Foto: Diego Pérez / SPDA
- La nueva regulación sobre cero deforestación de la Unión Europea es producto del deseo de ciudadanos y ciudadanas de esta región, de que su consumo no genere más deforestación a nivel global. Se trata de una norma ambiciosa en tanto, más allá de su denominación, no solo busca atender el problema de la pérdida y degradación de bosques, sino que además busca establecer salvaguardas a nivel de la regulación ambiental, laboral, social y de derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales.
Por: Frida Segura Urrunaga / Especialista legal del Programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos de la SPDA
En diciembre de 2022, el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea (UE) alcanzaron un consenso para aprobar, por primera vez, un reglamento que aplica a todas las personas físicas o jurídicas dedicadas a la actividad comercial relacionada a la introducción a la UE de materias primas y productos derivados de aceite de palma, carne de vacuno, madera, café, cacao, caucho y soja, y les exige que acrediten que estos bienes no han provocado la deforestación ni la degradación de bosques en sus países de origen, así como otras exigencias ambientales y de integridad socioambiental. Esta norma responde a la necesidad de la UE de dar una respuesta frente a la alta demanda, de los países miembros, de commodities que impulsan la expansión agrícola, la cual es la principal causa de la deforestación, degradación forestal y de la pérdida de biodiversidad a nivel global de acuerdo con la FAO. La regulación se enmarca en el Pacto Verde Europeo de 2020, que consiste en una serie de medidas políticas y normativas orientadas a encaminar a la UE hacia una transición ecológica y busca alcanzar la neutralidad climática al 2025. Además, se alinea con el plan denominado «Intensificar la actuación de la UE para proteger y restaurar los bosques del mundo» de 2020.
A continuación desarrollamos tres cuestiones importantes acerca de la regulación sobre cero deforestación de la UE:
1. ¿Qué obligaciones establece la regulación sobre “cero deforestación”?
La norma dispone que las empresas y entidades comerciales registradas en los Estados miembros de la UE deben adoptar un sistema de diligencia debida para sustentar que las materias primas que importan o exportan de aceite de palma, carne de vacuno, madera, café, cacao, caucho y soja o sus productos derivados cumplen con requisitos tales como:
- Haber sido producidos conforme a la legislación del país de origen, en tierras no deforestadas después del 31 de diciembre de 2020.
- Haber sido producidos respetando la legislación relevante del país de origen, para lo cual se considerarán normas tales como las siguientes:
- Normas de protección ambiental: evaluación del impacto ambiental, protección de las fuentes de agua, gestión de residuos sólidos, etc.
- Normas en materia forestal: acceso a la tenencia de tierras forestales o de protección, cambio de uso del suelo, autorización de desbosque, etc.
- Derechos humanos: derechos laborales, derechos de los pueblos indígenas (como el de la consulta previa, libre e informada), derechos de comunidades locales, etc.
- Normas tributarias.
- Normas anticorrupción.
- Normas comerciales y aduaneras.
- Que los agentes comerciales europeos emitan informes sobre las medidas adoptadas por ellos, para evitar la deforestación y degradación forestal en las cadenas de suministro.
- Que provengan de espacios en donde se ha implementado un sistema de recopilación de información sobre las parcelas de producción, con datos de geolocalización, información personal de los productores, fechas o rango de fechas de producción, entre otros, para demostrar que las áreas y los productos cumplen con la norma. Además, cuando un producto se ha elaborado con materias primas producidas en distintas parcelas, se debe incluir la geolocalización de todas ellas y, cualquier deforestación o degradación forestal en alguna de las parcelas en cuestión, hará que el producto no califique para su comercialización en la UE.
La norma es clara al exigir que las empresas y entidades comerciales que no presentan una declaración de diligencia debida previa o, que habiendo realizado la misma, llegan a la conclusión de que existe un riesgo no despreciable de no conformidad, deben abstenerse de introducir hacia la UE o exportarlos desde ella. Además, de corresponder, deben demostrar que han adoptado medidas para bajar el nivel de riesgo.
Foto: Midagri
2. ¿Qué riesgos y oportunidades supone esta regulación para los países productores como el Perú?
En cuanto a los principales riesgos para los países productores como el Perú se encuentran el de la reducción de la demanda de las materias primas que actualmente se exportan a la UE y las consecuentes repercusiones negativas para los productores (que no estén en condiciones de adaptarse a los requerimientos del mecanismo de diligencia debida) y para la economía nacional. Otro riesgo, es que los costes para el cumplimiento de la regulación de la UE terminen siendo trasladados a los pequeños productores, pueblos indígenas y comunidades locales, lo cual podría afectar sus medios de subsistencia. Esto puede ser particularmente crítico para el sector de producción de café, en el que participan miles de familias agricultoras de la Amazonía y existe el reto de apoyarlas para que sus prácticas sean más sostenibles y libres de deforestación.
Por esta razón, es importante que países productores como el Perú trabajen, de manera coordinada con la UE y sus países miembros, con el objetivo de apoyar el desarrollo de sistemas de registro de información y de trazabilidad de las cadenas de producción orientadas a favorecer que grupos vulnerables, como las familias agricultoras, los pueblos indígenas y comunidades locales no queden excluidas del acceso al mercado de la UE, o que la brecha de acceso no aumente, por no existir las condiciones necesarias para cumplir con las demandas del mecanismo de debida diligencia.
El escenario descrito representa una importante oportunidad para que la UE provea asistencia técnica y financiera, con énfasis en las poblaciones históricamente excluidas. Asimismo, supone la oportunidad para que el Estado, en sus distintos niveles, implemente sistemas interoperables de recojo y registro de información de interés público en temas de protección ambiental, aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, derechos humanos (laborales, de los pueblos indígenas, de comunidades locales), tributarios, anticorrupción, etc. En ese sentido, la regulación cero deforestación de la UE debe ser vista como un factor que catalice los esfuerzos del Estado peruano para garantizar, monitorear y supervisar el cumplimiento de sus propias normas, así como para buscar apoyo en la cooperación internacional para cumplir con dichos objetivos.
3. ¿Por qué la regulación sobre cero deforestación es importante para el ambiente y las comunidades locales?
En cuanto a los beneficios para el ambiente, se espera que esta norma promueva modelos de producción y consumo más sostenibles que ayuden a reducir la presión de la expansión agrícola sobre los bosques, por efecto de la demanda de commodities por parte de la UE, con lo cual se busca minimizar la deforestación, la degradación, la pérdida de biodiversidad y la emisión de gases de efecto invernadero.
Respecto de los aspectos sociales, la regulación de la UE destaca la importancia de reconocer el rol de las comunidades locales y los pueblos indígenas en la protección y manejo de los bosques, así como de promover el respeto de sus derechos. Aunque la norma sobre cero deforestación no establece medidas directas para apoyar a las comunidades que dependen de los bosques, se espera que la promoción de modelos de producción más sostenibles y justos ayude a los esfuerzos de los países productores direccionados a abordar las causas de la deforestación y otros problemas estructurales como el de la seguridad de la tenencia de la tierra y de los medios de vida de pueblos indígenas y comunidades locales. Adicionalmente, se espera que la referida regulación gatille la implementación de medidas complementarias, como incentivos que favorezcan que los pequeños agricultores implementen formas de producción más sostenibles.
Foto: SPDA
Dato:
- La regulación sobre cero deforestación de la UE entró en vigor el pasado 29 de junio y, de acuerdo a lo convenido, los países miembros de la UE, así como los agentes y comerciantes contarían con un plazo de 18 meses para adaptarse a las nuevas disposiciones de esta regulación, lo cual supone un inmenso reto en términos de preparación para el cumplimiento de la norma. No obstante, aún está pendiente que la UE apruebe las directrices para la aplicación de esta regulación, las cuáles son fundamentales en términos de seguridad jurídica porque deberán dar mayor información sobre el nivel de exigencia de la regulación en función a las características de los tipos de productores en los países de origen, los aspectos operativos y los estándares mínimos que deben cumplir los formatos de debida diligencia, los sistemas de trazabilidad, el reporte del desempeño en materia de derechos humanos, entre otros.
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