidad.

Sin embargo, estos proyectos ya priorizados no deben dejar de lado el continuo esfuerzo de los gobiernos regionales de seguir ejecutando sus proyectos, pero bajo un enfoque de sostenibilidad, concepto clave en el PNIC para el planeamiento de la infraestructura, definiendo tres componentes desarrollados por el Banco Mundial que deben ser analizados en la evaluación de proyectos:

Sostenibilidad fiscal: habilidad de un gobierno en elaborar proyectos de infraestructura sin comprometer la política fiscal o monetaria.
Sostenibilidad financiera: capacidad de que cada proyecto genere sus propios recursos a largo plazo y no demande más recurso del Estado.
Sostenibilidad ambiental: uso eficiente y sostenible de los recursos. Considera el medio ambiente y es resiliente a los desastres naturales y el clima cambiante.

Garantizar la sostenibilidad en la búsqueda de lograr la interconexión vial de Loreto resultará clave para el desarrollo de proyectos de carreteras y, a la vez, un desafío, ya que su territorio comprende un bioma amazónico importante para el país al albergar una gran diversidad biológica que genera importantes servicios ambientales y culturales para todos.

Vista área del tramo Yurimaguas-Jeberillos de la carretera y cómo se vienen deforestando sus alrededores. Foto: Diego Pérez / Actualidad Ambiental.

El caso de la construcción del primer tramo de Yurimaguas – Jeberillos que, al parecer, no contó con instrumento de gestión ambiental ni autorización de desbosque es un claro ejemplo de los impactos ambientales negativos que ocasiona la ejecución de proyectos sin un análisis de los tipos de sostenibilidad. Porque al ejecutarse proyectos de infraestructura vial, sin respetarse el marco normativo ambiental vigente, puede traer como consecuencia más perjuicios que beneficios para la región por los impactos ambientales significativos y sociales causados de forma directa e indirecta (deforestación, migración de personas, entre otros).

En este sentido, la planificación y construcción de proyectos de infraestructura vial en Loreto y en las demás regiones del país debe pasar por una evaluación de sostenibilidad fiscal, financiera y, sobre todo, ambiental para que se pueda decir finalmente que contamos con una infraestructura de calidad y competitiva.