[Opinión] Retos para asegurar la protección de los defensores ambientales

Desde hace algunos años, la situación de las personas defensoras de derechos humanos ambientales es preocupante. Latinoamérica es una de las regiones más peligrosas para ser un defensor ambiental. Por ello, es imprescindible que el Estado peruano garantice su protección.

Escribe Luisa Ríos / Coordinadora Regional de la Oficina de la SPDA en Madre de Dios

Solo en el 2019, 212 personas defensoras de la biodiversidad y sus territorios fueron asesinadas en Latinoamérica, el 40% de ellas provenía de comunidades indígenas. Si bien en nuestro país ya hay avances en torno a la protección de los defensores, estos no han sido implementados en su totalidad, no son suficientes y la evidencia más terrible de esto son los cinco asesinatos registrados en el 2020^[1]. ¿Qué avances se han alcanzado y qué retos debemos asumir de manera urgente?

El Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 fue aprobado mediante Decreto Supremo 002 e incluye un concepto de defensores de derechos humanos y, por primera vez, los considera como grupo en situación de especial protección.

En abril de 2019 se aprobó el Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos, que establece que el Estado adoptará todas las medidas necesarias para la protección de las personas defensoras frente a situaciones de riesgo en el ejercicio de su labor, y se generarán recursos eficaces de resguardo ante denuncias de violaciones de sus derechos humanos.

En julio de 2020 mediante resolución administrativa de la Defensoría del Pueblo se aprobaron los Lineamientos de Intervención Defensorial Frente a Casos de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Estos definen criterios y parámetros respecto de la actuación defensorial con instituciones del Estado en situaciones de ataques contra personas defensoras.

Finalmente, para octubre de 2020 mediante Resolución Ministerial 0255 se aprobó el Registro sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de DDHH y aprobación de lineamientos para su funcionamiento. Una herramienta que permitirá gestionar información sobre situaciones de riesgo que afrontan las personas defensoras y adoptar acciones pertinentes y oportunas para garantizar la protección.

(Izquierda) Alfredo Vracko, asesinado en noviembre de 2015 y (derecha) Roberto Pacheco asesinado en setiembre de 2020, ambos defensores ambientales de Madre de Dios.

Una mirada desde el territorio

La falta de acceso a justicia y la impunidad con la que ocurren los ataques, que van desde las amenazas y el chantaje hasta el asesinato de defensores ha generado en Madre de Dios, en los últimos cinco años, al menos dos casos en los que los presuntos responsables de la muerte de defensores ambientales aún se encuentran libres, sin castigo alguno.

Caso Alfredo Vracko, antecedente no resuelto

Hace casi cinco años, el 19 de noviembre de 2015, Alfredo Ernesto Vracko Neuenschwander fue asesinado. Había recibido amenazas en varias oportunidades por enfrentarse a mineros ilegales invasores de las concesiones forestales de la zona conocida como La Pampa, en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata (Madre de Dios). Hasta el momento no se ha avanzado en las investigaciones a pesar de que la familia indica haber señalado a los presuntos responsables.

[Ver además ► Video: Asesinan a reforestador que había denunciado a mineros ilegales en Madre de Dios]

Caso Roberto Pacheco Villanueva

Demetrio Pacheco es el actual Vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Tambopata y es reconocido como un defensor del medio ambiente, y cuenta incluso con un reconocimiento público del Congreso de la República (2018). Roberto Carlos Pacheco Villanueva, su hijo, fue amenazado en varias ocasiones desde 2012 presuntamente por invasores, por ello decidieron iniciar denuncias para detener las actividades ilegales en su concesión forestal.

Las amenazas y agresiones contra la familia Pacheco fueron constantes. En el año 2017, Roberto Pacheco fue golpeado y amenazado con un arma y un cuchillo. En otra ocasión, dejaron una bala en la mesa de su comedor.

[Ver además ► Demetrio Pacheco: Proteger el bosque, pese a las amenazas de muerte]

En abril de 2020 se encontró frente a frente con los invasores, quienes lo amenazaron nuevamente y le indicaron que era él quien debía abandonar el área. El 10 de setiembre de 2020, lamentablemente fue asesinado.

Tres semanas después del asesinato de Roberto Pacheco, la policía de Madre de Dios detuvo a tres de los cinco presuntos responsables del crimen. De acuerdo a lo señalado por el general Marco Antonio Lara, jefe de la Macro Región Policial de Puno, el autor intelectual del asesinato sería Hilario Mamani Churata, vicepresidente de la Asociación de Agricultores Ecológicos Los Hijos de Madre de Dios. Es importante señalar que en las denuncias presentadas por Demetrio se consignó el nombre de la mencionada asociación y de su vicepresidente, pero lamentablemente nunca se tomó importancia a la información presentada por la defensa legal de Demetrio.

Leonidas Crisólogo Mujica Mayorga, ex agente policial e integrante de la mencionada asociación, y Rolando Becerra Raime, fueron los otros dos detenidos tras la investigación realizada por un equipo policial conformado por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) de Lima y policías de Madre de Dios. La policía señala que se sigue buscando a los otros dos presuntos implicados.

El 9 de octubre, la Sala Penal de Apelaciones de Tambopata de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, aceptó la apelación de Leonidas Mujica Mayorga y declaró nula la Resolución Judicial que ordenó su detención. El juez Tony Quispe Yanqui del Juzgado de Investigación Preparatoria del Distrito de Laberinto, quien estuvo a cargo resolver los pedidos de detención preliminar y prisión preventiva requeridos por la Fiscalía contra los investigados en el caso de Roberto, ordenó previamente su liberación y aplazó la fecha de la audiencia de prisión preventiva para finalmente solo dictar la medida de comparecencia simple en contra los investigados (o los acusados como presuntos responsables), con lo cual afrontarán el proceso en libertad.

[Ver además ► Madre de Dios: liberan a implicados en asesinato de ambientalista Roberto Pacheco]

Esta situación alarmante es conocida por la comunidad internacional. En noviembre de 2020, los mandatos de cinco relatorías especiales de Naciones Unidas, entre ellas la Relatoría Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, enviaron una comunicación oficial al Estado peruano mediante la que expresaban la necesidad urgente de acción por el asesinato y la intimidación, amenazas y hostigamiento contra líderes indígenas y defensores de los derechos a la tierra y el medio ambiente en los departamentos amazónicos de Ucayali, Huánuco, Amazonas y Madre de Dios (entre otros casos). Esta comunicación insta al Estado peruano a informar en un plazo de 60 días sobre la situación actual de las investigaciones sobre del asesinato Roberto Carlos Pacheco Villanueva, así como sobre las investigaciones realizadas en torno a las amenazas recibidas por Demetrio Pacheco.

¿Qué hacer para que esto no vuelve a suceder?

Luego de revisar estos casos, y conscientes de que las personas defensoras ambientales siguen en peligro, es muy importante que tomemos acciones que impidan que tragedias como estas vuelvan a suceder. Para ello es importante atender tres puntos fundamentales:

Debemos implementar de manera urgente las herramientas aprobadas, como el registro de situaciones de riesgo, para enfocarnos en medidas de protección y estar en capacidad de establecer medidas preventivas y atender las raíces del problema.
Nos urge contar con instrumentos implementados de manera oportuna y eficaz en los diferentes niveles de gobierno, principalmente el nivel local, que es el más cercano a las personas defensoras. Es necesaria la actuación del Estado con articulación entre sectores e instituciones que permita acción inmediata en casos que así lo requieran.
Es sumamente importante que se investiguen adecuadamente los ataques y amenazas a personas defensoras y es fundamental que se castigue de forma ejemplar para detener la impunidad con que actúan los perpetradores.

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